Papa Francisco: “jamás he sido de derechas”

Alegra mucho escuchar, más en estos tiempos, a personas que representan a altísimas instituciones mundiales pronunciase sobre sus sentimientos y pensamientos. Me estoy refiriendo, en este caso, a las posiciones que, según han reflejado, días pasados, bastantes medios de comunicación, tiene y expresa el Papa Francisco, por cuanto, según parece, el Pontífice manifestó, entre otras muchas cuestiones, que "jamás había sido de derechas" y pidió a la Iglesia que hable menos "del aborto y del matrimonio homosexual" y dijo apostar por colocar a la mujer "donde se toman decisiones".

Esta es la forma de ser, de pensar y de creer del Papa Francisco. Ideas, reflexiones y convicciones reflejadas en una entrevista publicada y difundida por numerosas revistas de cultura de la Compañía de Jesús y realizada por el director de La Civiltà Cattolica, el jesuita italiano Antonio Spadaro, que recoge un diálogo de más de seis horas con el Pontífice.

El máximo representante de la Iglesia Católica y del Estado de la Ciudad del Vaticano o Santa Sede demuestra que, debajo de los hábitos, de los símbolos propios de su cargo, hay una persona, un hombre en este caso, que tiene cabeza y, de forma indisoluble, también corazón, que piensa pero, a la vez, también siente y, como piensa y siente, también sufre, en especial por las personas más desfavorecidas.

No dejo de reconocer mi respeto y hasta un punto de admiración hacia el Papa Francisco, por lo que nos viene diciendo, en especial a los católicos, pero también a todas aquellas personas que, como es mi caso, no practicamos dicha religión, pero nos sentimos vinculados por similares ideales, aunque desde posiciones éticas y progresistas, respetando que otras personas lo hagan desde creencias morales y cristianas. Siempre se ha mantenido, al menos en el debate teórico, que si Jesucristo viviese sería, sin lugar a dudas, de izquierdas.

Algunos hemos convivido y crecido políticamente, especialmente en los años previos a la transición española, en los entornos de la iglesia católica, en las salas de muchas casas parroquiales, seminarios o iglesias de barrio, junto a sacerdotes o curas llamados obreros, que colaboraron, cómo no reconocerlo, a que las personas superásemos lo vivido hasta ahora y creásemos algo distinto, para todos y todas y entre todas y todos.

Por todo ello, ahora, más de 40 años después, tengo una sensación agridulce. Por un lado, veo con esperanza como la máxima institución de la Iglesia Católica se manifiesta y posiciona en temas que, hasta hoy al menos, han venido sirviendo de confrontación y división entre personas, entre buenos y malos, entre creyentes y agnósticos. Posiciones que, desde la ética humanista y progresista y sin entrar en matizaciones, básicamente comparto. Pero, a su vez, creo intuir, me gustaría equivocarme, que la mayoría del entramado jerárquico de la misma Iglesia Católica no comparte ni aplica los postulados de su Pontífice.

Es difícil separarse, después de tantos años pegado al poder económico y político de los gobiernos; es decir, de los poderosos, compartiendo, en algunos casos, intereses. Pero, por el bien común, es necesario hacerlo. Es imprescindible que todos pongamos al ser humano, a la persona, en el centro de nuestras miradas y de nuestros actos. El Papa Francisco así lo entiende y pretende practicarlo. Las políticas que se están ejecutando en muchos países, también en Europa y, cómo no, en España, los recortes sociales no dejan lugar a dudas. Estas políticas conservadoras no ponen a la persona por delante sino que los intereses de los poderosos son los que prevalecen.

A las pruebas me remito. Las grandes empresas españolas, las del IBEX 35, están obteniendo beneficios, mientras que los trabajadores estamos recibiendo perjuicios. Los que ponderadamente menos impuestos pagan, ganan y los que más recursos públicos aportan, pierden. Unos obtienen dividendos y los otros ven mermados sus derechos sociales, algunas veces ejecutados con nocturnidad y alevosía, como es el caso del último copago sanitario de 42 fármacos que se dispensan en los hospitales.

Y, mientras ocurre todo esto, la Iglesia Católica en España, al menos su jerarquía, no pone al máximo volumen sus altavoces y "grita", a los cuatro vientos, su disconformidad con estas medidas, separándose del poder económico e ideológico y acercándose al ser humano, a los que sufren, a los necesitados, pidiéndole al Gobierno de España y también al Gobierno de Navarra, como es mi caso, al Sr. Rajoy y a la Sra. Barcina, que no apliquen estas políticas antisociales, que piensen más en los más necesitados y que pidan más esfuerzo a los que más tienen.

Este es el giro que, tanto desde el humanismo cristiano como desde la ética progresista, deberemos lograr. El cambio social hacia el progreso en Navarra, tanto desde la política como desde la sociedad o desde la religión, es posible, es necesario, es imprescindible. Es urgente que las personas, los más desfavorecidos, sean el eje de actuación de todas y de todos, por encima de ideologías o de creencias y eso es lo que, desde mi humilde interpretación, ha querido expresar públicamente el Papa Francisco.

Dime de que presumes ............

Con mayor frecuencia de lo que pueda parecer se suele utilizar la frase "dime de que presumes y te diré de que careces”, que bien puede utilizarse ahora para definir la situación política de Navarra.

Todas y todos hemos vuelto de nuestra vacaciones y, con ello, nos estamos enfrentando, unos con mayores dificultades que otros, a la realidad laboral y personal, sin olvidar, por cuanto no deberemos hacerlo, la realidad social y política de nuestra Comunidad Foral. Siguen, seguimos conviviendo, no sin dificultades, con la dureza de la crisis, que sigue machacando a los de siempre, aunque se le pinten colores vistosos para distraer, como los últimos nuevos 31 empleados más.

Comienza también en Navarra un nuevo curso político. La Presidenta de nuestra Comunidad Foral está decidida, así lo ha manifestado recientemente, a agotar la legislatura y, por ello, no habrá elecciones hasta el año 2015. Dos argumentos se han venido utilizando por parte de UPN, como justificación y soporte a ello. Uno, muy discutible por cierto, es que el resultado de unas hipotéticas elecciones anticipadas sería malo para Navarra, por cuanto variaría muy poco la composición del Parlamento Foral. El otro es que el Gobierno de Navarra, en minoría parlamentaria, no está paralizado o, dicho de otra forma, haciendo más bien poco.

El primero de los argumentos se desmonta por sí solo, por cuanto el ejercicio democrático nunca es malo para nadie y, por ello, unas elecciones intrínsecamente nunca son malas, sino todo lo contrario, salvo que lo que se piense, aunque no se haya querido decir, es que el resultado no es que fuese malo para Navarra sino que lo pudiera ser para UPN.

El segundo, referido en este caso a la inacción del Gobierno, se podría contrastar con datos objetivos y difícilmente rebatibles. No hay más que leer el Boletín Oficial de Navarra (BON), que prácticamente no reflejaba actividad gubernamental alguna, obviamente salvo la sucesión y reiteración de ceses y nombramientos de cargos y altos cargos, especialmente en el Departamento de Salud. En este caso, el BON es como un electrocardiograma gubernamental, por cuanto refleja y por escrito la acción de los órganos de la administración, en este caso del Gobierno de Navarra, marcando unas líneas cuasi planas, acercándose a la parada cardiaca.

Pero bien pudiera utilizarse un segundo argumento, en este caso subjetivo, aunque utilizado por la propia Presidenta del Gobierno foral. Me refiero a sus recientes declaraciones oficiales ante consejeros, directores generales y jefes de Gabinete, en las que les decía "que no bajen los brazos ante quienes llevan un año hablando de una legislatura agotada" y les pedía "ánimo, ingenio y audacia para sacar adelante todos los proyectos previstos".

Es decir, Yolanda Barcina les pidió a sus altos cargos que tuvieran ánimo, ingenio y audacia para sacar adelante los proyectos previstos. No les dijo, aquí viene el matiz, que mantuvieran el ánimo, el ingenio y la audacia, sino que tuvieran esas actitudes y comportamientos, lo cual no es más que reconocer que no se tenían hasta ahora o, dicho de otra forma, que hasta ahora no se estaban sacando adelante los proyectos previstos. Esta es la cruda realidad, para desgracia de la ciudadanía navarra, que está soportando insistentemente las inclemencias de la crisis y tomándose las medicinas y remedios que la derecha les receta. Medicinas y remedios que, a todas luces, no sirven, y a los resultados me remito.

Se presume de acción de gobierno y, por contra, se reconoce, implícitamente al menos, la falta de la misma, solicitando a los altos cargos de la administración foral que tengan ánimo, ingenio y audacia. Será porque dichos comportamientos son los que Yolanda Barcina viene practicando, día a día, para seguir sentada en el sillón presidencial, aún cuando los remedios medicinales aplicados hasta hoy no estén curando a nuestra enferma Navarra. En definitiva, se presume de lo que se carece.

Puede ser un comportamiento ejercido por parte de la sociedad y seguramente será una característica más reconocible entre algunos políticos, pero pienso que no debe ser, en ningún caso, un valor sino un demérito, por cuanto la sinceridad y la transparencia en el ejercicio de la representación institucional y política debe ser la seña de identidad y lo contrario el repudio de la sociedad. No hay que presumir, menos de lo que se carece. Hay que trabajar y, si no es posible, hay que dejar paso a nuevos escenarios democráticos, porque, por encima de cada cual, Navarra merece la pena.

¿Cuál es mi bandera?

Durante las últimas semanas estoy constatando, con cierta preocupación y, por qué no, también con bastante estupor, posicionamientos sociopolíticos referidos, en este caso, al tema de las banderas, con la especial particularidad que conlleva este asunto en Navarra. Quiero dejar bien claro y antes de nada que mi bandera no tiene color, si tiene imágenes, que no son otras que las de mis conciudadanos, las de mis vecinas y vecinos y, por extensión, las del conjunto de personas que poblamos este planeta. Obviamente, ni que decir tiene que este tema, tan insignificante diría yo, ha cogido cierto auge a raíz de lo acontecido en los momentos previos al lanzamiento del último chupinazo de Pamplona.

Según Wikipedia una bandera es: una pieza de tela, normalmente rectangular, aunque puede adoptar formas muy variadas, que se sujeta por uno de sus lados a un asta, o se cuelga de una driza. Es decir, una bandera, al margen de los sentimientos individuales o colectivos que las personas queramos depositar en ella, es eso y solo eso, una pieza de tela, generalmente compuesta con distintos colores, formas o dibujos. Insisto en la idea, es una pieza de tela y, por tanto, somos las personas las que la “transformamos” en algo distinto.

Las banderas se utilizan tanto para identificar o representar a una persona o grupo de personas como también, por ejemplo, a un ejército. Y, aquí viene la pregunta, ¿se utilizan, al menos en el caso de nuestra Comunidad Foral, para identificar o representar o, más bien, para diferenciar y excluir? El día que nos demos una respuesta sincera a esta pregunta habremos avanzado mucho en nuestra convivencia plural.

Cierto es que Navarra está conformada por personas de distinto pensamiento y que éstas tienen sentimientos a veces divergentes, tanto en lo cultural, como en lo político o en lo religioso, por citar algunos. Pero, cierto es también que deberemos convivir respetando, en primer lugar, a nuestros convecinos, sin imposición ni diferenciación alguna, por cuanto todas y todos somos personas. Por ello, hace tiempo que me he manifestado, a las pruebas de mi blog me remito, sobre la necesidad de respetar y amparar la diversidad cultural e idiomática de nuestra Navarra, por cuanto, tanto el castellano como en vascuence o euskera son idiomas navarros y, en consecuencia, españoles, legitimados tanto por nuestra Constitución como por nuestra LORAFNA. Resumiendo la idea, en lo religioso como en lo político respeto a la pluralidad y en lo referido al ámbito cultural, apoyo a nuestra diversidad cultural, desde la premisa mayor de “no imponer, no impedir”.

Otra cuestión es cuando se pretende superar o desbordar forzadamente lo cultural, intentando disfrazarlo como tal, pero siendo realmente una cuestión bien distinta, como es lo políticamente indentitario, representado, en este caso, por una bandera. Es un arte la que viene practicando, desde hace unos cuantos años, la inexactamente llamada izquierda abertzale, fundamentalmente en nuestra Comunidad Foral, por cuanto su real imposición es disfrazada, con acierto por su parte, de una falta de libertades y una imposición aplicada, supuestamente en su contra, por las instituciones forales. Enlazo con lo anterior, el vascuence o euskera es un idioma navarro, pero la ikurriña es una representación de la Comunidad Autónoma Vasca y, en consecuencia, de las personas que en ella conviven, teniendo la Comunidad Foral de Navarra su propia bandera, desde tiempo inmemorial, cosa que, desde el respeto institucional, no se puede decir lo mismo de la bandera, inicialmente partidaria y no institucional, representativa de nuestra comunidad vecina.

Obviamente, si en algún momento, libre y democráticamente, la ciudadanía navarra decidiese integrarse en la Comunidad Autónoma Vasca, legítima aspiración de bastantes navarros y navarras, es ese y no otro el momento en el que sería representativa la ikurriña también de nuestra Comunidad Foral, pero ese momento todavía no ha llegado y, apelando al convivir democrático, no es aconsejable acelerar los tiempos ni precipitar los procesos. Malas experiencias tenemos de quienes, desde el chantaje y la fuerza, por no ser todavía más claro en tiempos de forzosa “inactividad”, lo han venido intentando durante las últimas décadas.

Se pueda hablar y debatir, por qué no, de la conveniencia de modificar la constitución, la LORAFNA, la Ley Foral de Vascuence, etc., etc., todo ello es posible democráticamente. Lo que no es posible ni aceptable, sino más bien rechazable, es la imposición, no sé si de la minoría o de la mayoría, pero siempre habrá que repudiar cualquier imposición. Las imposiciones no se legitiman dependiendo de quién las ejerza, ni de si son pocos o muchos, porque siempre son rechazables. Por ello, habrá que apelar al pacífico convivir democrático, respetando siempre las reglas de juego vigentes en cada momento, protestando si éstas no nos parecen justas, pero conviviendo con ellas, en tanto en cuanto no las hayamos modificado libre y democráticamente entre todas y todos, lo contrario bien puede ser la anarquía o, aún peor, la dictadura de derechas o de izquierdas.

Si esto no se entiende así, si no se práctica con respeto y sin imposiciones, pudiera ocurrir que digamos la otra parte se sintiese agredida y optara también por la legítima vía de la confrontación social, encontrándonos con unos defensores y vigilantes del uso de la ikurriña, frente a otros, también defensores y vigilantes del uso de la bandera navarra y, en consecuencia, del no uso de la anterior. ¿A qué nos podría llevar esta situación de vigilancia entre bloques? A ningún avance democrático y, por consiguiente, a nada bueno.

He dicho al principio, en mi condición de socialista y, derivado de ello, internacionalista, que no tengo bandera. Las banderas, además de representar intereses y territorios, dividen a las personas y las confrontan, situando, casi siempre, a unos como los buenos y a otros como los malos. Esa no es la convivencia en la que yo creo. No creo en las separaciones ni en las divisiones, creo firmemente en las agrupaciones y en las uniones, por eso, a día de hoy, desde mis principios y valores socialistas, no sé cuál es mi bandera, aunque tampoco me preocupa y, mucho menos, me ocupa.

España, reforma o ruptura en el siglo XXI

Mucho se ha hablado, escrito, leído, estudiado e investigado sobre la transición española. Un proceso que, al menos teóricamente, ha servido de ejemplo en otros países de diferentes latitudes. Un espacio temporal que nos llevó, no sin sobresaltos, desde una dictadura cuarentona a una democracia recién nacida. Un camino en el que se aplicó generosidad, bastante olvido y muchísimo sentido común.

Muchos, como yo, vivimos esa transición hacía la democracia con nuestra mayoría de edad recién alcanzada y, por ello, fuimos, en menor o mayor medida, actores directos o indirectos de esos años, de esos vivos e ilusionantes momentos hacia la deseada nueva incertidumbre. Creíamos que, al final, conseguiríamos vivir en paz y en libertad.

Atrás dejamos, sobre todo nuestros mayores, los ingratos y dolorosos recuerdos de una guerra civil primero y de una dictadura después, donde, desde el principio, hubo dos bandos. Primero los vencedores y los vencidos y después los ricos y los pobres que, en la mayoría de los casos, eran coincidentes, los ricos o vencedores dominando a los pobres o vencidos.

Esa transición, esos intensos años, tuvieron, como no, grandes turbulencias. En aquellos años setenta se defendía, por un lado, la reforma del sistema político y, por otro, la ruptura del mismo, para, desde ahí, alumbrar un nuevo tiempo de convivencia democrática. Obviamente, la primera opción era digamos menos traumática que la segunda. La legalización de los sindicatos primero y de los partidos políticos, incluido el Partido Comunista, después, la promulgación de la Ley para la Reforma Política de 1976 y la Constitución Española de 1978, fueron los grandes hitos, aunque hubo muchos más, que jalonaron aquellos años.

Dicha etapa, como decía antes, se caracterizó, entre otros aspectos, por el olvido. Un olvido que se manifestó de muchas formas, desde no exigir responsabilidades políticas o penales, hasta la voluntaria amnesia de la historia más reciente de nuestro país, para conseguir, desde el consenso, un sistema político democrático. La nueva cultura surgida del pacto, del olvido, no buscó explicaciones históricas, había nacido precisamente de esa voluntaria carencia de memoria.

Dicha amnesia pudo ser soportada y alimentada por una nueva etapa de desarrollo y crecimiento, donde los derechos se abrían paso y las conquistas sociales se esculpían en leyes. Donde la igualdad de oportunidades caminaba, día a día, entre una jungla de impedimentos y justificaciones vestidas de imposibles. Al final, la educación, la sanidad, las pensiones, la vivienda o los servicios sociales, por citar algunos, eran derechos, en muchos casos subjetivos, gestionados bajo responsabilidad pública y financiados, entre todas y todos, a través de nuestros impuestos y donde el acceso a los mismos, bajo la igualdad de oportunidades, iba apartando, día a día, las antiguas discriminaciones sociales.

Así hemos vivido, no sin obvias dificultades, durante los últimos treinta y cinco años. Aquel esfuerzo convivencial, aquel olvido amnésico, había merecido la pena. La cultura del pacto, del acuerdo entre distintos, del llamado consenso de la transición, de la necesidad de entender y atender a los demás, habían barnizado nuestras vidas y conseguido certidumbres de futuro. Pero, desgraciadamente, aquellos cimientos convivenciales hoy se están tambaleando. Se utiliza la crisis económica para, desde la derecha europea, española o navarra, soterrar aquellos cimientos, para volver a construir desigualdades, para generar divisiones entre ricos, cada vez más, y pobres, también cada vez más, entre capaces e incapaces, entre responsables de todo e irresponsables de nada.

Las medidas que se están aplicando, los retrocesos que se están implementando, no caen bajo las espaldas de los que han generado el problema o la crisis; es decir, entre los ricos y poderosos, sino que recaen entre los más desfavorecidos, los de siempre que, por cierto, socialmente somos la mayoría. Una vez más, como antes de la democracia, la minoría, los ricos, están volviendo a dominar democráticamente a la mayoría, a los pobres.

Este no era el espíritu de la transición, donde la necesidad de entender y atender a los demás era una premisa irrenunciable. El liberalismo radical, el sálvese quien pueda, es la meta de la derecha. Por ello, no es descabellado empezar a pensar que la transición no se hizo, que la reforma no se completo y, por tanto, parece necesario caminar hacia una verdadera transición democrática, hacia aquella ruptura no desarrollada.

Un gobierno que consiente casi seis millones de parados, que ataca y privatiza la sanidad pública, que lamina la educación y modifica la becas, que aminora las pensiones y reduce, hasta su mínima expresión, los servicios sociales, como está ocurriendo con la llamada Ley de la Dependencia, no puede seguir gobernando democráticamente. Por tanto, desde una radical pero irrenunciable democracia, hay que transformar nuestro hoy teórico estado social y democrático de derecho, en un estado que realmente consolide dichos derechos, todo ello desde la legítima mayoría democrática.

Si la reforma, treinta y cinco años después, nos ha traído un retroceso, bien la ruptura o una segunda transición nos deberá alumbrar un nuevo avance, desde la convivencia, el respeto y el radicalismo democrático. La economía, como las leyes están o, cuando menos, deben estar al servicio de las personas y no al revés. No puede ser ni se puede consentir, ni un día más, que en España haya niñas y niños que estén pasando hambre.

Servicios públicos y déficit público, como trenes deficitarios, ¿y qué?

Para algunas opciones ideológicas, especialmente en épocas de crisis, todo vale. Todo vale se tengan argumentos y justificaciones válidas o no. Vale cualquier conclusión y, derivada de ella, también cualquier medida, sin mediar otros valores o parámetros no solo económicos, sino también sociales o territoriales. Durante la travesía de esta ya larga crisis, para la derecha ideológica, tanto navarra, como catalana, vasca o española, las decisiones hay que adoptarlas aplicando simplemente una sencilla resta. Es decir, si el resultado de ingresos menos gastos es negativo, pues entonces hay que "achicar la puerta o echar la persiana".

Quiero reiterar la idea inicial de que estoy hablando de servicios públicos, prestados por administraciones, instituciones, fundaciones o empresas públicas, donde, con especial singularidad, no deben valer exclusivamente los aspectos economicistas, sin renunciar, por pura obviedad, a ellos, ni tampoco a conseguir una eficacia y una eficiencia en la prestación de dichos servicios públicos, buscando la mejor prestación pública al menor coste posible. Pero, si quiero mantener que los servicios públicos, en la mayoría de los casos, llevan intrínsecamente asociados a ellos el conocido como déficit público.

De no ser así, para que servirían y que destino tendrían nuestros impuestos, además de como elemento redistribuidor y solidario entre los que más poseen y los que menos tienen. Si solo la economía rigiese las decisiones políticas, sobrarían los representantes democráticos y, en lugar de ellos, se podrían ordenadores que constantemente sumasen y restasen y, fruto solo de las matemáticas, mantendrían, reducirían o clausurarían un servicio u otro.

Nuestra Constitución de 1978, en su artículo 1.1 establece que: "España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político". Cabe señalar la importancia, en este caso, de las expresiones "social", "democrático", "justicia" e "igualdad".

Merece la pena incidir en que hay servicios públicos muy esenciales, como los son, por ejemplo, la educación, la sanidad, las pensiones, los servicios sociales, el empleo o la vivienda. Algunos de ellos son de responsabilidad pública y se financian, al menos hasta hoy, casi en su totalidad con los impuestos. Otros, también de responsabilidad pública, se cofinancian con los impuestos y con las aportaciones directas de los usuarios y usuarias, teniendo en cuanta su propio patrimonio y sus ingresos económicos.

Las pensiones, aún siendo un sistema público de reparto, se financian íntegramente con las aportaciones de las trabajadoras y los trabajadores activos. Finalmente, hay otros servicios donde las administraciones públicas deben impulsar, facilitar o favorecer dichos servicios, siendo otros quienes deben ser los que los provean.

Pero, además de estos servicios públicos, muy conocidos y utilizados ellos, hay otros que, aún siendo bastante necesarios, están en peligro de extinción, fruto, como decía, de que la resta no da positivo. Pondré, por no extenderme, solo dos ejemplos. Uno bien pudiera ser el servicio postal y otro el servicio de transporte de viajeros, bien por carretera o por ferrocarril.

Este tipo de servicios, los cuales, entre otros, son de vital importancia para el equilibrio territorial y el mantenimiento poblacional en zonas de baja densidad demográfica, seguramente serán deficitarios y es ahí donde una parte de nuestros impuestos deben servir para reequilibrar la balanza y conseguir que la resta no dé números negativos. ¿Cómo pueden seguir viviendo personas, especialmente de cierta edad, en localidades donde no se reciba el correo, por deficitario que resulte, o no puedan acudir al especialista de la capital, por no disponer de transporte público y tener, por desgracia, que "molestar" al pariente más cercano para que les lleve, dejando este de trabajar para poder hacerlo?.

Es aquí y ahora donde las expresiones, antes señaladas, "social", "democrático", "justicia" e "igualdad" deben operar e imponer su fuerza, desde la democracia, a los intereses económicos cuyas soluciones siempre se sustenta en no gastar para no pagar. No pagar impuestos se entiende, sobre todo ellos que debieran de pagar más, sobre todo en esta coyuntura. Se trataría, en definitiva, de defender nuestra norma máxima de convivencia, nuestra Constitución, para conseguir la "justicia" y la "igualdad", al menos la igualdad de derecho para el acceso a los servicios públicos.

Soy consciente de que la digamos tarta presupuestaria tiene su tamaño y que no es ni un chicle, ni un globo. Por ello, defendiendo nuestro estado social, la democracia debe ser la única fuerza decisoria, tal y como establece nuestra Carta Magna, evitando que los poderes e intereses económicos suplanten a la representación legítima y, muchos menos, a la sociedad que, en última instancia, es la titular real y directa de la soberanía popular.

Para ello, la transparencia plena y previa a la toma de decisiones; el establecimiento de un horizonte con certidumbres estables; la priorización de servicios públicos esenciales y básicos y el debate social sobre cómo deben ser financiados, antes de proceder a su reducción o eliminación, es el único método de convivencia social, desde donde la ciudadanía podría afrontar retos y sacrificios justificados y que permitiría una salida de la crisis con menores desequilibrios sociales, caminando mucho más juntos y no dejando personas en la cuneta.

Sirva como última reflexión de todo esto, la alarmante cifra de niñas y niños que, en la actualidad, pasan hambre en España. De no solventarse inmediatamente esta situación, no podremos decir que España es, cuando menos, un estado "social y democrático de derecho".

PSN 2015, mucho que ofrecer

Siempre lo he manifestado, porque es una de mis grandes convicciones, que los partidos políticos deben ser, si es que no lo son, instrumentos al servicio de la sociedad. Herramientas ciudadanas de participación democrática, que se articulan y vertebran para proponer y, en su caso, ejecutar las soluciones necesarias, en cada momento, ante los problemas sociales y económicos. Por tanto, los partidos políticos deben concurrir y competir electoralmente con propuestas o programas creíbles y, por supuesto, ejecutables, con equipos cohesionados y con líderes suficientemente respaldados.

Por tanto, a mi juicio, este es el orden y no otro. Intentar abordar una meta o compromiso antes que otro es alterar el orden de las cosas, para desgracia y malentendido de la ciudadanía. Porque, como decía, lo primero, por ser lo más importantes, es definir qué soluciones viables consideramos más adecuadas, porque creemos que las mismas, al poder ser llevadas a la práctica si estas obtienen el apoyo democrático, van a resolver los problemas actuales de nuestra sociedad. Por ende, si la ciudadanía las valora como soluciones creíbles, factibles y viables las apoyará y, en consecuencia, legitimará a dicha opción política para que las ejecute, a ser posible, sin dilación.

Algo menos trascendente pero a su vez importante, es el hecho de que la opción política, además de plantear unas soluciones deseadas, constituya una organización, un partido político cohesionado, que sea percibido como un conjunto de personas, mujeres y hombres, que mantienen un funcionamiento armónico, sin eliminar, con esto, la legítima discrepancia. Todo ello, fruto de un debate democrático, pero que, una vez adoptada una decisión, esta es ejecutada, por cuanto ya no es suya, dado que, una vez votada electoralmente, pertenece a la sociedad.

Finalmente, aunque lo mediático lo suele poner más de relieve y, por tanto, en primer lugar, está la o el líder electoral, "la cabeza del cartel"; es decir, la persona que escenifica el compromiso del partido político con la sociedad. El compromiso de cumplir el programa electoral y de mantener cohesionada a la organización que lo deberá ejecutar. En definitiva, a quién la sociedad le va a pedir que rinda cuentas de lo hecho y a quién la sociedad, para ello, le dota de instrumentos y competencias institucionales y administrativas suficientes con las cuales poder llevarlo a la práctica.

Bajo esta creencia democrática, sustentada en muchos años ya de militancia política, es desde donde debo manifestar mi preocupación, al menos la que vivo y pulso en mi partido, por percibir que no se termina de entender, en sus justos términos, el orden de las cosas. En las más recientes reuniones y comités escucho, con sumo interés, lo que dicen, creo que también lo piensan, mis compañeras y compañeros. Escucho pocas propuestas que exponer a la sociedad, algunas ideas para mejorar el funcionamiento interno y bastantes críticas hacia la dirección y, por supuesto, hacia nuestro Secretario General.

Es por ello que me atrevo a sustentar lo dicho, por cuanto dedicamos más tiempo a lo tercero, a criticar al líder, que a lo primero, a proponer soluciones factibles y ejecutables. Ya sé, ya sé que la crítica es sana y necesaria, pero no es válida cuando esta camina sola en las organizaciones. Crítica con propuesta si, critica sin alternativa no. Aunque en matemáticas se dice que el orden de factores no altera el producto, en política este axioma no es válido, porque si que altera el producto el orden de los factores.

La sociedad, también la navarra, está atravesando por una crisis social y económica sin precedentes y, por tanto, está esperando, un día si y otro también, que las organizaciones, que los partidos políticos que les representan planteen propuestas, con el fin de dar respuesta a sus problemas. No hacerlo así es lo que más desafección hacia la política genera, por cuanto la ciudadanía percibe que dichas organizaciones no son un instrumento real a su servicio para solucionar sus necesidades y que están más "a lo suyo que a lo de todos". En consecuencia, ¿para qué gastar presupuestariamente en ellos?.

Por tanto, cada cosa a su tiempo. Ahora no toca elegir al líder electoral del PSN-PSOE, a nuestro "cabeza de cartel" para 2015, máxime cuando este o esta va a ser designado/a mediante primarias, como ya decidió nuestro pasado Congreso Federal y ratificó nuestro reciente Comité Regional y porque dicho representante electoral, hombre o mujer, deberá encarnar los mejores valores y perfiles en consonancia con las propuestas y compromisos que su propia organización quiere asumir con la sociedad, compromisos y propuestas que, a día de hoy, no están diseñados.

Hoy toca y nos toca a todas y todos los socialistas y, por qué no, al conjunto de los progresistas, trabajar en pensar primero y proponer después las mejores y posibles soluciones para superar esta crisis, con el objetivo de, entre otros, mejorar el empleo, garantizar la igualdad de oportunidades, sustentar el estado del bienestar y mantener los servicios públicos esenciales.

Además de ello, deberemos cimentar y fortalecer nuestra organización, desde pilares democráticos. Es decir, debatir y acordar. Debatir con suficiencia democrática, aplicando nuestras propias reglas de juego, para acordar con importancia social, porque lo mío no es lo trascendente, lo trascendente es lo de los demás. Este concepto de servicio público es fundamental y, para ello, deberemos trabajar en fases, primero debatir y acordar e inmediatamente después, ejecutar y evaluar, por cuanto debatir y debatir solo conduce a la melancolía.

Este es el orden y no otro, propuestas o programas creíbles y ejecutables, organizaciones con equipos cohesionados y líderes suficientemente respaldados. Este es nuestro trabajo. No lo es el trabajar por deteriorar a la organización, sino lo contrario, esforzarnos porque nuestro partido sea democráticamente fuerte y exponga soluciones reales a problemas reales, porque nuestro "cabeza de cartel" hoy no sabemos quién será, por cuanto no lo vamos a decidir sola y en exclusiva los afiliados y afiliadas al PSN-PSOE, aplicando un compromiso hacia el radicalismo democrático. Esta hoy no es nuestra prioridad, son las otras dos anteriores .

Las pensiones del futuro sin futuro

Llevamos meses en los que se nos viene hablando insistentemente del asunto de las pensiones. Yo, con mis 60 años recién cumplidos, leo las últimas noticias referidas a una nueva y profunda modificación que el Partido Popular pretende aplicar bajo la justificación de que el sistema debe ser sostenible y como resulta que ahora vivimos más, pues ello nos conduce, mejor dicho, les conduce a una reducción de esta prestación contributiva. Dicho de otra forma más irónica, ¡vaya "faena" que nos está haciendo la investigación y la tecnología, cuando menos sanitaria!.

Menos mal que a ningún Ministro del Gobierno de Rajoy, aunque lo piense, se le ha ocurrido decir algo similar a lo que manifestó, a principios de este año, el Ministro de Finanzas de Japón, el Sr. Aso, cuando expuso su solución a este mismo digamos "problema", pidiendo a los ancianos japoneses que "se den prisa en morir".

En España, el llamado Comité de Expertos propone algunas alternativas, todas ellas insertadas en el espacio del coste, lo que es lo mismo que decir que las pensiones públicas contributivas, reitero lo de contributivas, cuesten menos y, en ningún momento, se estudian o proponen otros espacios como lo es el ámbito del ingreso, bajo dos vertientes, una de ellas las políticas activas de empleo, por cuanto con más empleo más ingresos por cotizaciones y, la otra, un incremento de las cotizaciones.

Tampoco se está realizando, al menos no se expone a la opinión pública y mucho menos a los titulares de dichas cotizaciones, que no son otros que los actuales trabajadores y autónomos, el destino directo e indirecto de dichos recursos cotizados, por cuanto es obvio que deben cubrir las pensiones contributivas, pero solo y nada más que ellas. El resto de prestaciones deben ser atendidas por los Presupuestos Generales del Estado, sostenidos por los impuestos de todas y todos, al menos de los que contribuimos.

Se habla de un denominado factor de sostenibilidad, una fórmula compleja e ininteligible para el común de los mortales, cuya concreción básica es la siguiente: "si vas a vivir más, entonces cobrarás menos". Luego, si voy a vivir más años, ¿cómo voy a poder sobrevivir los últimos de ellos, si solo sé que voy a ingresar mensualmente cada vez menos y con un coste de la vida superior e impredecible? La incertidumbre e inseguridad que esta situación plantea no deja indiferente a nadie, mucho menos a aquellos, como yo, que estamos cerca de la meta.

No creo que deba descubrir, a estas alturas ya todos sabemos que nuestro sistema público de pensiones es un sistema de los llamados de “solidaridad intergeneracional” o de “reparto”, dicho de otro modo, unos venimos pagando las pensiones de ayer y de hoy con la esperanza, hoy se torna muy ingenua e incierta, de que otros paguen las pensiones de mañana, la mía por ejemplo. Pero, si no hay cotizantes no se pueden pagar las pensiones, porque se pagan al día con las cotizaciones del día.

Algunos, fruto del desarrollo económico, industrial y social de las últimas décadas, hemos podido, con suma fortuna, cotizar muchos años, en mi caso ya más de 40 años, y estar en unas bases de cotización muy altas, por no decir máximas, lo que nos ha supuesto importantes desembolsos económicos aportados directamente a nuestro sistema público de pensiones, bajo la alegría y esperanza de que mañana me tocará a mí. Hemos cotizado al sistema público por obligación, por no decir por imperativo legal y, en algunos casos como el mío, por convicción ideológica, minusvalorando los sistemas privados o planes de pensiones.

Desafortunadamente, estamos asistiendo a un desmantelamiento del denominado Estado del Bienestar. El Partido Popular, con su mayoría absoluta, se está dando prisa en culminar la tarea y, para 2015, lo existente no llegará a ser ni una mala copia del pasado, sino algo muy distinto. Los que votaron a Rajoy, no por ideología sino como solución, se equivocaron y hoy estarán arrepentidos. Eso es lo malo de las mayorías absolutas en manos de la derecha conservadora, solo sirven para "talar el bosque".

Pero, al hilo de esta última reflexión, me surge una pregunta: ¿quién defiende los intereses legítimos de las personas jubiladas o próximas a la jubilación? Yo diría que genéricamente algunos partidos políticos pero específicamente ninguno. Por ello, creo que hay una oportunidad para la acción política de las personas mayores, de aquellas ciudadanas y ciudadanos que han entregado lo mejor de sí mismos, su trabajo, sus impuestos y sus cotizaciones sociales durante muchos y muchos años y que ahora, sin posibilidad de "maniobra", ven inermes como se está intentado "atentar" contra sus legítimos derechos cotizados.

Esta acción política debe articularse dentro de los partidos políticos, mediante la afiliación primero y la acción después. Proponiendo, debatiendo y decidiendo, porque somos muchos y organizados seremos más, de tal manera que podremos condicionar la acción política y las decisiones institucionales. Pero, nuestra acción debe ser manifiestamente clara, lejos de la vaguedad y cerca del legítimo interés social, aunque este enmarque también, como no puede ser de otra manera en este caso, el legítimo interés personal.

Claro que ahora nos sentimos digamos "atrapados", dentro de un sistema público de pensiones, al que hemos cotizado mucho y durante muchos años y del que vamos a recibir bastante menos, al menos comparativamente, con grandes incógnitas por despejar y sin un futuro claro desde donde planificar los últimos años, con una cierta salud, de nuestras vidas. Y, todo ello, rompiendo, al menos eso se lee, el principio de equidad o de respeto al esfuerzo individual realizado.

Por eso, insisto en la idea de que las pensiones del futuro no tienen futuro. Para ello, para evitarlo, solo existe el esfuerzo personal y la acción colectiva. Solo no soy nadie, pero junto a más soy mucho más. Una sola voz puede ser un lamento y muchas voces llegan a ser una orfeón de derechos expresados desde la legitimidad y la libertad.

El régimen foral de Navarra también es constitucional

Leo y escucho con cíclica periodicidad, en algunas y significativas, por su sesgo ideológico, tertulias nacionales, opiniones sobre los sistemas institucionales de algunas de las comunidades históricas, en este caso sobre la Comunidad Foral de Navarra, sobre sus competencias históricas, sus mecanismos de recaudación fiscal y sobre el modelo de relación institucional, económica y solidaria con el conjunto del Estado Español.

Para algunas otras CC AA, por ejemplo Cataluña, este modelo foral de relación institucional ha sido un referente y un objetivo a lograr, hoy desgraciadamente desbordado por la apuesta secesionista impulsada tanto por la derecha como por la izquierda nacionalista catalana.

Para otros partidos políticos de ámbito nacional, con mayor o menor representación parlamentaria, este modelo competencial histórico también ha constituido un objetivo a eliminar o, cuando menos, a aminorar. La derecha española mayoritaria, acentuada su acción últimamente con sucesivos Reales Decretos Leyes que laminan, poco a poco, las competencias de las CC AA y, por ende, de las comunidades denominadas forales (Navarra y País Vasco).

Siguiendo la misma estela, pero con mayor nitidez si cabe, la vizcaína Rosa María Díez González, más conocida como Rosa Díez, Diputada y Portavoz de UPyD, nos manifiesta la opinión de su formación política, que bien se pudiera resumir en la siguiente petición referida a nuestro régimen foral: "que se suprima, ya que, a su entender, tiene una opacidad de diseño que ha permitido que aquí se utilice el sistema no para beneficiar al conjunto de los navarros, sino para que algunos se beneficien de este sistema opaco", calificándolo de privilegio y no de derecho.

Es decir, la apuesta de UPyD para Navarra y me imagino que también para su tierra natal el País Vasco es la supresión de nuestro régimen competencial foral, calificado de histórico, por su soporte jurídico y por su antigüedad. Por tanto, no propone su mejora mediante una modificación sino que directamente insta a su eliminación.

Navarra es una Comunidad Foral (luego no es una Comunidad Autónoma clásica), cuyas competencias devienen del antiguo Reino de Navarra, que estuvo vigente hasta 1841 y del cual emana nuestro particular régimen de autogobierno, denominado Régimen Foral. Debo recordar que la Constitución Española de 1978, aprobada mayoritaria y democráticamente por los españoles y españolas, ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales. Por tanto, sólo se puede respetar lo que es diferente y amparar lo que es externo. La Constitución reconoce, por tanto, el carácter preconstitucional, por ser anterior, del fuero navarro.

Como socialista, a veces me he formulado la siguiente pregunta: ¿es justo e igualitario que una comunidad, en este caso foral, tenga distintas, mayores o menores, mejores o peores, competencias? La respuesta ideológica es no. Pero, inmediatamente debo reconocer que la inserción de Navarra en la Constitución Española fue, como siempre ha sido el régimen competencial de la Comunidad Foral en España, incluso en los tiempos no democráticos y dictatoriales, mediante el pacto.

Por tanto, no puede ser, además de que sería no democrático, que una parte del pacto, en este caso el Gobierno de España decidiera, sin acuerdo, lo que le afecta a la otra parte del pacto, la Comunidad Foral de Navarra, por cuanto, y aquí niego la mayor, no es un privilegio sino que es un derecho histórico, hoy plenamente constitucional.

Los que legítimamente puedan defender lo contrario, tienen que entender que la convivencia de las sociedades democráticas modernas se sustenta en el respeto a los derechos, a todos los derechos, no solo a los nuevos, sino también a los históricos y que la modificación de los mismos nunca puede ser un ejercicio unilateral de una de las partes, sino que debe ser acordado por todas ellas sin exclusión.

Navarra es una Comunidad Foral pequeña en cuanto a habitantes, algo mayor en cuanto a superficie y bastante grande en cuanto a principios y valores, siendo uno de ellos el de la cooperación y la solidaridad interregional. Por tanto, nadie puede pretender arrebatarnos esos principios y valores, menos todavía en un contexto internacional donde, cada día más, se debe sustentar sobre la base de la Europa de las Regiones, reitero, de las regiones y, por ello, a dichas regiones hay que respetar, desde su historia, desde su cultura y, porque no, desde sus derechos reconocidos.

En esa Europa de las Regiones también existe la asimetría competencial. No solo eso, existen estados federales dentro de Europa, los cuales mantienen diferencias, más o menos significativas, de los techos competenciales de las distintas regiones que los conforman. A mayor abundamiento recordar también que las competencias de las EE LL son distintas en función de su tamaño; es decir, no todos los ayuntamientos de España tienen y ejercen las mismas competencias. Una cosa es la armonización y otra muy distinta es la uniformidad, porque la riqueza está en la diversidad de las personas y de sus instituciones.

La corrupción, un virus a combatir entre todos

Además del cauce de los ríos, viene estos días crecida la indignación social por la corrupción, verdadero cáncer de nuestro sistema democrático que afecta, con acentuada gravedad, a responsables del Partido Popular, pero del que tampoco es ajeno el variado espectro ideológico español, incluidos compañeros socialistas, lo reconozco con dolor, aunque sean casos ciertamente de menor intensidad y profusión que los denominados Bárcenas o Gürtel.

Esta deleznable realidad se manifiesta con toda su crudeza cuando la ciudadanía está soportando los rigores de la crisis y las soluciones drásticas y dramáticas, en bastantes casos, que está aplicando, ausentes de consenso alguno, el Gobierno de España, sustentado por el PP y, como correa de transmisión de éste, el Gobierno de Navarra, con su minoría social y parlamentaria, que cuenta con los únicos apoyos del Grupo Parlamentario de UPN y, cómo no, de sus jefes nacionales, el PPN.

Este triste panorama sociopolítico está consiguiendo que la ciudadanía no de crédito ni tregua a sus representantes institucionales y, lo más importante, se esté alejando, fruto de la lógica desconfianza, de la democracia representativa y pueda acercarse a otras formulas de representación las cuales, en algunos casos, pudieran ser cualquier cosa menos democráticas.

Ante este clima social, la llamada clase política debe reflexionar primero y actuar a continuación, porque no todos los representantes y las representantes políticas son o somos corruptos. Ante esta hipótesis niego la mayor. Pero, sí es cierto que, con mayor frecuencia de la deseada, se manifiestan casos de corrupción que no debieran tener cabida en nuestro país, y que deben ser aclarados y perseguidos con suma eficiencia política, policial, judicial y social. En definitiva, deberemos crear una riada social y política que, bajo la legitimidad democrática, arrastre y limpie las orillas y los cauces de nuestra convivencia representativa.

No tendremos que pensar demasiado, sería suficiente con escuchar a nuestros convecinos, pero es evidente que, más pronto que tarde, algo deberemos hacer. Seguramente algo con los demás, por supuesto con la sociedad, pero también con las demás organizaciones políticas, al menos con aquellas que quieran hacerlo, denunciando públicamente a las que no lo deseen o lo obstaculicen.

Pero, ahora viene los más importante, ¿qué hacer? Nuestro nuevo camino, la senda de los partidos políticos debe estar permanentemente iluminada por la transparencia y por el amplio ejercicio democrático en la toma de decisiones, donde la ciudadanía sea siempre el referente a ser consultado a través de todos los cauces posibles.

Debemos empezar a desarrollar nuevos conceptos políticos, como la limitación de mandatos, la no prescripción de los casos de corrupción política o, en caso contrario por imposibilidad constitucional, la prescripción, pero pasados muchos, muchos años. La preferencia o, mejor dicho, la prioridad absoluta en la investigación, instrucción y celebración de los juicios derivados de casos de corrupción. Estos casos no deben esperar turno, deben ser los primeros de la lista.

Otro tema importante debe estar referenciado al establecimiento de las listas no bloqueadas. Es decir, que cada candidatura debería estar confeccionada con un primer nombre y puesto en la lista, el cual es el candidato o la candidata a Alcalde o Alcaldesa, a Presidente o Presidenta, etc., siendo que, a partir del segundo nombre y hasta el final, dicha candidatura debiera estar conformada con una cantidad de personas aspirantes superior en, digamos por ejemplo, un 50% a los puestos a cubrir, de tal manera que el ciudadano elector eliminaría a un número de personas similar a dicho porcentaje, conformándose el resto de los puestos de dicha candidatura, a partir del segundo, en relación con los votos obtenidos individualmente.

A todo lo expuesto, no cabe duda que habría que estimular y desarrollar mecanismos de control externo, los cuales debieran supervisar y auditar, con mayor prontitud, el funcionamiento económico – financiero de las organizaciones políticas y sociales.

Una cuestión es evidente, el río baja revuelto y no sin causa o razón. Por tanto, transparencia y contundencia. Pero, colateralmente a toda esta verdad, aparecen mensajes, sustentados en modelos predemocráticos, que alientan y jalean a la sociedad bajo la justificación del gasto y la necesidad de reducirlo.

Reducir el gasto público en el funcionamiento democrático de las instituciones, en su tamaño, en sus funciones y competencias, en determinar quién puede y quién no puede ser representante democrático, poniendo parámetros clasistas, es la mejor manera de impedir que la gran mayoría social pueda optar democráticamente a dicha representación, reservando, en consecuencia, dicho ejercicio a las clases dominantes, como ocurrió en etapas no tan lejanas de nuestro país.

Por todo ello, analicemos la riada, saquemos consecuencias y conclusiones y, mejor más que menos, combatamos el virus de la corrupción.

A esta tarea me apunto.