Dos caminos y un mismo fin, atender en Navarra a las personas y familias en situación real de dificultad social o sociolaboral

La ciudadanía navarra, sus contribuyentes, todas y todos constituimos una sociedad solidaria, desde el voluntariado, la cooperación o la atención a las personas residentes en nuestra Comunidad Foral que están atravesando una situación de dificultad grave. Entre los muchos instrumentos y normas existentes, cabe recordar, por estar de plena actualidad, el Decreto Foral 168/1990, que estableció por primera vez, allá por 1990, una prestación conocida, hasta anteayer, como Renta Básica. Dejo para los más memoriados qué opción política tenía la responsabilidad de gobernar Navarra en aquel entonces y si el suscribiente pintaba algo en la materia.

Pasados más de 20 años, nadie pondrá en duda que las cosas han cambiado sustancialmente, sobre todo ante las inclemencias económicas, de empleo y sociales que los poderosos, los llamados mercados, nos han traído, sin pedirlo ni necesitarlo, a Europa, también a España y, como no, a Navarra en los últimos tres años. Por esa razón y no otra, nuevamente una Consejera socialista, Elena Torres, ha mirado de frente y ha tomado la decisión de actualizar este tipo de prestaciones, ajustándolas al momento presente y dando una respuesta personalizada a situaciones diferentes, siempre dentro del marco de la atención a las personas y familias en situación de dificultad social o sociolaboral.

Mucho se ha escrito y hablado, no siempre con buena intención, sobre la vigente, desde el 4 de febrero, Ley Foral que regula la Renta de Inclusión Social. Una prestación que actualiza la veinteañera Renta Básica y que centra sus esfuerzos y estímulos en cubrir las necesidades esenciales y en fomentar la incorporación social de las unidades familiares en situación de exclusión social. Por tanto, las unidades familiares y las personas que las conforman, que se encuentren en situación de exclusión, siguen teniendo el apoyo de la sociedad Navarra, mediante una atención específica para un colectivo concreto.

La Consejera Elena Torres ha venido insistiendo hasta la saciedad, a veces para personas poco favorables a la escucha activa, que había otro colectivo de personas que también precisaban de una atención y apoyo y que no eran objeto de estar bajo el marco de la citada ley foral, por no ser personas en situación de exclusión sino en situación de desempleo, para las que también se iba a desarrollar una normativa singular, independiente y específica; es decir, que estas personas no estaban en el olvido político e institucional de la Consejera de Política Social. ¿Se le dio crédito o margen para poder demostrarlo? No.

Pero la Consejera Elena Torres cumple y el PSN-PSOE también. Siete días más tarde de la entrada en vigor de la mencionada Ley Foral que regula la Renta de Inclusión Social, para las familias en situación de exclusión social, el viernes 10 de febrero, presentó la Orden Foral que establece y regula una nueva ayuda económica, denominada Ayuda para la Incorporación Sociolaboral y mejora de la Empleabilidad, destinada a atender las necesidades básicas de las personas que se encuentran en situación de dificultad sociolaboral y favorecer su reincorporación en el mercado de trabajo o, cuando menos, propiciar una mejora en su empleabilidad.

Por tanto, dos situaciones personales o familiares distintas ya cuentan con dos respuestas diferentes y específicas. La atención a las unidades familiares en situación de exclusión social tiene una cobertura pública desde la Renta de Inclusión Social. Por otro lado y de forma independiente, las personas que se encuentran en desempleo y han agotado sus prestaciones y subsidios, también tienen el apoyo público mediante la Ayuda para la Incorporación Sociolaboral y mejora de la Empleabilidad. Nadie ha quedado fuera y sin atención. Cada persona o familia tiene una respuesta pública ajustada a sus necesidades.

Por ello, para que nadie quede fuera, si la Ley Foral que regula la Renta de Inclusión Social entró en vigor el pasado 4 de febrero, la Orden Foral que establece la nueva Ayuda para la Incorporación Sociolaboral y mejora de la Empleabilidad surtirá efectos también desde el mismo 4 de febrero. Todo enlazado y nada abandonado. Lo que dijo la Consejera de Política Social, Elena Torres, lo cumplió el pasado viernes 10 de febrero. En esta ocasión, del dicho al hecho no ha habido trecho. Puede ser poco habitual el que una responsable pública haya cumplido su palabra, pero eso no es excusa para reconocer que, en esta ocasión, no digo que sea la única, la Consejera Torres dijo la verdad y ha cumplido con su palabra.

¿Alguien reconocerá el trabajo bien hecho? Por lo menos existe la conciencia ética, el compromiso público y social y la constatación de que los y las socialistas, cuando ejercemos una responsabilidad pública, lo hacemos en función de las personas, en defensa del interés general y manteniendo la solidaridad, para que ésta siga siendo sostenible. Por último, no puedo menos que reconocer y agradecer a la sociedad navarra, a todos los contribuyentes, el apoyo solidario a las políticas sociales del Gobierno de Navarra.

Hacer más con menos, también en Política Social

A estas alturas casi todo el mundo sabe que la situación socioeconómica es de extrema dificultad. Por ello, la ciudadanía viene exigiendo a las administraciones públicas que sean conscientes del problema y ajusten, en consecuencia, su funcionamiento a esta nueva y complicada realidad. Así lo practicó el Gobierno de Navarra y particularmente el Departamento de Política Social, Igualdad, Deporte y Juventud, bajo la responsabilidad de Elena Torres, reduciendo la estructura directiva y de apoyo a la gestión, como sus gastos de funcionamiento.

Pero, no solo el Departamento de Política Social presta servicios públicos a la ciudadanía navarra, también muchas entidades del tercer sector o sector social prestan servicios, financiados con los presupuestos públicos, a los navarros y navarras. Todos deberemos reconocer, yo bien lo valoro, la riqueza que tiene nuestra Comunidad Foral al contar con tantas y tantas entidades, desde hace tanto y tanto tiempo, que se ocupan y preocupan por los demás, desde el más profundo desinterés y altruismo.

No, no me estoy refiriendo a estas entidades, a las que hay que proteger, mimar y conservar. Me quiero referir solamente a aquellas otras que prestan servicios públicos financiados por presupuestos públicos o a la parte organizativa de algunas de las primeras que, no respondiendo exclusivamente al modelo asociativo y de defensa de intereses colectivos, desarrollan en paralelo la prestación de servicios de competencia pública, sin deslindarse suficientemente lo segundo de lo primero y no sabiendo muchas veces si son o actúan como una asociación o como una empresa.

Los poderes públicos debemos proteger e impulsar la existencia de estas asociaciones o fundaciones pero, a la vez y sin excusa, deberemos profundizar nuestra exigencia en aquellas otras prestadoras de servicios públicos, aunque sean de las denominadas, en sus estatutos, sin ánimo de lucro. El ciudadano que necesita una atención la debe recibir con calidad y bajo parámetros de planificación y coordinación públicos, al margen de que los preste la propia administración, una entidad sin ánimo de lucro o una empresa privada concertada. Los derechos recogidos en las normas los deben garantizar, sin exclusión, las administraciones públicas.

Por tanto, si la ciudadanía exige de los poderes públicos la optimización de los recursos mediante la indispensable coordinación y la reducción de costes indirectos y de estructura, deberemos entender que esta ciudadanía no traza una línea divisoria para esta exigencia, sino que dicha obligatoriedad debe extenderse a todo y a todos los que prestamos y prestan servicios públicos.

Este es el reto que tenemos por delante, nada fácil por cierto, por cuanto aquí se entrecruzan otros intereses, que ya no son los meramente altruistas y de servicio a la comunidad, sino de puestos de trabajo o de salarios, especialmente los de dirección y gestión. Pero, en el Departamento de Política Social tenemos dos obligaciones que atender, la primera es la exigencia ciudadana de optimización y reducción de costes indirectos, la segunda es que, con la entrada en cuanto a ser objeto derechos de las personas valoradas como Dependientes – Moderados 2, la Agencia Navarra para la Dependencia debe dar una respuesta pública a estos derechos subjetivos.

Esta nueva situación, nada menor por cierto, nos lleva a asumir la prestación de estos servicios desde la planificación, coordinación y responsabilidad públicas, debiendo dejar de ser prestados, de forma más o menos altruista, aunque siempre financiada por fondos públicos, por entidades, asociaciones o fundaciones, las cuales no las desarrollaban, al menos en la mayoría de los casos, para el conjunto de la ciudadanía, sino para sus propios asociados.

Esta transformación asociativa, que supone el mantenimiento, si así se desea, de cada asociación, pero que supone deslindar la prestación de servicios de responsabilidad pública, de forma atomizada, a un modelo más integrado y generalista para el conjunto de personas que precisen de dicha atención y no solo para sus asociados, bajo parámetros de eficacia, eficiencia, calidad, transparencia y concurrencia pública y competitiva, es lo que vamos a desarrollar, por exigencia legal y ciudadana, durante este 2012, con el fin de que esté implantado para el próximo ejercicio presupuestario.

Aun no siendo tarea fácil, por cuanto es romper con tradiciones de largos años, con culturas específicas y con parcelas de poder social, sabemos que contamos con la comprensión de las Directivas de las entidades y, como no, también con los propios usuarios y usuarias de los servicios, por cuanto verán concretado su derecho en un programa de atención bajo la responsabilidad exclusiva de la administración pública.

Otros temas serán de mayor dificultad, al tener que abordar la reducción de estructuras directivas, con contratos de alta dirección y con salarios, en algunos casos, superiores al de los Consejeros del Gobierno de Navarra. Aquí también vale la reflexión y exigencia de reducción de costes, para dedicar los recursos a los programas de atención a las personas y no a las capas dirigentes de las organizaciones, cuando estás asociaciones o fundaciones, además, son formalmente sin ánimo de lucro.

Por ello, en el Departamento de Política Social entendemos que quien financie su funcionamiento con sus propios fondos, nada tenemos que decir ni objetar, pero que, por el contrario, quien financie su funcionamiento y actividades, en buena parte o en su totalidad, con fondos públicos, tanto en tercera edad, en discapacidad, en cooperación, en menores o en consumo, por citar algunos ámbitos, los salarios e incentivos de sus dirigentes y gestores no deberán rebasar unos determinados límites. Sin son servicios públicos la referencia es clara, no más de los niveles establecidos para los propios responsables de estas mismas áreas o servicios específicos de la administración pública.