¿10 x 10 siempre es 100?

La actual y prolongada crisis económica y, como consecuencia de la misma, también social está consiguiendo nublar la reflexión y el análisis de personas sensatas y juiciosas, las cuales buscan teóricamente las mejores soluciones posibles. Cierto es que las instituciones públicas, especialmente sus políticos, no están o estamos coadyuvando a mejorar dicho análisis y, por tanto, a despejar la espesa bruma, por cuanto la mayor o menor proximidad de unas elecciones nos acentúa las peores artes a la hora de captar un voto más. La ciudadanía, lógicamente preocupada por su presente y también por su futuro, se aferra a un digamos clavo ardiendo, sin pensar si las soluciones que escucha y se le presentan son, al menos, mínimamente viables y, por tanto, posibles de ser llevadas a la práctica.

Decía que estamos inmersos en una profunda y aguda crisis económica, la cual, además de generar pobreza por la pérdida de empleo, también genera inevitablemente menores ingresos fiscales a las administraciones públicas, especialmente las CC AA prestadoras estas de servicios esenciales como la sanidad o la educación. Al margen de que la derecha económica y política europea, como el PP en España, quiera utilizar dicha crisis para atacar y derrumbar nuestro Estado de Bienestar y, con ello, cambiar el modelo social en Europa y en nuestro país, lo cierto es que los ingresos fiscales son sensiblemente menores a los obtenidos años atrás.

Cada administración pública debe inexcusablemente retornar, lo antes posible, a la nivelación de los gastos con los ingresos, aplicando presupuestos en base cero, con el objetivo final, solamente este, de garantizar nuestro Estado de Bienestar y las prestaciones garantizadas derivadas del mismo. Es decir, deberemos llegar a alcanzar el objetivo de gastar lo que se ingresa o, mejor dicho, ingresar lo que se va a gastar. Aquí conviene tener claro y discernir ajustadamente entre deuda y déficit, siendo menos preocupante, aunque sin dejar de serlo, la primera (deuda) que el segundo (déficit). Una deuda que es soportable y de la que se pueden pagar sus intereses y amortizaciones sin mayores agobios no tiene consecuencias graves. Si las tiene, sin embargo, el hecho de gastar en un mismo periodo más de lo que se ha obtenido, por cuanto dicho déficit habrá que solventarlo bien con mayores y suplementarios ingresos o, más preocupante todavía, con nuevos créditos que generarán más intereses y más amortizaciones.

La situación financiera de casi todas las administraciones públicas de nuestro país (Administración Central, CC AA y Ayuntamientos) es muy grave, no solo por su elevada deuda, que la tienen, sino por su importante déficit, que también lo tienen. Si esto es así, habría que buscar un amplio consenso social y político, con el fin de aportar soluciones viables a nuestros acuciantes problemas. Cierto es que el Gobierno de Rajoy ni lo quiere ni lo busca, pero la necesidad es tozuda.

Este imprescindible consenso social y político debiera estar sustentado en unos principios inalterables y de igual importancia todos ellos, siendo los principios supremos la generación de empleo y el mantenimiento del Estado del Bienestar. Por tanto, para impulsar la generación de empleo las administraciones públicas necesitan recursos económicos que no tienen y para mantener el Estado del Bienestar también se necesitan recursos públicos que tampoco se tienen, al menos en suficiencia. Complementariamente a todo ello y como base firme e imprescindible debe estar siempre presente la ineludible realidad, cual es que no se puede ingresar menos de lo que se gasta y, como consecuencia directa, no se puede gastar más de lo que se ingresa.

A partir de aquí es donde debería empezar el consenso y el acuerdo. Primero en definir y concretar temporalmente el periodo de tránsito entre la situación actual de deuda y, sobre todo, de déficit y una nueva situación, necesaria y más estable, con una deuda asequible y un déficit prácticamente inexistente. Decía en una entrevista Cándido Méndez (S. General de UGT) que: España necesita tiempo a un precio razonable.

Y es a partir de aquí, en este importante momento, donde nos deberemos quitar, todas y todos, las máscaras políticas y aparcar nuestros intereses electorales y de partido, poniendo por delante los intereses y necesidades de la mayoría social.

Si el objetivo es crear empleo y, a la vez, hacer sostenible nuestro Estado del Bienestar, sin separación posible entre ambos principios, la solución pasa por acordar que es lo principal y que es lo accesorio. Dicho de otra forma, que prestaciones deberemos mantener y que políticas deberemos impulsar para, a renglón seguido y también sin separación posible, acordar los medios para obtener los ingresos necesarios. Es decir, cuanto, como y quienes deberemos pagar los imprescindibles impuestos, que generaran los ingresos para financiar los servicios y las políticas públicas.

Por tanto, no vale decir, por cuanto es irreal y engañoso, que hay que mantener todo y más, sabiendo que no lo vamos a poder pagar. No puede ser que nuestras prestaciones y servicios los tengan que pagar las generaciones futuras, por cuanto, en este supuesto, quién pagará los de ellos. Tampoco vamos a consentir que la derecha quiera, aprovechándose de la situación, desmontar nuestro Estado del Bienestar. Hay que mantener lo importante, por supuesto, pero también y a la vez hay que financiar lo importante. Por ello, nuestros gastos públicos deberán sumar no más de 100 y nuestros ingresos públicos deberán sumar, cuando menos, también 100. Si así lo hacemos, si anteponemos de verdad los intereses generales a los particulares, la ciudadanía volverá a confiar en las instituciones y en sus representantes.

¿Pensiones o cañones?

Levamos varias semanas en las que se nos viene hablando insistentemente del asunto de las pensiones. Las últimas noticias referidas al hecho de que, para pagar las pensiones públicas durante este verano, se ha tenido que utilizar buena parte del Fondo de Contingencia, por un importe de más de 4.000 millones de euros.

Por otro lado, creo que, a estas alturas, ya todos sabemos que nuestro sistema público de pensiones es un sistema de los llamados de “solidaridad intergeneracional” o de “reparto”, dicho de otro modo, unos venimos pagando las pensiones de ayer y de hoy con la esperanza, hoy se torna ingenua e incierta, de que otros paguen las pensiones de mañana. Pero, si no hay cotizantes no se pueden pagar las pensiones, porque se pagan al día con las cotizaciones del día. Si bajan las cotizaciones, por paro y por descenso de natalidad, y crece la esperanza de vida el sistema se hace, paulatina y progresivamente, menos viable.

Además de ello, los trabajadores y trabajadoras hemos tenido que cotizar al sistema obligatoriamente, por tanto no es un sistema de libre elección. Y tampoco deberemos equivocarnos con el concepto terminológico con el que se denomina nuestra aportación (cuota o cotización a la S. Social), cuando nuestra cotización se parece más, de hecho, a un impuesto que a una cuota, porque la diferencia entre cuota e impuesto, al menos en este caso, no es baladí.

Teniendo todas estas cuestiones por sabidas, la preocupación galopante se centra en un estrato de población de unos cincuenta y muchos años, donde se ha cotizado, afortunadamente en muchos casos, unos 40 años y, en algunos de esos casos, bastantes de esos años por la cotización máxima o, lo que es lo mismo, con la aspiración y justificación formal y legal de poder obtener la pensión máxima; por cuanto, nuestro sistema debería, al menos, amparar un cierto reconocimiento al esfuerzo y garantizar que quien más ha cotizado obtiene, por ello y en justa correspondencia, una mayor pensión. Lo contrario rompería el equilibrio y quebraría la justificación del esfuerzo, reforzando las tesis contrarias de que, como obtengo lo mismo, para qué cotizar por más.

Estas trabajadoras y trabajadores, a los que todavía les quedan entre 5 y 10 años de cotizaciones y esfuerzos, están escuchando, con suma preocupación, dos cosas importantes. La primera que no se sabe, a día de hoy, si se podrán jubilar a los 65, a los 66 o finalmente a los 67 años, con la derivada de que si se retrasa la jubilación también se retrasa la nueva oportunidad de empleo. La segunda, más importante que la anterior, que no se sabe, también a día de hoy, si habrá dinero para sus pensiones y si el importe de las mismas será en equidad al esfuerzo de cotización realizado, tanto en tiempo como en cuantía.

Si los peores presagios se cumplieran, jubilación a los 67 años (casi 50 años de cotización) y reducción de las cuantías de las pensiones, sobre todo las de mayor importe, bien se pudiera romper el principio de equidad, aunque no el de justicia social, por cuanto pudiera ocurrir que personas con menores años de cotización e inferiores cuantías cotizadas obtuvieran una pensión similar. De ser esto así, estaría justificado que se cambiase el nombre a las cotizaciones a la S. Social y se acuñara lo que realmente es, un impuesto obligatorio para la jubilación.

Pero, todo esto deviene de la crisis económica y de la falta de estímulos para crear empleo, desafortunadamente todo eso es lo que está consiguiendo Rajoy. Debiendo el Gobierno de España, del PP, con su mayoría absoluta, optar por reducir o recortar en una parte o en otra de los Presupuestos Generales de España. Aquí es donde radica la diferencia, lo distinto. La importancia de votar y de optar por una ideología o por otra. De elegir por una línea progresista o conservadora.

Puestos a elegir, por cuanto las políticas incentivadoras y generadoras de empleo están en desuso entre los conservadores, se podría optar por no reducir en pensiones y si hacerlo en otros capítulos de los presupuestos. Y es aquí y ahora donde está el debate social y político.

Con el objetivo de incentivar el debate democrático, yo creo que, de ser imprescindible, reitero imprescindible, se podría recortar en Defensa en vez de en Pensiones. Dicho esto, me apresuro a decir que respeto profundamente a la Institución Militar, democráticamente entendida y ejercida, y más singularmente las misiones de paz que desarrollan internacionalmente y, por ser de suma actualidad desgraciadamente este verano fruto de los incendios, también mi reconocimiento y gratitud a la Unidad Militar de Emergencia, que tan buen papel viene desarrollando desde su creación por el Presidente Rodríguez Zapatero.

Pero, dicho lo anterior, cabe recordar que la publicidad de Rajoy, al menos ante los Presupuestos de España para 2012, fue de reducción del capítulo de Defensa en un 8,8% respecto a 2011 y una disposición inicial de más de 6.000 millones de euros, unos 600 millones menos que el año pasado, de los que más de 300 millones de euros correspondían al capítulo de inversiones, aunque fue el ministerio que sufrió la menor merma en su presupuesto, por cuanto la media de reducción fue de casi el 17%.

Pero muy pocos meses después (los presupuestos se aprobaron y publicaron a finales del primer semestre), casi de “tapadillo”, el presupuesto de Defensa para este año ha experimentado un “súbito incremento” de más del 28%. El Consejo de Ministros acaba de aprobar un crédito extraordinario de casi 1.800 millones de euros para programas de armamento. Si esta partida se hubiera incluido ya en los presupuestos de 2012, el capítulo de Defensa hubiera sumado más de 8.000 millones, con un aumento de algo más del 16% respecto a 2011, en vez de reducirse inicial y publicitariamente en un 8,8%. Cabe recordar, para no olvidar, que si el actual Ministro de Economía y Competitividad, Sr. De Guindos, trabajó para Lehman Brothers, su homólogo en el Ministerio de Defensa, Sr. Morenés, estuvo muy bien relacionado con la industria armamentística, por cuanto y según Wikipedia, entre otras responsabilidades, ha sido Director General para España de la empresa de misiles MBDA.7.

Bien, pues como diría William Shakespeare, “ser o no ser, esa es la cuestión”. Aquí la cuestión, al menos a la hora de optar, es optar bien, optar por los ciudadanos, optar por sus derechos, en este caso derechos contributivos o cotizados, optar por su bienestar y optar finalmente por su futuro, después de 50 años de cotizaciones. Luego, si esa es la cuestión, yo opto por pensiones antes que por cañones.

¿Existe un futuro para Navarra sin Yolanda Barcina?

Navarra, mejor dicho las personas que la habitamos, estamos atravesando serías dificultades económicas, sociales y políticas, las cuales están conllevando decisiones de gobierno que afectan a lo sustancial del denominado Estado del Bienestar (educación, salud, políticas sociales, etc.), aunque las mismas, a todas luces y a los resultados me remito, no están consiguiendo los objetivos que inicial y teóricamente justificaron su adopción.

Estas decisiones de gobierno, generalmente acordadas por el Gobierno de España, del PP, se escriben en Reales Decretos Ley, tramitados con urgencia y bajo el conocido “paraguas” de legislación básica o, lo que es lo mismo, de obligado cumplimiento por las CC AA. Por tanto, cabría preguntarse ¿para qué sirven las CC AA? Para algunos, entre los que no me encuentro, para nada. Mejor dicho, esta es la ocasión de “recentralizar” las competencias en un nuevo estado jacobino y español.

Desde una posición radicalmente democrática nada que objetar a que unos defiendan un estado jacobino, otros la independencia de Euskadi, en este caso con Navarra incorporada, mientras que algunos otros defendemos una España federal dentro de una Europa también federal. La democracia legítima indicará el camino a recorrer en cada momento y circunstancia.

Lo importante no es lo que se defiende, lo trascendente en este caso es lo que se es. Navarra es una Comunidad Foral (luego no es una Comunidad Autónoma clásica), cuyas competencias devienen del antiguo Reino de Navarra, que estuvo vigente hasta 1841 y del cual emana nuestro particular régimen de autogobierno, denominado Régimen Foral. Además, la Constitución Española de 1978 ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales. Por tanto, sólo se puede respetar lo que es diferente y amparar lo que es externo. La Constitución reconoce, por tanto, el carácter preconstitucional del fuero navarro.

Por ello, la pregunta es: ¿ampara y respeta el Gobierno de España (PP) el Régimen Foral de Navarra? Concatenada a esta, cabría la siguiente: ¿defiende el Gobierno de Navarra (UPN), ante el Gobierno de España (PP), nuestras competencias derivadas de nuestro Régimen Foral? Obviamente, aquí pueden aparecer diferentes opiniones, tantas como opciones políticas. En mi caso creo que no, que no está defendiendo el Gobierno de Yolanda Barcina las competencias forales de Navarra. Añadida a esta opinión personal y, por tanto, subjetiva, cabría una derivada, cual es que Yolanda Barcina está más en las tesis “recentralizadoras” del PP, hacia la construcción de un estado jacobino y español, que en la posición de defensa de una España federal dentro de una Europa federal.

De ser esto así, y lo hechos van cimentando esta hipótesis día a día, Yolanda Barcina estaría actuando en contra de su juramento, cuando tomo posesión de su cargo, en contra de la historia, de las leyes y de los acuerdos adoptados en nuestra Comunidad Foral y, no menos importante, en contra del leitmotiv que justificó la fundación de UPN.

Pero, además de poder estar actuando Yolanda Barcina en contra de nuestro Régimen Foral, también está actuando en contra de los intereses directos de la ciudadanía navarra, titular, en última instancia, de los citados derechos históricos. Yolanda Barcina, a través de su gobierno monocolor, está atacando directamente el Estado de Bienestar foral, en una parte por omisión o, dicho de otra forma, por inacción ante las decisiones del Gobierno de Rajoy y, por otra, por las decisiones directas adoptadas por su gabinete.

No seré yo quien le diga a ningún partido u organización quién debe ser su representante. Esto pertenece a una digamos esfera privada, que corresponde a cada organización. Me referiré exclusivamente al ámbito público o institucional y a los hechos concretos y constatables. Cierto es, lo decía al principio que estamos inmersos en serias dificultades económicas, sociales y políticas, pero no es menos cierto que Navarra no va bien, mejor dicho Navarra va mal.

Navarra tiene dificultades financieras, no aumentan los ingresos fiscales sino que decaen. En consecuencia, la soluciones “populares” que se aplican son las mismas recetas del PP, lo que es lo mismo la reducción del Estado del Bienestar foral, mediante un seguidismo consentido y cómplice, olvidándonos de nuestras competencias y de nuestro Régimen Foral.

Yolanda Barcina ha generado, a su vez, una inestabilidad institucional que no beneficia, todo lo contrario, la imprescindible confianza inversora, más necesaria que nunca en tiempos de crisis económica. Y, lo más importante, la actual Presidenta de la Comunidad Foral no tiene o, cuando menos no lo expone, un proyecto de futuro para salir de la actual crisis económica y social en Navarra, que no pase ni por “recentralizar” ni por “independizar”, sino por creer en esta tierra y en sus gentes.

Ante esta tesis, mi pregunta continuada y constante es si existe un futuro para Navarra sin Yolanda Barcina. Creo que si, por cuanto nadie es insustituible, aunque no esté, hoy por hoy, esa pelota en mi tejado.