Tudela

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Todos mis sueños

martes, 25 de febrero de 2014

Paro, empleo, trabajadores y cotizaciones

Mucho se viene hablando, desde hace meses, sobre la evolución del empleo en España, más intensamente desde que las cifras del desempleo tienen una dimensión inaceptable. Obviamente, la causa de este altísimo nivel de desempleo se debe a la prolongada y multifacética crisis económica, la cual se está pretendiendo superar, al menos por parte de los gobiernos conservadores, con duros ajustes, como la reforma laboral que ha quitado derechos sindicales y desregularizado el mercado, y con medidas que conllevan profundos recortes, los cuales recaen, como casi siempre, sobre los mismos, sobre los trabajadores y trabajadoras.

Nadie discute, como decía antes, que las cifras de desempleo son inaceptables. La cuestión es: ¿cómo se mide el empleo? De sobra es conocido que se están utilizando dos métodos, uno de ellos es el número de desempleados inscritos en el INEM, otro es el resultado de la EPA (Encuesta de Población Activa) y últimamente se está empezando a utilizar, como dato significativo, el número de cotizantes a la seguridad social. En ningún momento la cantidad cotizada.

Se sabe que los datos del INEM (Instituto Nacional de Empleo) solo reflejan el número de personan inscritas como demandantes de empleo. Es decir, personas demandantes de empleo pero que, a su vez, estén inscritas, luego seguramente, no se puede colegir en qué cuantía, hay personas que estén demandando un empleo, tanto en España como fuera de ella, pero que no estén inscritas en el INEM por múltiples causas, como por ejemplo que sus expectativas de encontrar un empleo no estén situadas en nuestro país o, en otros casos, que el desánimo haya paralizado la energía necesaria para recorrer las habituales y prolongadas filas de las oficinas de empleo españolas.

Por otro lado, la EPA es una encuesta que está homologada por todos los países de la Unión Europea, por tanto no es un registro alfanumérico, aunque si se aproxima a reflejar un resultado cuasi real de la situación del desempleo en España, por cuanto mide las demandas de empleo, se esté en los registros del INEM o no, se esté en España o en otro país buscando trabajo.

Finalmente, como ya apuntaba, se está utilizando el dato de personas cotizantes a la Seguridad Social, como dato significativo de la evolución del empleo en España, con la simplificación de que a más cotizantes más personas empleadas, lo cual, obviamente, no parece descabellada su utilización.

Claro que, a mi juicio, para ver la evolución de España en esta materia, sería mejor utilizar parámetros como la evolución de la masa salarial global o de la masa cotizada a la seguridad social. Por cuanto, pudiera ocurrir que estando en la actualidad trabajando unos 17 millones de personas, se pudiese pasar a 18, 19 o 20 millones de personas empleadas y la masa salarial global o la masa cotizada a la seguridad social fuese de similar importe o inferior.

¿Cómo pudiera ocurrir esto, si no es lo que ya tímidamente está ocurriendo? Pues bien sencillo. Aplicando la reforma laboral del PP, lo que está sucediendo es una fuerte reducción salarial y una modificación contractual, pasándose, en no pocos casos, de un contrato a jornada completa a uno o varios contratos a jornada parcial.

Pondré un pequeño ejemplo para explicarme, sobre una población activa de 1.000 personas, las cuales tenían un contrato a jornada completa y un salario de 1.800 euros mensuales y cotizaban un 33% a la seguridad social, lo que suponía una cotización mensual individual de 594 euros. Luego, su masa salarial global era de 1.800.000 euros/mes y su masa cotizada a la seguridad social era de 594.000 euros/mes.

Pudiese resultar que, aplicando la mencionada reforma laboral del PP, a los 1.000 trabajadores se les hubiese modificado su contrato o, de no acceder, hubiesen sido sustituidos por otros, con el objetivo falaz de crear empleo, bajo el paraguas del reparto del trabajo, y estuviesen trabajando 2.000 personas, 1.000 personas más que antes, a media jornada.

El resultado directo sobre las cifras del INEM es que habría 1.000 parados menos. Eso sería cierto, para algunos muy bueno, aunque habría que ver los efectos de esta teórica medida solidaria sobre la realidad concreta. A los reconvertidos o nuevos 2.000 trabajadores se les asigna un salario de 800 euros mensuales y una cotización del 33% a la seguridad social, lo que supondría una cotización mensual individual de 264 euros. Luego, su masa salarial global sería 1.600.000 euros/mes y su masa cotizada a la seguridad social de 528.000 euros/mes.

El ejemplo, nada descartable por otra parte, pero que nos puede servir como reflexión, es que efectivamente hay 1.000 parados menos, pero que, a su vez, la nueva situación arroja una masa salarial global de - 200.000 euros/mes y una masa cotizada a la seguridad social de - 66.000 euros/mes. Luego, por una parte, la capacidad de consumo y, con ello, de reactivación económica, de los trabajadores y trabajadoras, en la medida en que este ejemplo se expanda, se reduce y, a su vez, la financiación de las actuales y futuras pensiones, a través de las cotizaciones a la seguridad social, se aminora considerablemente, cuando, a su vez, se generan más derechos a futuros pensionistas, en la medida de que más personas, aunque con menor cuantía, estarán cotizando al sistema.

Por todo ello, si está ocurriendo o pudiese ocurrir algo similar, este es no es el camino. El camino es generar empleos de calidad para más personas. Es malo y poco aconsejable repartir la miseria. Siempre se debe repartir la riqueza. Sobre todo cuando se lee en el último informe de Oxfam que cerca del 50% de la riqueza mundial está en manos del 1% de la población, que posee, en conjunto, unos 81 billones de euros o que, según Naciones Unidas, un 20% de la población mundial, el equivalente a 1.320 millones de personas, concentra en sus manos el 82% de la riqueza en el mundo, mientras los más pobres, unos 1.000 millones de personas, sobreviven con apenas el 1,4% de la riqueza mundial. Pero, si nos centramos en España, los 20 españoles más ricos tienen la misma fortuna que los 9,5 millones de españoles más pobres.