¿10 x 10 siempre es 100?

La actual y prolongada crisis económica y, como consecuencia de la misma, también social está consiguiendo nublar la reflexión y el análisis de personas sensatas y juiciosas, las cuales buscan teóricamente las mejores soluciones posibles. Cierto es que las instituciones públicas, especialmente sus políticos, no están o estamos coadyuvando a mejorar dicho análisis y, por tanto, a despejar la espesa bruma, por cuanto la mayor o menor proximidad de unas elecciones nos acentúa las peores artes a la hora de captar un voto más. La ciudadanía, lógicamente preocupada por su presente y también por su futuro, se aferra a un digamos clavo ardiendo, sin pensar si las soluciones que escucha y se le presentan son, al menos, mínimamente viables y, por tanto, posibles de ser llevadas a la práctica.

Decía que estamos inmersos en una profunda y aguda crisis económica, la cual, además de generar pobreza por la pérdida de empleo, también genera inevitablemente menores ingresos fiscales a las administraciones públicas, especialmente las CC AA prestadoras estas de servicios esenciales como la sanidad o la educación. Al margen de que la derecha económica y política europea, como el PP en España, quiera utilizar dicha crisis para atacar y derrumbar nuestro Estado de Bienestar y, con ello, cambiar el modelo social en Europa y en nuestro país, lo cierto es que los ingresos fiscales son sensiblemente menores a los obtenidos años atrás.

Cada administración pública debe inexcusablemente retornar, lo antes posible, a la nivelación de los gastos con los ingresos, aplicando presupuestos en base cero, con el objetivo final, solamente este, de garantizar nuestro Estado de Bienestar y las prestaciones garantizadas derivadas del mismo. Es decir, deberemos llegar a alcanzar el objetivo de gastar lo que se ingresa o, mejor dicho, ingresar lo que se va a gastar. Aquí conviene tener claro y discernir ajustadamente entre deuda y déficit, siendo menos preocupante, aunque sin dejar de serlo, la primera (deuda) que el segundo (déficit). Una deuda que es soportable y de la que se pueden pagar sus intereses y amortizaciones sin mayores agobios no tiene consecuencias graves. Si las tiene, sin embargo, el hecho de gastar en un mismo periodo más de lo que se ha obtenido, por cuanto dicho déficit habrá que solventarlo bien con mayores y suplementarios ingresos o, más preocupante todavía, con nuevos créditos que generarán más intereses y más amortizaciones.

La situación financiera de casi todas las administraciones públicas de nuestro país (Administración Central, CC AA y Ayuntamientos) es muy grave, no solo por su elevada deuda, que la tienen, sino por su importante déficit, que también lo tienen. Si esto es así, habría que buscar un amplio consenso social y político, con el fin de aportar soluciones viables a nuestros acuciantes problemas. Cierto es que el Gobierno de Rajoy ni lo quiere ni lo busca, pero la necesidad es tozuda.

Este imprescindible consenso social y político debiera estar sustentado en unos principios inalterables y de igual importancia todos ellos, siendo los principios supremos la generación de empleo y el mantenimiento del Estado del Bienestar. Por tanto, para impulsar la generación de empleo las administraciones públicas necesitan recursos económicos que no tienen y para mantener el Estado del Bienestar también se necesitan recursos públicos que tampoco se tienen, al menos en suficiencia. Complementariamente a todo ello y como base firme e imprescindible debe estar siempre presente la ineludible realidad, cual es que no se puede ingresar menos de lo que se gasta y, como consecuencia directa, no se puede gastar más de lo que se ingresa.

A partir de aquí es donde debería empezar el consenso y el acuerdo. Primero en definir y concretar temporalmente el periodo de tránsito entre la situación actual de deuda y, sobre todo, de déficit y una nueva situación, necesaria y más estable, con una deuda asequible y un déficit prácticamente inexistente. Decía en una entrevista Cándido Méndez (S. General de UGT) que: España necesita tiempo a un precio razonable.

Y es a partir de aquí, en este importante momento, donde nos deberemos quitar, todas y todos, las máscaras políticas y aparcar nuestros intereses electorales y de partido, poniendo por delante los intereses y necesidades de la mayoría social.

Si el objetivo es crear empleo y, a la vez, hacer sostenible nuestro Estado del Bienestar, sin separación posible entre ambos principios, la solución pasa por acordar que es lo principal y que es lo accesorio. Dicho de otra forma, que prestaciones deberemos mantener y que políticas deberemos impulsar para, a renglón seguido y también sin separación posible, acordar los medios para obtener los ingresos necesarios. Es decir, cuanto, como y quienes deberemos pagar los imprescindibles impuestos, que generaran los ingresos para financiar los servicios y las políticas públicas.

Por tanto, no vale decir, por cuanto es irreal y engañoso, que hay que mantener todo y más, sabiendo que no lo vamos a poder pagar. No puede ser que nuestras prestaciones y servicios los tengan que pagar las generaciones futuras, por cuanto, en este supuesto, quién pagará los de ellos. Tampoco vamos a consentir que la derecha quiera, aprovechándose de la situación, desmontar nuestro Estado del Bienestar. Hay que mantener lo importante, por supuesto, pero también y a la vez hay que financiar lo importante. Por ello, nuestros gastos públicos deberán sumar no más de 100 y nuestros ingresos públicos deberán sumar, cuando menos, también 100. Si así lo hacemos, si anteponemos de verdad los intereses generales a los particulares, la ciudadanía volverá a confiar en las instituciones y en sus representantes.