Real Casa de Misericordia, a por otros 25 años más

Recientemente tuve el honor y el placer de asistir al sencillo acto de conmemoración de los 25 años de funcionamiento, en las actuales instalaciones y edificios, de la Residencia “Real Casa de Misericordia” de Tudela, aceptando la invitación que amablemente me envió el actual Presidente del Patronato de dicha Institución, así como al resto de Presidentes y Presidentas que han tenido la misma y grata responsabilidad durante estos cinco lustros.

Fue un emotivo acto, no muy largo de duración pero extenso en sus contenidos y recuerdos, al que asistieron personalidades y representantes institucionales, antiguos y actuales responsables del Patronato, Profesionales, Directivos y, lo más importante, muchos residentes y familiares, así como una representación de la congregación de religiosas que, aunque no nos acompañen en parte de esta última etapa, si lo hicieron durante más de 140 años de vida de esta Institución.

Tuve la suerte de ser el Presidente del Patronato y, derivado de ello, de la Residencia “Real Casa de Misericordia” de Tudela, la cual, junto a la Residencia de la Milagrosa, vienen conformando en nuestra ciudad el esqueleto asistencial de nuestros mayores, tanto de Tudela como de la Ribera o del resto de la Comunidad Foral, desde valores y parámetros sociales y económicos conocidos y denominados como “sin ánimo de lucro” y también como “tercer sector o sector social”.

Si las dificultades que tuvo que afrontar aquel Patronato fueron enormes, a la hora de financiar la construcción de la nueva residencia, donde los imprevistos crecían y los presupuestos de ejecución también, donde la financiación hubo que buscarla hasta debajo de las piedras, no lo fue menos su puesta en funcionamiento, por cuanto se había construido un gran buque, con una capacidad para más de 150 personas, y donde había que garantizar la salida del puerto y su navegación posterior.

Finalmente, la noche de aquel 2 de diciembre de 1987 fue la primera donde los residentes que habitaban la vieja residencia, hoy un bello hotel, tomaron posesión de lo suyo, de sus pasillos y habitaciones, de sus salas y comedores. Todos estábamos inquietos. ¿Qué pasaría? ¿Saldría todo bien?.

Y como suele ocurrir en los grandes retos que se afrontan con ilusión y con esfuerzo compartido, aquella noche se durmió y el traslado se realizó satisfactoriamente. Habíamos cubierto el primer reto, el buque comenzaba a navegar y seguro que se enfrentaría a numerosas inclemencias y ventiscas en su indefinida y duradera travesía.

Obviamente, el éxito de la misión, de la botadura, le corresponde a los Profesionales de la residencia, a su Director, a la Congregación de religiosas y, como no, a la comprensión y paciencia de los residentes y sus familias. Algo había cambiado en Tudela. Otra forma de atender a nuestros mayores sería desarrollada, porque los nuevos tiempos así lo exigían.

Mucho ha evolucionado esta institución nuestra. Y digo nuestra desde la humildad, porque como tudelano que soy la siento también mía. Se ha pasado de conceptos tales como “válidos” o “asistidos” a nuevas catalogaciones derivadas de la conocida como Ley de la Dependencia, desgraciadamente hoy en franco retroceso porque quien decide no cree en ella.

También han evolucionado sus profesionales, sin los cuales nada sería esta institución. Nuevos métodos asistenciales, sistemas de calidad, garantía de derechos de los usuarios, formación continua. En definitiva, que los que allí trabajan no lo hacen solo por el salario, lo hacen porque en su interior hay algo más, unos valores y unas capacidades que están por encima del sueldo.

Ya en este siglo me tocó vivir la residencia desde dentro, desde otro ángulo, como familiar. Decir solamente que mi madre fue feliz. Lo fue por las atenciones que recibió, pero también lo fue porque su familia nunca se olvidó de que allí vivía y, en consecuencia, la visitamos diariamente. Como diría un entendido: “lo malo, lo doloroso no es llevar a tu padre o madre a una residencia. Lo malo es olvidarte de que está allí”. Por tanto, la experiencia fue muy positiva.

Alguna canción dice que “quince años no es nada”. Me sirve para expresar que, en este caso, para la Residencia “Real Casa de Misericordia” de Tudela, veinticinco años no son nada, porque sigue siendo un cuerpo vivo, inquieto y en constante evolución, con una sangre, que son sus dirigentes y profesionales, densa y curtida en la adversidad, que riega eficazmente cada extremidad y cada rincón.

Pero, como decía antes, este gran buque, que navega y navega, ha pasado ya por múltiples inclemencias, sobre todo de tipo financiero o económico, las cuales le han servido de aprendizaje y sorteando muchas olas se ha curtido en el arte marinera. No obstante, hoy no se ven en el horizonte olas, ni de poco ni de gran tamaño. Lo que se avista es una galerna disfrazada de crisis económica, la cual deseo que no llegue a tsunami, por cuanto devastaría todo lo construido en estos largos años.

No deseo que lo que Juan Antonio Bayona ha descrito con gran éxito cinematográfico, mediante su drama “lo imposible”, traspase ninguna pantalla de ningún cine y se instale entre nosotros. No deseo que la soledad que describe en una parte de su film sea nuestra forma de afrontar esta crisis, crisis económica y social que no la hemos creado nosotros. Deseo que la unidad y la defensa del estado de bienestar, de los servicios sociales y asistenciales la ejerzamos todos juntos y sea una prioridad democrática, como lo deben seguir siendo la educación o la salud.

Todo un buen ejemplo del buen hacer, por parte de la Residencia “Real Casa de Misericordia” de Tudela, de sus Patronos, de sus Profesionales y Responsables, de los usuarios y sus familias y un recuerdo para nuestra Congregación de religiosas “Hermanas de la Caridad de Santa Ana”. A por otros 25 años.

Emprendedores, Empresarios en el Siglo XXI

Siempre pero especialmente en estos momentos es necesaria la existencia de Emprendedores, hombres y mujeres que creen y apuestan por hacer algo que genere riqueza y empleo o expresado en términos más sencillos un emprendedor es aquella persona que pone en marcha, con entusiasmo y determinación, un negocio. Cabe, por tanto, resaltar los términos de “entusiasmo” y “determinación”. Por otro lado, permanentemente se debate sobre si hay o no diferencia alguna entre emprendedor o empresario, sosteniéndose que todo empresario es, por naturaleza, emprendedor.

No es hoy mi intención el profundizar en si existe dicha diferenciación. Me interesa lo positivo de dicha actividad económica, sea esta emprendedora y/o empresarial, cuando la misma va aparejada de la creación de empleo y riqueza, aunque para la creación y el mantenimiento del empleo siempre habrá que innovar y, en consecuencia, emprender nuevos retos y, a veces, nuevas actividades.

Por tanto, los empresarios deben ser los emprendedores del Siglo XXI y la sociedad, representada por sus instituciones, debe proteger, al menos en su justa medida, la lícita, necesaria e imprescindibles actividad emprendedora e innovadora, si se quiere favorecer la creación de empleo, el mantenimiento del existente y, fruto de la riqueza generada, el sostenimiento del Estado del Bienestar mediante los impuestos.

Dicha “protección” deberá reflejarse primero en lo fácil o difícil que le resulte a un emprendedor poner en marcha dicha actividad. Es decir, en los trámites que deba cumplimentar hasta digamos poder “levantar la persiana”, en si dichos trámites son rápidos o lentos, son costosos o ajustados. Una de las partes que configuran dichos trámites es la constitución de la figura societaria y el capital social que deba constituirse o depositarse para su creación, entendiendo que, al menos en su génesis, dicho capital social no debe ser inabarcable, sino fácilmente obtenible.

Una vez puesta en funcionamiento la nueva actividad emprendedora, si la misma resulta positiva, será el momento de exigir, mediante la legislación pertinente, el incremento de dicho capital social, aumentando las exigencias de los Fondos de Reserva, con el fin de favorecer y garantizar la pervivencia de la actividad y de los empleos ante inclemencias no previstas.

Otro aspecto a reflexionar es el referido a la imposición fiscal sobre resultados, entendiendo que no es lo mismo repartir beneficios que reinvertir gran parte de estos en la propia actividad emprendedora, bien en ampliaciones de actividad o en nuevos desarrollos de la misma, como pudieran ser acciones de investigación e innovación. Por tanto, la base fiscal debiera ser sobre los beneficios repartidos y no sobre los obtenidos, restando de estos los destinados a ampliaciones, investigaciones y/o innovaciones.

Pero, lo más preocupante para gran parte de la sociedad, especialmente en los tiempos que estamos viviendo, es la “reinvención” de actividades empresariales fallidas, protagonizadas por los mismos, con nombres societarios o comerciales distintos. Dicho sea de paso, no considero a estos últimos ni empresarios y, mucho menos, emprendedores, aunque lo cierto es que esta digamos “especie” vive y convive entre nosotros.

Para estos cuasi empresarios habría que mejorar una legislación mercantil que no permitiera con tanta facilidad el poder constituir una nueva empresa a personas que hayan ejercido de gestores, en una u otra medida, bien como Presidentes, Consejeros Delegados, Administradores, Apoderados, Directores Generales, Gerentes, etc., etc., de entidades que hayan cerrado su actividad y, los más grave, hubieren despedido a trabajadores y hubiesen dejado de pagar a proveedores e instituciones, al menos hasta que no hubieran resarcido, en su cuota parte de responsabilidad, las deudas generadas y no cubiertas. No hay que olvidar un sano principio rural: “quien hace algo una vez lo puede volver a hacer”.

Si en el ámbito del medioambiente se aplica el principio de PRECAUCIÓN, creo que dicho principio también debe ser aplicado a la actividad empresarial, por cuanto la sociedad no entiende y se queda perpleja cuando las mismas personas cierran negocios, despiden al personal, dejan deudas y, pocas semanas después, vuelven a poner en marcha una nueva actividad similar pero con otro nombre social y comercial, desde la cual se pueden volver a cometer los mismos “desmanes”.

Apostemos y apoyemos, de una vez por todas, a emprendedores, a empresarios del siglo XXI, que tengan entusiasmo y determinación, que crean firmemente en la honestidad como valor de gestión en los negocios y que no se olviden, al menos en la parte que puedan, del interés general, porque también es parte de su interés empresarial y personal, por cuanto forman parte de esta tierra y de este país, porque son importantes y necesarios para España y Navarra y porque, además de la riqueza, también existe la responsabilidad colectiva. La Responsabilidad Social Corporativa no es un sueño ni un invento del mañana.

Izquierda & Izquierda. ¿Adversarios o Aliados?

Recientemente, una vez más, el dirigente de Izquierda Unida en Navarra arremetía políticamente, en una reunión de su Consejo Político, contra la derecha navarra (UPN y PP) para, pocas frases después, descalificar a la izquierda mayoritaria de la Comunidad Foral (PSN-PSOE), bajo el eufemismo de “la izquierda de la resignación”. Esto, que puede estar solamente justificado en la rivalidad e intereses electorales de dicho dirigente y de su minoritaria formación política frente a la izquierda mayoritaria, no debe, a mi juicio, ser el mejor camino a mantener, suficientemente explorado ya, si lo que se pretende es propiciar un cambio político e institucional en Navarra.

Llevo casi cuarenta años de militancia política. He asistido y participado, por tanto, en multitud de reuniones internas y públicas de mi partido y debo decir, en honor a la verdad, que nunca he escuchado a ningún dirigente socialista arremeter ni descalificar a los demás partidos de la izquierda. Sin embargo, si he visto a esta izquierda “post-comunista” no solo descalificar sino articular “pinzas” con la derecha y en contra de la izquierda mayoritaria. Es mas, en estos momentos podemos ver tres estrategias de dicha izquierda menos mayoritaria: la extremeña, la asturiana o la andaluza. Cierto es que me parece mejor la andaluza, menos mala la asturiana y pésima la extremeña.

No he asistido a similares estrategias político electorales de la derecha, ni foral, ni nacional. Por el contrario, estoy asistiendo a parecidos métodos, aunque por motivos no estrictamente iguales, de los nacionalismos, particularmente del nacionalismo vasco residente en nuestra Comunidad Foral, ante la concentración del nacionalismo radical y la necesidad de resituarse al otro nacionalismo vasco, fruto del proceso electoral en el País Vasco.

Lo cierto es que, al menos en Navarra, se necesita un cambio político e institucional, que defienda otros valores básicamente sustentados en la generación de empleo junto al mantenimiento de un sistema de protección social sostenible y cuyo resultado, tanto a corto como a largo plazo, sea la viabilidad de Navarra como Comunidad Foral propia y diferenciada. Por tanto, el objetivo debe ser el obtener el apoyo mayoritario y democrático de la sociedad navarra a propuestas, programas y partidos progresistas, que se comprometan a defender estos principios.

Esa es, por tanto, la meta. Para alcanzarla en las primeras posiciones deberemos tener claro quiénes son nuestros aliados y quiénes otros, por el contrario, son nuestros verdaderos adversarios. Por cuanto la confusión en estos términos puede producir el desgaste, por equivocación, de los primeros, nuestros aliados, en favor de los segundos, nuestros adversarios. Cierto es que no somos exactamente iguales, como tampoco lo son nuestros adversarios. Pero también es cierto que, como en un equipo deportivo, los aliados, aunque con diferentes posiciones (defensa o ataque), no se ponen zancadillas porque forman parte del mismo equipo.

No lograríamos nada si, en vez de impedir el avance de nuestros rivales, impidiéramos el avance de nuestros aliados. Porque nuestros aliados si crecen suman en nuestro equipo y nuestros adversarios si crecen nos restan. Como tampoco lograríamos nada si nuestro único y último objetivo fuese el que yo sea más que tú en el mismo equipo, por cuanto la suma seguiría dando igual que antes o, a lo peor, menos que antes. En definitiva, se trata de ser todos, todos los del mismo equipo, más que antes y buscar que el conjunto del otro equipo sea menos que antes.

Esto, que parece obvio en el ámbito deportivo, no lo debe ser tanto en el espacio político y, mucho menos, cuando los vientos de una contienda electoral se empiezan a sentir. Por ello, se hace necesario, diría yo imprescindible, diferenciar bien los conceptos calificativos de adversario y aliado, para actuar democráticamente frente a los primeros pero siempre junto a los segundos.

Deseo que todos los partidos progresistas y de izquierdas de Navarra, que se comprometan a defender y aplicar valores sustentados en la generación de empleo, en el mantenimiento de un sistema de protección social sostenible junto a la viabilidad de Navarra como Comunidad Foral, diferencien bien, bajo parámetros democráticos, entre adversarios y aliados. Por cuanto, si queremos legítimamente ganar, no valdrá el viejo dicho de “quítate tú para ponerme yo”, solo valdrá la estrofa de aquella lejana canción: “juntos somos mucho más que dos”.

¿10 x 10 siempre es 100?

La actual y prolongada crisis económica y, como consecuencia de la misma, también social está consiguiendo nublar la reflexión y el análisis de personas sensatas y juiciosas, las cuales buscan teóricamente las mejores soluciones posibles. Cierto es que las instituciones públicas, especialmente sus políticos, no están o estamos coadyuvando a mejorar dicho análisis y, por tanto, a despejar la espesa bruma, por cuanto la mayor o menor proximidad de unas elecciones nos acentúa las peores artes a la hora de captar un voto más. La ciudadanía, lógicamente preocupada por su presente y también por su futuro, se aferra a un digamos clavo ardiendo, sin pensar si las soluciones que escucha y se le presentan son, al menos, mínimamente viables y, por tanto, posibles de ser llevadas a la práctica.

Decía que estamos inmersos en una profunda y aguda crisis económica, la cual, además de generar pobreza por la pérdida de empleo, también genera inevitablemente menores ingresos fiscales a las administraciones públicas, especialmente las CC AA prestadoras estas de servicios esenciales como la sanidad o la educación. Al margen de que la derecha económica y política europea, como el PP en España, quiera utilizar dicha crisis para atacar y derrumbar nuestro Estado de Bienestar y, con ello, cambiar el modelo social en Europa y en nuestro país, lo cierto es que los ingresos fiscales son sensiblemente menores a los obtenidos años atrás.

Cada administración pública debe inexcusablemente retornar, lo antes posible, a la nivelación de los gastos con los ingresos, aplicando presupuestos en base cero, con el objetivo final, solamente este, de garantizar nuestro Estado de Bienestar y las prestaciones garantizadas derivadas del mismo. Es decir, deberemos llegar a alcanzar el objetivo de gastar lo que se ingresa o, mejor dicho, ingresar lo que se va a gastar. Aquí conviene tener claro y discernir ajustadamente entre deuda y déficit, siendo menos preocupante, aunque sin dejar de serlo, la primera (deuda) que el segundo (déficit). Una deuda que es soportable y de la que se pueden pagar sus intereses y amortizaciones sin mayores agobios no tiene consecuencias graves. Si las tiene, sin embargo, el hecho de gastar en un mismo periodo más de lo que se ha obtenido, por cuanto dicho déficit habrá que solventarlo bien con mayores y suplementarios ingresos o, más preocupante todavía, con nuevos créditos que generarán más intereses y más amortizaciones.

La situación financiera de casi todas las administraciones públicas de nuestro país (Administración Central, CC AA y Ayuntamientos) es muy grave, no solo por su elevada deuda, que la tienen, sino por su importante déficit, que también lo tienen. Si esto es así, habría que buscar un amplio consenso social y político, con el fin de aportar soluciones viables a nuestros acuciantes problemas. Cierto es que el Gobierno de Rajoy ni lo quiere ni lo busca, pero la necesidad es tozuda.

Este imprescindible consenso social y político debiera estar sustentado en unos principios inalterables y de igual importancia todos ellos, siendo los principios supremos la generación de empleo y el mantenimiento del Estado del Bienestar. Por tanto, para impulsar la generación de empleo las administraciones públicas necesitan recursos económicos que no tienen y para mantener el Estado del Bienestar también se necesitan recursos públicos que tampoco se tienen, al menos en suficiencia. Complementariamente a todo ello y como base firme e imprescindible debe estar siempre presente la ineludible realidad, cual es que no se puede ingresar menos de lo que se gasta y, como consecuencia directa, no se puede gastar más de lo que se ingresa.

A partir de aquí es donde debería empezar el consenso y el acuerdo. Primero en definir y concretar temporalmente el periodo de tránsito entre la situación actual de deuda y, sobre todo, de déficit y una nueva situación, necesaria y más estable, con una deuda asequible y un déficit prácticamente inexistente. Decía en una entrevista Cándido Méndez (S. General de UGT) que: España necesita tiempo a un precio razonable.

Y es a partir de aquí, en este importante momento, donde nos deberemos quitar, todas y todos, las máscaras políticas y aparcar nuestros intereses electorales y de partido, poniendo por delante los intereses y necesidades de la mayoría social.

Si el objetivo es crear empleo y, a la vez, hacer sostenible nuestro Estado del Bienestar, sin separación posible entre ambos principios, la solución pasa por acordar que es lo principal y que es lo accesorio. Dicho de otra forma, que prestaciones deberemos mantener y que políticas deberemos impulsar para, a renglón seguido y también sin separación posible, acordar los medios para obtener los ingresos necesarios. Es decir, cuanto, como y quienes deberemos pagar los imprescindibles impuestos, que generaran los ingresos para financiar los servicios y las políticas públicas.

Por tanto, no vale decir, por cuanto es irreal y engañoso, que hay que mantener todo y más, sabiendo que no lo vamos a poder pagar. No puede ser que nuestras prestaciones y servicios los tengan que pagar las generaciones futuras, por cuanto, en este supuesto, quién pagará los de ellos. Tampoco vamos a consentir que la derecha quiera, aprovechándose de la situación, desmontar nuestro Estado del Bienestar. Hay que mantener lo importante, por supuesto, pero también y a la vez hay que financiar lo importante. Por ello, nuestros gastos públicos deberán sumar no más de 100 y nuestros ingresos públicos deberán sumar, cuando menos, también 100. Si así lo hacemos, si anteponemos de verdad los intereses generales a los particulares, la ciudadanía volverá a confiar en las instituciones y en sus representantes.

¿Pensiones o cañones?

Levamos varias semanas en las que se nos viene hablando insistentemente del asunto de las pensiones. Las últimas noticias referidas al hecho de que, para pagar las pensiones públicas durante este verano, se ha tenido que utilizar buena parte del Fondo de Contingencia, por un importe de más de 4.000 millones de euros.

Por otro lado, creo que, a estas alturas, ya todos sabemos que nuestro sistema público de pensiones es un sistema de los llamados de “solidaridad intergeneracional” o de “reparto”, dicho de otro modo, unos venimos pagando las pensiones de ayer y de hoy con la esperanza, hoy se torna ingenua e incierta, de que otros paguen las pensiones de mañana. Pero, si no hay cotizantes no se pueden pagar las pensiones, porque se pagan al día con las cotizaciones del día. Si bajan las cotizaciones, por paro y por descenso de natalidad, y crece la esperanza de vida el sistema se hace, paulatina y progresivamente, menos viable.

Además de ello, los trabajadores y trabajadoras hemos tenido que cotizar al sistema obligatoriamente, por tanto no es un sistema de libre elección. Y tampoco deberemos equivocarnos con el concepto terminológico con el que se denomina nuestra aportación (cuota o cotización a la S. Social), cuando nuestra cotización se parece más, de hecho, a un impuesto que a una cuota, porque la diferencia entre cuota e impuesto, al menos en este caso, no es baladí.

Teniendo todas estas cuestiones por sabidas, la preocupación galopante se centra en un estrato de población de unos cincuenta y muchos años, donde se ha cotizado, afortunadamente en muchos casos, unos 40 años y, en algunos de esos casos, bastantes de esos años por la cotización máxima o, lo que es lo mismo, con la aspiración y justificación formal y legal de poder obtener la pensión máxima; por cuanto, nuestro sistema debería, al menos, amparar un cierto reconocimiento al esfuerzo y garantizar que quien más ha cotizado obtiene, por ello y en justa correspondencia, una mayor pensión. Lo contrario rompería el equilibrio y quebraría la justificación del esfuerzo, reforzando las tesis contrarias de que, como obtengo lo mismo, para qué cotizar por más.

Estas trabajadoras y trabajadores, a los que todavía les quedan entre 5 y 10 años de cotizaciones y esfuerzos, están escuchando, con suma preocupación, dos cosas importantes. La primera que no se sabe, a día de hoy, si se podrán jubilar a los 65, a los 66 o finalmente a los 67 años, con la derivada de que si se retrasa la jubilación también se retrasa la nueva oportunidad de empleo. La segunda, más importante que la anterior, que no se sabe, también a día de hoy, si habrá dinero para sus pensiones y si el importe de las mismas será en equidad al esfuerzo de cotización realizado, tanto en tiempo como en cuantía.

Si los peores presagios se cumplieran, jubilación a los 67 años (casi 50 años de cotización) y reducción de las cuantías de las pensiones, sobre todo las de mayor importe, bien se pudiera romper el principio de equidad, aunque no el de justicia social, por cuanto pudiera ocurrir que personas con menores años de cotización e inferiores cuantías cotizadas obtuvieran una pensión similar. De ser esto así, estaría justificado que se cambiase el nombre a las cotizaciones a la S. Social y se acuñara lo que realmente es, un impuesto obligatorio para la jubilación.

Pero, todo esto deviene de la crisis económica y de la falta de estímulos para crear empleo, desafortunadamente todo eso es lo que está consiguiendo Rajoy. Debiendo el Gobierno de España, del PP, con su mayoría absoluta, optar por reducir o recortar en una parte o en otra de los Presupuestos Generales de España. Aquí es donde radica la diferencia, lo distinto. La importancia de votar y de optar por una ideología o por otra. De elegir por una línea progresista o conservadora.

Puestos a elegir, por cuanto las políticas incentivadoras y generadoras de empleo están en desuso entre los conservadores, se podría optar por no reducir en pensiones y si hacerlo en otros capítulos de los presupuestos. Y es aquí y ahora donde está el debate social y político.

Con el objetivo de incentivar el debate democrático, yo creo que, de ser imprescindible, reitero imprescindible, se podría recortar en Defensa en vez de en Pensiones. Dicho esto, me apresuro a decir que respeto profundamente a la Institución Militar, democráticamente entendida y ejercida, y más singularmente las misiones de paz que desarrollan internacionalmente y, por ser de suma actualidad desgraciadamente este verano fruto de los incendios, también mi reconocimiento y gratitud a la Unidad Militar de Emergencia, que tan buen papel viene desarrollando desde su creación por el Presidente Rodríguez Zapatero.

Pero, dicho lo anterior, cabe recordar que la publicidad de Rajoy, al menos ante los Presupuestos de España para 2012, fue de reducción del capítulo de Defensa en un 8,8% respecto a 2011 y una disposición inicial de más de 6.000 millones de euros, unos 600 millones menos que el año pasado, de los que más de 300 millones de euros correspondían al capítulo de inversiones, aunque fue el ministerio que sufrió la menor merma en su presupuesto, por cuanto la media de reducción fue de casi el 17%.

Pero muy pocos meses después (los presupuestos se aprobaron y publicaron a finales del primer semestre), casi de “tapadillo”, el presupuesto de Defensa para este año ha experimentado un “súbito incremento” de más del 28%. El Consejo de Ministros acaba de aprobar un crédito extraordinario de casi 1.800 millones de euros para programas de armamento. Si esta partida se hubiera incluido ya en los presupuestos de 2012, el capítulo de Defensa hubiera sumado más de 8.000 millones, con un aumento de algo más del 16% respecto a 2011, en vez de reducirse inicial y publicitariamente en un 8,8%. Cabe recordar, para no olvidar, que si el actual Ministro de Economía y Competitividad, Sr. De Guindos, trabajó para Lehman Brothers, su homólogo en el Ministerio de Defensa, Sr. Morenés, estuvo muy bien relacionado con la industria armamentística, por cuanto y según Wikipedia, entre otras responsabilidades, ha sido Director General para España de la empresa de misiles MBDA.7.

Bien, pues como diría William Shakespeare, “ser o no ser, esa es la cuestión”. Aquí la cuestión, al menos a la hora de optar, es optar bien, optar por los ciudadanos, optar por sus derechos, en este caso derechos contributivos o cotizados, optar por su bienestar y optar finalmente por su futuro, después de 50 años de cotizaciones. Luego, si esa es la cuestión, yo opto por pensiones antes que por cañones.

¿Existe un futuro para Navarra sin Yolanda Barcina?

Navarra, mejor dicho las personas que la habitamos, estamos atravesando serías dificultades económicas, sociales y políticas, las cuales están conllevando decisiones de gobierno que afectan a lo sustancial del denominado Estado del Bienestar (educación, salud, políticas sociales, etc.), aunque las mismas, a todas luces y a los resultados me remito, no están consiguiendo los objetivos que inicial y teóricamente justificaron su adopción.

Estas decisiones de gobierno, generalmente acordadas por el Gobierno de España, del PP, se escriben en Reales Decretos Ley, tramitados con urgencia y bajo el conocido “paraguas” de legislación básica o, lo que es lo mismo, de obligado cumplimiento por las CC AA. Por tanto, cabría preguntarse ¿para qué sirven las CC AA? Para algunos, entre los que no me encuentro, para nada. Mejor dicho, esta es la ocasión de “recentralizar” las competencias en un nuevo estado jacobino y español.

Desde una posición radicalmente democrática nada que objetar a que unos defiendan un estado jacobino, otros la independencia de Euskadi, en este caso con Navarra incorporada, mientras que algunos otros defendemos una España federal dentro de una Europa también federal. La democracia legítima indicará el camino a recorrer en cada momento y circunstancia.

Lo importante no es lo que se defiende, lo trascendente en este caso es lo que se es. Navarra es una Comunidad Foral (luego no es una Comunidad Autónoma clásica), cuyas competencias devienen del antiguo Reino de Navarra, que estuvo vigente hasta 1841 y del cual emana nuestro particular régimen de autogobierno, denominado Régimen Foral. Además, la Constitución Española de 1978 ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales. Por tanto, sólo se puede respetar lo que es diferente y amparar lo que es externo. La Constitución reconoce, por tanto, el carácter preconstitucional del fuero navarro.

Por ello, la pregunta es: ¿ampara y respeta el Gobierno de España (PP) el Régimen Foral de Navarra? Concatenada a esta, cabría la siguiente: ¿defiende el Gobierno de Navarra (UPN), ante el Gobierno de España (PP), nuestras competencias derivadas de nuestro Régimen Foral? Obviamente, aquí pueden aparecer diferentes opiniones, tantas como opciones políticas. En mi caso creo que no, que no está defendiendo el Gobierno de Yolanda Barcina las competencias forales de Navarra. Añadida a esta opinión personal y, por tanto, subjetiva, cabría una derivada, cual es que Yolanda Barcina está más en las tesis “recentralizadoras” del PP, hacia la construcción de un estado jacobino y español, que en la posición de defensa de una España federal dentro de una Europa federal.

De ser esto así, y lo hechos van cimentando esta hipótesis día a día, Yolanda Barcina estaría actuando en contra de su juramento, cuando tomo posesión de su cargo, en contra de la historia, de las leyes y de los acuerdos adoptados en nuestra Comunidad Foral y, no menos importante, en contra del leitmotiv que justificó la fundación de UPN.

Pero, además de poder estar actuando Yolanda Barcina en contra de nuestro Régimen Foral, también está actuando en contra de los intereses directos de la ciudadanía navarra, titular, en última instancia, de los citados derechos históricos. Yolanda Barcina, a través de su gobierno monocolor, está atacando directamente el Estado de Bienestar foral, en una parte por omisión o, dicho de otra forma, por inacción ante las decisiones del Gobierno de Rajoy y, por otra, por las decisiones directas adoptadas por su gabinete.

No seré yo quien le diga a ningún partido u organización quién debe ser su representante. Esto pertenece a una digamos esfera privada, que corresponde a cada organización. Me referiré exclusivamente al ámbito público o institucional y a los hechos concretos y constatables. Cierto es, lo decía al principio que estamos inmersos en serias dificultades económicas, sociales y políticas, pero no es menos cierto que Navarra no va bien, mejor dicho Navarra va mal.

Navarra tiene dificultades financieras, no aumentan los ingresos fiscales sino que decaen. En consecuencia, la soluciones “populares” que se aplican son las mismas recetas del PP, lo que es lo mismo la reducción del Estado del Bienestar foral, mediante un seguidismo consentido y cómplice, olvidándonos de nuestras competencias y de nuestro Régimen Foral.

Yolanda Barcina ha generado, a su vez, una inestabilidad institucional que no beneficia, todo lo contrario, la imprescindible confianza inversora, más necesaria que nunca en tiempos de crisis económica. Y, lo más importante, la actual Presidenta de la Comunidad Foral no tiene o, cuando menos no lo expone, un proyecto de futuro para salir de la actual crisis económica y social en Navarra, que no pase ni por “recentralizar” ni por “independizar”, sino por creer en esta tierra y en sus gentes.

Ante esta tesis, mi pregunta continuada y constante es si existe un futuro para Navarra sin Yolanda Barcina. Creo que si, por cuanto nadie es insustituible, aunque no esté, hoy por hoy, esa pelota en mi tejado.

Economía sin corazón y política sin alma

Se le atribuye a Lenin la frase: “La política es la expresión más concentrada de la economía”. Claro que él la pronunció en un contexto muy diferente y para lograr unos fines diametralmente distintos a los actuales del siglo XXI. Hoy, en esta segunda década de nuestro siglo, estamos todas y todos hablando de economía, sabiendo, al menos yo, más bien poco, menos todavía si hablamos de ingeniería financiera, cuando lo habitual era hablar de política y, más singularmente, de los políticos.

Cierto es, no lo voy a negar ni eludir, que el momento social, político y económico es complejo y, por consiguiente, complicado, pero especialmente, al menos para mí, por el orden que lo he señalado, primero las personas, después la política (la representación de las personas) y finalmente la economía (el intercambio de bienes y servicios entre las personas u organizaciones).

La economía es o debería ser el esqueleto de un cuerpo, mientras que la política es o también debiera ser el cerebro de ese cuerpo. Cierto que el dolor o la debilidad del esqueleto afecta a la toma de decisiones del cerebro, pero siempre deberá tomar dichas decisiones el órgano supremo, el pensamiento, la voluntad, la inteligencia, la capacidad de elección entre opciones, en definitiva el cerebro.

Se está queriendo asentar la idea, al menos en estos momentos de dificultad colectiva, de que no hay opciones ni alternativas ante los problemas que vivimos. Es decir, que el esqueleto dolorido debe imponer al cerebro una sola opción de superación, cosa difícil de aceptar por otra parte, por cuanto solo la muerte no tiene opciones ni alternativas y, por cierto, esta es la muerte cerebral.

No obstante, yo creo que es la política, determinada opción política, más bien neoconservadora y de derechas, la que disfrazada de economía promulga la idea de que no hay más alternativa, para salir de la situación actual, que la de recortar el gasto, bajo el término económico del equilibrio fiscal, que es lo mismo que decir no comer o, más grave, no vivir.

No podemos eludir la realidad política de la mayoría de los gobiernos europeos, con honrosas aunque limitadas excepciones como la francesa, todos ellos conservadores, los cuales representan, y muy bien por cierto, los intereses de las clases dominantes, menos de las clases medias y muchos menos de las clases populares. Estos gobiernos, que conforman y deciden en la Unión Europea, quieren imponer a todas y todos la famosa frase de café para todos o, lo que es lo mismo, la misma y única receta como solución en todas las partes y para todas las personas, aunque esto suponga que no hay café.

Esta imposición, que según nos dicen viene determinada por los mercados, es la constatación, insisto que disfrazada, de que la economía sin corazón se está imponiendo a la política de la razón. Dicho de otra forma, cuando no se tiene la fuerza de la razón se utiliza la razón de la fuerza, en este caso de la fuerza económica, la de la los mercados. Quiero, en este punto, preguntar y preguntarme en voz alta ¿quiénes y cuántos de los dirigentes europeos (Comisión, Consejo, Banco Central, etc.) son elegidos directamente por el conjunto de la ciudadanía europea? La respuesta es sencilla, NINGUNO. Luego, si no tienen que rendir cuentas democráticas y electorales a los ciudadanos y ciudadanas europeas, por qué van a defender y tener en cuenta los intereses de esa misma ciudadanía.

Dicho de otra forma y retomando el principio, no es cierto que sea la economía sin corazón la que impone y obligue a aplicar una única solución a la enfermedad que padecemos, que por cierto mayoritariamente es financiera, luego la habrá generado el ámbito económico, menos el político y nada el social. Es la política sin alma, es la política no electa la que está imponiendo las soluciones. Y cuando es la política representativa, aquella que hemos elegido (no es mi caso) como teórica solución a nuestros problemas, dándole una mayoría absoluta en nuestro país, esta política aplica soluciones diametralmente distintas a las comprometidas en su programa, una vez más bajo la justificación economicista de que no hay otra posible (determinismo económico).

Se ha venido asentando durante los últimos años, algunos más en otros países avanzados, modelos de gestión empresarial donde la responsabilidad social corporativa tuviera un determinado y digno papel en la gestión y en los objetivos de las empresas. Esta idea, esta filosofía, donde no solo lo económico es lo único ni lo último, donde las organizaciones las conforman personas, con perfiles, conocimientos y necesidades diferentes, bien debiera iluminar básicamente las soluciones a los problemas de los países, donde los remedios no fuesen solo económicos, donde el recorte no fuera el único camino ni la moto-sierra la única herramienta, donde la imposición institucional no fuese el único método, donde el dialogo y el consenso fuesen en camino real hacia las soluciones colectivas, con sacrificios seguramente sí pero con consensos previos también. Porque el bien no hace ruido y el ruido no hace bien y últimamente se está forzando, desde el Gobierno del PP, desde su democrática mayoría absoluta en las Cortes generales, a que haya más ruido que bien, más imposición que acuerdo, más manifestaciones que negociaciones.

En este nuevo siglo, donde lo importante somos o deberemos ser las personas, por cuanto todo lo demás no nos es útil si no está a nuestro servicio, deberemos apostar por organizaciones más democráticas, con una representación electoral más directa. Deberemos articular nuestro estado autonómico desde parámetros de eficiencia pública, donde solo una de las tres administraciones (estatal, autonómica o local) tenga todas las competencias sobre una misma materia, seguramente cuanto más cercana al ciudadano mejor, evitando duplicidades y generando instituciones social, política y económicamente sostenibles, con tamaños adecuados y prestadoras de servicios eficaces.

Además de ello, deberemos crear, de una vez por todas, los Estados Unidos de Europa, una Europa realmente federal, donde prime lo colectivo sobre la individual, donde tenga más importancia lo del conjunto de los países sobre lo individual de cada país y, sobre todo, donde haya una economía con corazón al servicio de una política con alma.

La dependencia y los dependientes, un futuro muy oscuro

Antes de nada, recuperada ya mi libertad individual, tras culminar una etapa de responsabilidad pública, es conveniente y necesario volver a retomar el sano ejercicio de la autocrítica y, cómo no, también de la crítica social y pública. Seguramente habré cometido errores durante los últimos doce meses, pido disculpas por ellos, aunque puedo asegurar que han sido totalmente involuntarios o, en otro caso, absolutamente necesarios, a la vez que, en muchas ocasiones, incomprendidos.

Desde mi libertad, abandonada ya mi dependencia, no solo funcional, sino también jerárquica, puedo, debo y quiero dejar escrito, negro sobre blanco, que este último año ha constituido una de las etapas más importantes en mi vida. He conocido a grandes profesionales, hombres y mujeres, que trabajan, desde lo público, para la sociedad. También he compartido duros momentos con un equipo humano, del cual me enorgullezco. Pero, lo más importante, he descubierto, más si cabe, a una persona que ha sabido estar siempre a la altura de las circunstancias.

Elena Torres no solo es una extraordinaria mujer, también es una gran persona que se ha entregado y esforzado por el bien común, por los demás, por la defensa del interés general y, lo más importante, por hacer sostenibles las políticas sociales, como parte fundamental del Estado del Bienestar, priorizando siempre lo imprescindible sobre lo importante, que no es otra cosa que mantener los derechos garantizados. La historia, más pronto que tarde, juzgará esta corta etapa pública.

Dos días después del relevo, escucho en la Cadena SER que el Gobierno de España está ultimando un Real Decreto, seguramente R.D. Ley, para modificar la aplicación de la conocida como Ley de la Dependencia. Instrumento normativo que será informado favorablemente, con toda seguridad, en el próximo Consejo Territorial, previsto para el martes 10 de julio, antes de ser aprobado finalmente por el Consejo de Ministros.

Según parece, la citada reforma de la Ley de la Dependencia, sin olvidarnos del retraso en la entrada y, por tanto, en la atención a los Dependientes Moderados, santificada en otro R.D. Ley de finales de 2011, incidirán en aspectos económicos como la exigencia a los beneficiarios en que paguen más para ser atendidos; la subida del copago por la prestación de servicios y la ayuda a domicilio o los centros de día, siendo el incremento tan notable que para algunos pensionistas supondrá el 20% de la pensión, según expertos consultados por la Cadena SER.

Habrá que pagar por la tele asistencia, hasta ahora gratuita. También se rebaja la cuantía de las ayudas económicas de las cuidadoras familiares. Algunas caerán hasta los cien euros mensuales. Los menores discapacitados estaban exentos y, a partir de ahora, para recibir atención tendrán que pagar sus padres. Solo se librarán del copago los dependientes con unos ingresos inferiores a los 400 euros mensuales.

¿Y Navarra qué? Qué posición tomará y defenderá el Gobierno de Navarra, representado por el nuevo Consejero de Políticas Sociales. Viene a cuento recordar que el PSN-PSOE y, en consecuencia, Elena Torres, ejerciendo su más alta representación, se opuso y, por tanto, no aplicó en Navarra la moratoria o, para entendernos mejor, el retraso en la entrada al sistema de la dependencia de los Moderados. Es decir, los socialistas impedimos la aplicación en Navarra de determinados recortes que el PP había aprobado, ejerciendo nuestra competencia exclusiva en materia de asistencia social, viejo término técnico, hoy actualizado al de política social.

Si la línea de Yolanda Barcina es seguir siendo renuente o refractaria a la aplicación en Navarra de los recortes del PP, en materia de política social y dependencia, mi reconocimiento y aplauso. Si, por el contrario, la línea cambia de dirección y se convierte en una paralela a la línea del PP, aplicando “sin rechistar”, estas medidas, mi crítica.

Según sea la comprensión o incomprensión del nuevo Gobierno monocolor de UPN hacía la aplicación de estas medidas, se podrá demostrar la utilidad o inutilidad del ejercicio responsable, en el seno del Gobierno de Navarra, desarrollado por parte del PSN-PSOE y, como consecuencia, se demostrará que las críticas de la oposición tenían o no fundamento; más allá del desgaste político, interesado por cierto, que legítimamente han venido ejerciendo.

Pero, después de todo esto, de demostrar la utilidad o inutilidad de las cosas, que no interesa demasiado a la ciudadanía, queda la realidad, la cruda realidad. Esta no es otra que el Gobierno de España, el Gobierno del PP, el Gobierno de Rajoy, si cuenta con el “seguidismo” de Yolanda Barcina, estará incidiendo en España y, como consecuencia, en Navarra, en las personas y sectores más desfavorecidos. En los de siempre. En aquellas personas que, no teniendo ninguna culpa ni responsabilidad, están soportando toda la carga de la crisis. Con todo ello, se estará consagrando el dicho de que “el futuro de la dependencia es muy oscuro”.

Además de esto, que es lo sustancial, también se demostrará si la línea personal y política de Yolanda Barcina es una línea autónoma, ligada a Navarra y a los principios fundacionales de UPN, o es una fotocopia de la línea, principios y programas del PP. En definitiva, si Barcina es la Presidenta de UPN o, de una vez, se convierte en la “niña de Rajoy”, emulando a De Cospedal.

Dos caminos y un mismo fin, atender en Navarra a las personas y familias en situación real de dificultad social o sociolaboral

La ciudadanía navarra, sus contribuyentes, todas y todos constituimos una sociedad solidaria, desde el voluntariado, la cooperación o la atención a las personas residentes en nuestra Comunidad Foral que están atravesando una situación de dificultad grave. Entre los muchos instrumentos y normas existentes, cabe recordar, por estar de plena actualidad, el Decreto Foral 168/1990, que estableció por primera vez, allá por 1990, una prestación conocida, hasta anteayer, como Renta Básica. Dejo para los más memoriados qué opción política tenía la responsabilidad de gobernar Navarra en aquel entonces y si el suscribiente pintaba algo en la materia.

Pasados más de 20 años, nadie pondrá en duda que las cosas han cambiado sustancialmente, sobre todo ante las inclemencias económicas, de empleo y sociales que los poderosos, los llamados mercados, nos han traído, sin pedirlo ni necesitarlo, a Europa, también a España y, como no, a Navarra en los últimos tres años. Por esa razón y no otra, nuevamente una Consejera socialista, Elena Torres, ha mirado de frente y ha tomado la decisión de actualizar este tipo de prestaciones, ajustándolas al momento presente y dando una respuesta personalizada a situaciones diferentes, siempre dentro del marco de la atención a las personas y familias en situación de dificultad social o sociolaboral.

Mucho se ha escrito y hablado, no siempre con buena intención, sobre la vigente, desde el 4 de febrero, Ley Foral que regula la Renta de Inclusión Social. Una prestación que actualiza la veinteañera Renta Básica y que centra sus esfuerzos y estímulos en cubrir las necesidades esenciales y en fomentar la incorporación social de las unidades familiares en situación de exclusión social. Por tanto, las unidades familiares y las personas que las conforman, que se encuentren en situación de exclusión, siguen teniendo el apoyo de la sociedad Navarra, mediante una atención específica para un colectivo concreto.

La Consejera Elena Torres ha venido insistiendo hasta la saciedad, a veces para personas poco favorables a la escucha activa, que había otro colectivo de personas que también precisaban de una atención y apoyo y que no eran objeto de estar bajo el marco de la citada ley foral, por no ser personas en situación de exclusión sino en situación de desempleo, para las que también se iba a desarrollar una normativa singular, independiente y específica; es decir, que estas personas no estaban en el olvido político e institucional de la Consejera de Política Social. ¿Se le dio crédito o margen para poder demostrarlo? No.

Pero la Consejera Elena Torres cumple y el PSN-PSOE también. Siete días más tarde de la entrada en vigor de la mencionada Ley Foral que regula la Renta de Inclusión Social, para las familias en situación de exclusión social, el viernes 10 de febrero, presentó la Orden Foral que establece y regula una nueva ayuda económica, denominada Ayuda para la Incorporación Sociolaboral y mejora de la Empleabilidad, destinada a atender las necesidades básicas de las personas que se encuentran en situación de dificultad sociolaboral y favorecer su reincorporación en el mercado de trabajo o, cuando menos, propiciar una mejora en su empleabilidad.

Por tanto, dos situaciones personales o familiares distintas ya cuentan con dos respuestas diferentes y específicas. La atención a las unidades familiares en situación de exclusión social tiene una cobertura pública desde la Renta de Inclusión Social. Por otro lado y de forma independiente, las personas que se encuentran en desempleo y han agotado sus prestaciones y subsidios, también tienen el apoyo público mediante la Ayuda para la Incorporación Sociolaboral y mejora de la Empleabilidad. Nadie ha quedado fuera y sin atención. Cada persona o familia tiene una respuesta pública ajustada a sus necesidades.

Por ello, para que nadie quede fuera, si la Ley Foral que regula la Renta de Inclusión Social entró en vigor el pasado 4 de febrero, la Orden Foral que establece la nueva Ayuda para la Incorporación Sociolaboral y mejora de la Empleabilidad surtirá efectos también desde el mismo 4 de febrero. Todo enlazado y nada abandonado. Lo que dijo la Consejera de Política Social, Elena Torres, lo cumplió el pasado viernes 10 de febrero. En esta ocasión, del dicho al hecho no ha habido trecho. Puede ser poco habitual el que una responsable pública haya cumplido su palabra, pero eso no es excusa para reconocer que, en esta ocasión, no digo que sea la única, la Consejera Torres dijo la verdad y ha cumplido con su palabra.

¿Alguien reconocerá el trabajo bien hecho? Por lo menos existe la conciencia ética, el compromiso público y social y la constatación de que los y las socialistas, cuando ejercemos una responsabilidad pública, lo hacemos en función de las personas, en defensa del interés general y manteniendo la solidaridad, para que ésta siga siendo sostenible. Por último, no puedo menos que reconocer y agradecer a la sociedad navarra, a todos los contribuyentes, el apoyo solidario a las políticas sociales del Gobierno de Navarra.

Hacer más con menos, también en Política Social

A estas alturas casi todo el mundo sabe que la situación socioeconómica es de extrema dificultad. Por ello, la ciudadanía viene exigiendo a las administraciones públicas que sean conscientes del problema y ajusten, en consecuencia, su funcionamiento a esta nueva y complicada realidad. Así lo practicó el Gobierno de Navarra y particularmente el Departamento de Política Social, Igualdad, Deporte y Juventud, bajo la responsabilidad de Elena Torres, reduciendo la estructura directiva y de apoyo a la gestión, como sus gastos de funcionamiento.

Pero, no solo el Departamento de Política Social presta servicios públicos a la ciudadanía navarra, también muchas entidades del tercer sector o sector social prestan servicios, financiados con los presupuestos públicos, a los navarros y navarras. Todos deberemos reconocer, yo bien lo valoro, la riqueza que tiene nuestra Comunidad Foral al contar con tantas y tantas entidades, desde hace tanto y tanto tiempo, que se ocupan y preocupan por los demás, desde el más profundo desinterés y altruismo.

No, no me estoy refiriendo a estas entidades, a las que hay que proteger, mimar y conservar. Me quiero referir solamente a aquellas otras que prestan servicios públicos financiados por presupuestos públicos o a la parte organizativa de algunas de las primeras que, no respondiendo exclusivamente al modelo asociativo y de defensa de intereses colectivos, desarrollan en paralelo la prestación de servicios de competencia pública, sin deslindarse suficientemente lo segundo de lo primero y no sabiendo muchas veces si son o actúan como una asociación o como una empresa.

Los poderes públicos debemos proteger e impulsar la existencia de estas asociaciones o fundaciones pero, a la vez y sin excusa, deberemos profundizar nuestra exigencia en aquellas otras prestadoras de servicios públicos, aunque sean de las denominadas, en sus estatutos, sin ánimo de lucro. El ciudadano que necesita una atención la debe recibir con calidad y bajo parámetros de planificación y coordinación públicos, al margen de que los preste la propia administración, una entidad sin ánimo de lucro o una empresa privada concertada. Los derechos recogidos en las normas los deben garantizar, sin exclusión, las administraciones públicas.

Por tanto, si la ciudadanía exige de los poderes públicos la optimización de los recursos mediante la indispensable coordinación y la reducción de costes indirectos y de estructura, deberemos entender que esta ciudadanía no traza una línea divisoria para esta exigencia, sino que dicha obligatoriedad debe extenderse a todo y a todos los que prestamos y prestan servicios públicos.

Este es el reto que tenemos por delante, nada fácil por cierto, por cuanto aquí se entrecruzan otros intereses, que ya no son los meramente altruistas y de servicio a la comunidad, sino de puestos de trabajo o de salarios, especialmente los de dirección y gestión. Pero, en el Departamento de Política Social tenemos dos obligaciones que atender, la primera es la exigencia ciudadana de optimización y reducción de costes indirectos, la segunda es que, con la entrada en cuanto a ser objeto derechos de las personas valoradas como Dependientes – Moderados 2, la Agencia Navarra para la Dependencia debe dar una respuesta pública a estos derechos subjetivos.

Esta nueva situación, nada menor por cierto, nos lleva a asumir la prestación de estos servicios desde la planificación, coordinación y responsabilidad públicas, debiendo dejar de ser prestados, de forma más o menos altruista, aunque siempre financiada por fondos públicos, por entidades, asociaciones o fundaciones, las cuales no las desarrollaban, al menos en la mayoría de los casos, para el conjunto de la ciudadanía, sino para sus propios asociados.

Esta transformación asociativa, que supone el mantenimiento, si así se desea, de cada asociación, pero que supone deslindar la prestación de servicios de responsabilidad pública, de forma atomizada, a un modelo más integrado y generalista para el conjunto de personas que precisen de dicha atención y no solo para sus asociados, bajo parámetros de eficacia, eficiencia, calidad, transparencia y concurrencia pública y competitiva, es lo que vamos a desarrollar, por exigencia legal y ciudadana, durante este 2012, con el fin de que esté implantado para el próximo ejercicio presupuestario.

Aun no siendo tarea fácil, por cuanto es romper con tradiciones de largos años, con culturas específicas y con parcelas de poder social, sabemos que contamos con la comprensión de las Directivas de las entidades y, como no, también con los propios usuarios y usuarias de los servicios, por cuanto verán concretado su derecho en un programa de atención bajo la responsabilidad exclusiva de la administración pública.

Otros temas serán de mayor dificultad, al tener que abordar la reducción de estructuras directivas, con contratos de alta dirección y con salarios, en algunos casos, superiores al de los Consejeros del Gobierno de Navarra. Aquí también vale la reflexión y exigencia de reducción de costes, para dedicar los recursos a los programas de atención a las personas y no a las capas dirigentes de las organizaciones, cuando estás asociaciones o fundaciones, además, son formalmente sin ánimo de lucro.

Por ello, en el Departamento de Política Social entendemos que quien financie su funcionamiento con sus propios fondos, nada tenemos que decir ni objetar, pero que, por el contrario, quien financie su funcionamiento y actividades, en buena parte o en su totalidad, con fondos públicos, tanto en tercera edad, en discapacidad, en cooperación, en menores o en consumo, por citar algunos ámbitos, los salarios e incentivos de sus dirigentes y gestores no deberán rebasar unos determinados límites. Sin son servicios públicos la referencia es clara, no más de los niveles establecidos para los propios responsables de estas mismas áreas o servicios específicos de la administración pública.