Dos caminos y un mismo fin, atender en Navarra a las personas y familias en situación real de dificultad social o sociolaboral

La ciudadanía navarra, sus contribuyentes, todas y todos constituimos una sociedad solidaria, desde el voluntariado, la cooperación o la atención a las personas residentes en nuestra Comunidad Foral que están atravesando una situación de dificultad grave. Entre los muchos instrumentos y normas existentes, cabe recordar, por estar de plena actualidad, el Decreto Foral 168/1990, que estableció por primera vez, allá por 1990, una prestación conocida, hasta anteayer, como Renta Básica. Dejo para los más memoriados qué opción política tenía la responsabilidad de gobernar Navarra en aquel entonces y si el suscribiente pintaba algo en la materia.

Pasados más de 20 años, nadie pondrá en duda que las cosas han cambiado sustancialmente, sobre todo ante las inclemencias económicas, de empleo y sociales que los poderosos, los llamados mercados, nos han traído, sin pedirlo ni necesitarlo, a Europa, también a España y, como no, a Navarra en los últimos tres años. Por esa razón y no otra, nuevamente una Consejera socialista, Elena Torres, ha mirado de frente y ha tomado la decisión de actualizar este tipo de prestaciones, ajustándolas al momento presente y dando una respuesta personalizada a situaciones diferentes, siempre dentro del marco de la atención a las personas y familias en situación de dificultad social o sociolaboral.

Mucho se ha escrito y hablado, no siempre con buena intención, sobre la vigente, desde el 4 de febrero, Ley Foral que regula la Renta de Inclusión Social. Una prestación que actualiza la veinteañera Renta Básica y que centra sus esfuerzos y estímulos en cubrir las necesidades esenciales y en fomentar la incorporación social de las unidades familiares en situación de exclusión social. Por tanto, las unidades familiares y las personas que las conforman, que se encuentren en situación de exclusión, siguen teniendo el apoyo de la sociedad Navarra, mediante una atención específica para un colectivo concreto.

La Consejera Elena Torres ha venido insistiendo hasta la saciedad, a veces para personas poco favorables a la escucha activa, que había otro colectivo de personas que también precisaban de una atención y apoyo y que no eran objeto de estar bajo el marco de la citada ley foral, por no ser personas en situación de exclusión sino en situación de desempleo, para las que también se iba a desarrollar una normativa singular, independiente y específica; es decir, que estas personas no estaban en el olvido político e institucional de la Consejera de Política Social. ¿Se le dio crédito o margen para poder demostrarlo? No.

Pero la Consejera Elena Torres cumple y el PSN-PSOE también. Siete días más tarde de la entrada en vigor de la mencionada Ley Foral que regula la Renta de Inclusión Social, para las familias en situación de exclusión social, el viernes 10 de febrero, presentó la Orden Foral que establece y regula una nueva ayuda económica, denominada Ayuda para la Incorporación Sociolaboral y mejora de la Empleabilidad, destinada a atender las necesidades básicas de las personas que se encuentran en situación de dificultad sociolaboral y favorecer su reincorporación en el mercado de trabajo o, cuando menos, propiciar una mejora en su empleabilidad.

Por tanto, dos situaciones personales o familiares distintas ya cuentan con dos respuestas diferentes y específicas. La atención a las unidades familiares en situación de exclusión social tiene una cobertura pública desde la Renta de Inclusión Social. Por otro lado y de forma independiente, las personas que se encuentran en desempleo y han agotado sus prestaciones y subsidios, también tienen el apoyo público mediante la Ayuda para la Incorporación Sociolaboral y mejora de la Empleabilidad. Nadie ha quedado fuera y sin atención. Cada persona o familia tiene una respuesta pública ajustada a sus necesidades.

Por ello, para que nadie quede fuera, si la Ley Foral que regula la Renta de Inclusión Social entró en vigor el pasado 4 de febrero, la Orden Foral que establece la nueva Ayuda para la Incorporación Sociolaboral y mejora de la Empleabilidad surtirá efectos también desde el mismo 4 de febrero. Todo enlazado y nada abandonado. Lo que dijo la Consejera de Política Social, Elena Torres, lo cumplió el pasado viernes 10 de febrero. En esta ocasión, del dicho al hecho no ha habido trecho. Puede ser poco habitual el que una responsable pública haya cumplido su palabra, pero eso no es excusa para reconocer que, en esta ocasión, no digo que sea la única, la Consejera Torres dijo la verdad y ha cumplido con su palabra.

¿Alguien reconocerá el trabajo bien hecho? Por lo menos existe la conciencia ética, el compromiso público y social y la constatación de que los y las socialistas, cuando ejercemos una responsabilidad pública, lo hacemos en función de las personas, en defensa del interés general y manteniendo la solidaridad, para que ésta siga siendo sostenible. Por último, no puedo menos que reconocer y agradecer a la sociedad navarra, a todos los contribuyentes, el apoyo solidario a las políticas sociales del Gobierno de Navarra.