Poder ciudadano y elección directa. Propuestas para el futuro

Sé que estas propuestas no son aplicables de forma inmediata. Creo que las mismas, una vez formuladas y ajustadas a derecho, deben recibir el mayor consenso posible. Pero también considero que, como ideas renovadoras, deben ser expuestas y sometidas a la crítica y, cómo no, a la consideración social, por cuanto la ciudadanía, titular del derecho democrático, mediante el que otorga la representación institucional a unos u otras, está interesada en estos temas y, lo más importante, preocupada por lograr fórmulas de acercamiento entre el representante y el representado y de dependencia del segundo con respecto al primero.

Cierto es que, hoy por hoy, lo importante es la superación de la crisis económica; la generación de empleo, sobre todo de calidad; la defensa y el afianzamiento de nuestro estado de bienestar, mediante la mejora de la sanidad, la educación, las políticas sociales, la dependencia o las pensiones, todo ello asentado en el sector público, verdadero motor igualitario a la hora de llevar esos derechos a todas y todos, con independencia del estatus económico o social de cada ciudadano o ciudadana.

No menos importante lo es también la superación de la lacra de la corrupción, la cual se combate, sobre todo y de manera singular, con la aplicación de la máxima transparencia en la gestión de lo público, no solo de las instituciones, sino también de todos los agentes políticos, económicos y sociales que intervienen, de una u otra manera, en la toma de decisiones y/o en la ejecución de los servicios públicos.

Pero, además de todo lo anterior, no deja de tener interés el modelo de elección de los representantes institucionales, por cuanto es una derivada de lo planteado, cuya mejora se precisa para que los objetivos enunciados anteriormente se apliquen con mayor calidad democrática. No quiero decir, no es mi intención, que los modelos electorales aplicados hasta ahora no sean democráticos, por supuesto que sí, pero quiero hacer hincapié en la posibilidad de mejorarlos y, sobre todo, intentar reducir la distancia entre el elector, titular del derecho, y el elegido, persona respetable y comprometida, pero que se debe al primero.

A este respecto, mi sugerencia reflexiva se centra en dos aspectos. El primero está relacionado con la conveniencia, según mi punto de vista, de que las listas electorales de cada partido o coalición electoral, todas ellas, tanto las de los ayuntamientos, como las de los parlamentos autonómicos y las del congreso nacional, no sean listas bloqueadas.

Es decir, que el partido no predetermine inexorablemente el orden de los candidatos y que, por el contrario, sean los electores los que libremente atribuyan el orden a partir del segundo puesto, por cuanto el primer puesto se obtendría, como ya ocurre en el PSOE, mediante primarias abiertas a la ciudadanía, método que debiera ser de obligado cumplimiento, para lo cual debería tener el amparo legal suficiente.

Por tanto, el ciudadano, mediante el método que se acordase, elegiría primero la ideología deseada, la opción política que considerase más interesante y, a continuación, marcaría el orden de los candidatos y candidatas que creyese más conveniente, en la papeleta electoral de dicho partido.

El segundo aspecto que deseo compartir está relacionado con la designación, una vez celebradas las correspondientes elecciones, bien municipales, autonómicas o generales, de los Alcaldes o Alcaldesas, Presidentas o Presidentes autonómicos y Presidente o Presidenta del Gobierno de España. Hasta ahora, con el matiz para la elección de Alcalde o Alcaldesa, de no obtenerse mayoría, dicha designación correspondía a cada institución o corporación, mediante la votación de los representantes institucionales recién elegidos. La propuesta que se plantea a reflexión desplaza dicha elección desde la representación indirecta (concejales/as, parlamentarios/as, etc.) a la representación directa, el cuerpo electoral.

Es decir, si en una de estas instituciones o corporaciones, ningún partido o coalición hubiese obtenido la mayoría absoluta de los miembros que la conforman, en cuyo caso el Alcalde o Alcaldesa, la Presidenta o Presidente autonómico o la Presidenta o Presidente de la nación sería el designado previamente mediante primarias abiertas, una vez refrendado por la correspondiente institución, de no haber mayoría absoluta serían los ciudadanos y ciudadanas, mediante una segunda votación general, convocada al efecto, los que eligiesen a la persona de entre los candidatos o candidatas designados mediante primarias abiertas y pertenecientes a los dos partidos o coaliciones que hubiesen obtenido mayor número de votos en las correspondiente elecciones municipales, autonómicas o generales.

De esta manera, sería la ciudadanía directamente la que siempre otorgaría la representación, primero mediante las primarias abiertas, segundo mediante la asignación del orden de prelación de cada candidatura, en el momento de votar, y finalmente designando a la persona a ocupar la máxima representación y responsabilidad de cada institución, si previamente nadie hubiese obtenido mayoría absoluta. Con ello, la ciudadanía es la que siempre manda. Como debe ser, por otra parte.

Elecciones, ofertas y compromisos 2015

Ya sé que normalmente esto suele ocurrir en las ferias y fiestas, pero también ocurre, al menos cada cuatro años, en todos los procesos electorales. Me refiero a la digamos "tómbola" que todos los partidos y coaliciones concurrentes a un proceso electoral exhiben y publicitan de cara a conseguir el voto de la ciudadanía, con ofertas y compromisos de toda índole y variedad. No diré demasiado al respecto, por cuanto considero que los electores saben distinguir entre lo que se oferta y lo que luego se puede cumplir y, por tanto, se cumple.

Si me interesa reflexionar públicamente sobre algunas ofertas de corte fiscal; es decir, todas aquellas propuestas tendentes a reducir la presión fiscal, lo cual, según parece, puede atraer, por resultar interesante, a una buena parte del cuerpo electoral, no solo al sector conservador, sino también a parte del sector progresista.

Lo importante del asunto es que la ciudadanía, titular de derechos y obligaciones, muchas veces actúa de forma distinta ante lo público que ante lo personal o privado. Como personas, como consumidores, cuando necesitamos algún producto o servicio primero analizamos las ofertas, sus prestaciones, su garantía, su eficiencia energética, etc., etc. y luego lo ponemos, todo lo anterior, en relación al precio que deberemos pagar por ello y la opción de compra se suele sustentar en el equilibrio entre ambos aspectos, calidad y precio.

Por contra, cuando actuamos como ciudadanos, casi siempre ponemos en primer lugar el precio, los impuestos, y luego la calidad, el servicio. Es decir, como ciudadanos queremos pagar poco y, a su vez, tener buena sanidad, educación o servicios sociales, no poniendo en la balanza y a la vez la calidad y el precio, el servicio y los impuestos.

Sería deseable que, como ciudadanos, antes de ejercer nuestro derecho electoral, antes de dejarnos seducir por ofertas y propuestas de bajadas de impuestos, la cuales nos llevarán a tener que reducir inexorablemente la calidad de los servicios, analicemos profundamente que prestaciones públicas demandamos y exigimos, tanto en servicios sociales, como en sanidad o educación, etc., y que "precio" estamos dispuestos a pagar por ellos. Hagamos siempre la reflexión de lo público como actuamos en lo personal o privado, primero qué quiero tener y después cuánto estoy dispuesto a pagar, por cuanto, si no lo hacemos así nos estaremos haciendo trampas a nosotros mismos.

Lo anterior no está reñido con el deseo o anhelo de que las cosas, todas ellas, nos cuesten lo menos posible, aplicando mejoras en la gestión y modelos de eficacia y eficiencia, pero siempre manteniendo un nivel de calidad de las mismas. Para ello, lo primero a debatir y exigir a los partidos presentes en las próximas contiendas electorales es que nos formulen ofertas claras y nos aseguren fehacientemente compromisos sobre qué servicios y con qué calidad nos los van a prestar, si son nuevos, o los van a mejorar si ya existen, para después y solo después, garantizado lo anterior, nos realicen propuestas de reducción fiscal, equilibrio presupuestario o incremento de los ingresos públicos, sin olvidar un objetivo importante, cual es la reducción progresiva de nuestra deuda pública, como lo hacen las familias reduciendo paulatinamente su deuda privada.

Solo así, poniendo en nuestra personal y privada balanza lo que se nos ofrece y lo que nos va a costar, lo que deberemos pagar fiscalmente por ello, podremos ejercer mejor y más libremente nuestro derecho ciudadano como electores responsables. Lo contrario, la formula de decir que quiero que paguéis menos y esconder lo esencial, cual es que pagando menos tendremos inexorablemente menores y peores servicios, es una práctica política y electoral que debiera ser repudiada por la ciudadanía.

Así mismo y sustentado en lo anterior, algo parecido se podría decir de aquellas ofertas que conllevan promesas de nuevos servicios o prestaciones públicas, sobre las cuales también se esconde el coste de las mismas y, por consiguiente, de qué forma se van a financiar. Un nuevo servicio tiene un coste impositivo y su financiación se soporta en más ingresos o derivando un ahorro de otros gastos y asignar esos ahorros a financiar las nuevas prestaciones.

Estas nuevas y, a veces, ilusionantes promesas debieran ir acompañadas del método de financiación y, si no lo llevan anexado, debieran carecer de valor y, por ello, dejar de ser analizadas, como tales, por la ciudadanía. No hay que obviar que el funcionamiento de una institución pública es muy similar al de una familia, esto es que los gastos deben estar soportados en los ingresos y que ambos sumatorios deben tener el mismo valor final, por cuanto no se puede gastar globalmente más de lo que se ingresa. Otra cosa es que cada opción política decida democráticamente gastar más aquí que allí y, por tanto, con los ingresos garantizados, desarrolle unas políticas públicas de un tenor u otro.

Por tanto y a modo de conclusión, promesas y compromisos de menores ingresos, mediante reducciones fiscales, conllevarán reducciones de servicios públicos y, por contra, ofertas de aumento de los servicios sin incrementos fiscales o reducciones de otros servicios, para efectuar trasvases o transferencias presupuestarias, conllevarán nuevos déficits y, por tanto, más deuda pública, la cual la deberán pagar las futuras generaciones, lo cual supone, de facto, un planteamiento intergeneracional insolidario.