La corrupción, un virus a combatir entre todos

Además del cauce de los ríos, viene estos días crecida la indignación social por la corrupción, verdadero cáncer de nuestro sistema democrático que afecta, con acentuada gravedad, a responsables del Partido Popular, pero del que tampoco es ajeno el variado espectro ideológico español, incluidos compañeros socialistas, lo reconozco con dolor, aunque sean casos ciertamente de menor intensidad y profusión que los denominados Bárcenas o Gürtel.

Esta deleznable realidad se manifiesta con toda su crudeza cuando la ciudadanía está soportando los rigores de la crisis y las soluciones drásticas y dramáticas, en bastantes casos, que está aplicando, ausentes de consenso alguno, el Gobierno de España, sustentado por el PP y, como correa de transmisión de éste, el Gobierno de Navarra, con su minoría social y parlamentaria, que cuenta con los únicos apoyos del Grupo Parlamentario de UPN y, cómo no, de sus jefes nacionales, el PPN.

Este triste panorama sociopolítico está consiguiendo que la ciudadanía no de crédito ni tregua a sus representantes institucionales y, lo más importante, se esté alejando, fruto de la lógica desconfianza, de la democracia representativa y pueda acercarse a otras formulas de representación las cuales, en algunos casos, pudieran ser cualquier cosa menos democráticas.

Ante este clima social, la llamada clase política debe reflexionar primero y actuar a continuación, porque no todos los representantes y las representantes políticas son o somos corruptos. Ante esta hipótesis niego la mayor. Pero, sí es cierto que, con mayor frecuencia de la deseada, se manifiestan casos de corrupción que no debieran tener cabida en nuestro país, y que deben ser aclarados y perseguidos con suma eficiencia política, policial, judicial y social. En definitiva, deberemos crear una riada social y política que, bajo la legitimidad democrática, arrastre y limpie las orillas y los cauces de nuestra convivencia representativa.

No tendremos que pensar demasiado, sería suficiente con escuchar a nuestros convecinos, pero es evidente que, más pronto que tarde, algo deberemos hacer. Seguramente algo con los demás, por supuesto con la sociedad, pero también con las demás organizaciones políticas, al menos con aquellas que quieran hacerlo, denunciando públicamente a las que no lo deseen o lo obstaculicen.

Pero, ahora viene los más importante, ¿qué hacer? Nuestro nuevo camino, la senda de los partidos políticos debe estar permanentemente iluminada por la transparencia y por el amplio ejercicio democrático en la toma de decisiones, donde la ciudadanía sea siempre el referente a ser consultado a través de todos los cauces posibles.

Debemos empezar a desarrollar nuevos conceptos políticos, como la limitación de mandatos, la no prescripción de los casos de corrupción política o, en caso contrario por imposibilidad constitucional, la prescripción, pero pasados muchos, muchos años. La preferencia o, mejor dicho, la prioridad absoluta en la investigación, instrucción y celebración de los juicios derivados de casos de corrupción. Estos casos no deben esperar turno, deben ser los primeros de la lista.

Otro tema importante debe estar referenciado al establecimiento de las listas no bloqueadas. Es decir, que cada candidatura debería estar confeccionada con un primer nombre y puesto en la lista, el cual es el candidato o la candidata a Alcalde o Alcaldesa, a Presidente o Presidenta, etc., siendo que, a partir del segundo nombre y hasta el final, dicha candidatura debiera estar conformada con una cantidad de personas aspirantes superior en, digamos por ejemplo, un 50% a los puestos a cubrir, de tal manera que el ciudadano elector eliminaría a un número de personas similar a dicho porcentaje, conformándose el resto de los puestos de dicha candidatura, a partir del segundo, en relación con los votos obtenidos individualmente.

A todo lo expuesto, no cabe duda que habría que estimular y desarrollar mecanismos de control externo, los cuales debieran supervisar y auditar, con mayor prontitud, el funcionamiento económico – financiero de las organizaciones políticas y sociales.

Una cuestión es evidente, el río baja revuelto y no sin causa o razón. Por tanto, transparencia y contundencia. Pero, colateralmente a toda esta verdad, aparecen mensajes, sustentados en modelos predemocráticos, que alientan y jalean a la sociedad bajo la justificación del gasto y la necesidad de reducirlo.

Reducir el gasto público en el funcionamiento democrático de las instituciones, en su tamaño, en sus funciones y competencias, en determinar quién puede y quién no puede ser representante democrático, poniendo parámetros clasistas, es la mejor manera de impedir que la gran mayoría social pueda optar democráticamente a dicha representación, reservando, en consecuencia, dicho ejercicio a las clases dominantes, como ocurrió en etapas no tan lejanas de nuestro país.

Por todo ello, analicemos la riada, saquemos consecuencias y conclusiones y, mejor más que menos, combatamos el virus de la corrupción.

A esta tarea me apunto.