Servicios públicos y déficit público, como trenes deficitarios, ¿y qué?

Para algunas opciones ideológicas, especialmente en épocas de crisis, todo vale. Todo vale se tengan argumentos y justificaciones válidas o no. Vale cualquier conclusión y, derivada de ella, también cualquier medida, sin mediar otros valores o parámetros no solo económicos, sino también sociales o territoriales. Durante la travesía de esta ya larga crisis, para la derecha ideológica, tanto navarra, como catalana, vasca o española, las decisiones hay que adoptarlas aplicando simplemente una sencilla resta. Es decir, si el resultado de ingresos menos gastos es negativo, pues entonces hay que "achicar la puerta o echar la persiana".

Quiero reiterar la idea inicial de que estoy hablando de servicios públicos, prestados por administraciones, instituciones, fundaciones o empresas públicas, donde, con especial singularidad, no deben valer exclusivamente los aspectos economicistas, sin renunciar, por pura obviedad, a ellos, ni tampoco a conseguir una eficacia y una eficiencia en la prestación de dichos servicios públicos, buscando la mejor prestación pública al menor coste posible. Pero, si quiero mantener que los servicios públicos, en la mayoría de los casos, llevan intrínsecamente asociados a ellos el conocido como déficit público.

De no ser así, para que servirían y que destino tendrían nuestros impuestos, además de como elemento redistribuidor y solidario entre los que más poseen y los que menos tienen. Si solo la economía rigiese las decisiones políticas, sobrarían los representantes democráticos y, en lugar de ellos, se podrían ordenadores que constantemente sumasen y restasen y, fruto solo de las matemáticas, mantendrían, reducirían o clausurarían un servicio u otro.

Nuestra Constitución de 1978, en su artículo 1.1 establece que: "España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político". Cabe señalar la importancia, en este caso, de las expresiones "social", "democrático", "justicia" e "igualdad".

Merece la pena incidir en que hay servicios públicos muy esenciales, como los son, por ejemplo, la educación, la sanidad, las pensiones, los servicios sociales, el empleo o la vivienda. Algunos de ellos son de responsabilidad pública y se financian, al menos hasta hoy, casi en su totalidad con los impuestos. Otros, también de responsabilidad pública, se cofinancian con los impuestos y con las aportaciones directas de los usuarios y usuarias, teniendo en cuanta su propio patrimonio y sus ingresos económicos.

Las pensiones, aún siendo un sistema público de reparto, se financian íntegramente con las aportaciones de las trabajadoras y los trabajadores activos. Finalmente, hay otros servicios donde las administraciones públicas deben impulsar, facilitar o favorecer dichos servicios, siendo otros quienes deben ser los que los provean.

Pero, además de estos servicios públicos, muy conocidos y utilizados ellos, hay otros que, aún siendo bastante necesarios, están en peligro de extinción, fruto, como decía, de que la resta no da positivo. Pondré, por no extenderme, solo dos ejemplos. Uno bien pudiera ser el servicio postal y otro el servicio de transporte de viajeros, bien por carretera o por ferrocarril.

Este tipo de servicios, los cuales, entre otros, son de vital importancia para el equilibrio territorial y el mantenimiento poblacional en zonas de baja densidad demográfica, seguramente serán deficitarios y es ahí donde una parte de nuestros impuestos deben servir para reequilibrar la balanza y conseguir que la resta no dé números negativos. ¿Cómo pueden seguir viviendo personas, especialmente de cierta edad, en localidades donde no se reciba el correo, por deficitario que resulte, o no puedan acudir al especialista de la capital, por no disponer de transporte público y tener, por desgracia, que "molestar" al pariente más cercano para que les lleve, dejando este de trabajar para poder hacerlo?.

Es aquí y ahora donde las expresiones, antes señaladas, "social", "democrático", "justicia" e "igualdad" deben operar e imponer su fuerza, desde la democracia, a los intereses económicos cuyas soluciones siempre se sustenta en no gastar para no pagar. No pagar impuestos se entiende, sobre todo ellos que debieran de pagar más, sobre todo en esta coyuntura. Se trataría, en definitiva, de defender nuestra norma máxima de convivencia, nuestra Constitución, para conseguir la "justicia" y la "igualdad", al menos la igualdad de derecho para el acceso a los servicios públicos.

Soy consciente de que la digamos tarta presupuestaria tiene su tamaño y que no es ni un chicle, ni un globo. Por ello, defendiendo nuestro estado social, la democracia debe ser la única fuerza decisoria, tal y como establece nuestra Carta Magna, evitando que los poderes e intereses económicos suplanten a la representación legítima y, muchos menos, a la sociedad que, en última instancia, es la titular real y directa de la soberanía popular.

Para ello, la transparencia plena y previa a la toma de decisiones; el establecimiento de un horizonte con certidumbres estables; la priorización de servicios públicos esenciales y básicos y el debate social sobre cómo deben ser financiados, antes de proceder a su reducción o eliminación, es el único método de convivencia social, desde donde la ciudadanía podría afrontar retos y sacrificios justificados y que permitiría una salida de la crisis con menores desequilibrios sociales, caminando mucho más juntos y no dejando personas en la cuneta.

Sirva como última reflexión de todo esto, la alarmante cifra de niñas y niños que, en la actualidad, pasan hambre en España. De no solventarse inmediatamente esta situación, no podremos decir que España es, cuando menos, un estado "social y democrático de derecho".

PSN 2015, mucho que ofrecer

Siempre lo he manifestado, porque es una de mis grandes convicciones, que los partidos políticos deben ser, si es que no lo son, instrumentos al servicio de la sociedad. Herramientas ciudadanas de participación democrática, que se articulan y vertebran para proponer y, en su caso, ejecutar las soluciones necesarias, en cada momento, ante los problemas sociales y económicos. Por tanto, los partidos políticos deben concurrir y competir electoralmente con propuestas o programas creíbles y, por supuesto, ejecutables, con equipos cohesionados y con líderes suficientemente respaldados.

Por tanto, a mi juicio, este es el orden y no otro. Intentar abordar una meta o compromiso antes que otro es alterar el orden de las cosas, para desgracia y malentendido de la ciudadanía. Porque, como decía, lo primero, por ser lo más importantes, es definir qué soluciones viables consideramos más adecuadas, porque creemos que las mismas, al poder ser llevadas a la práctica si estas obtienen el apoyo democrático, van a resolver los problemas actuales de nuestra sociedad. Por ende, si la ciudadanía las valora como soluciones creíbles, factibles y viables las apoyará y, en consecuencia, legitimará a dicha opción política para que las ejecute, a ser posible, sin dilación.

Algo menos trascendente pero a su vez importante, es el hecho de que la opción política, además de plantear unas soluciones deseadas, constituya una organización, un partido político cohesionado, que sea percibido como un conjunto de personas, mujeres y hombres, que mantienen un funcionamiento armónico, sin eliminar, con esto, la legítima discrepancia. Todo ello, fruto de un debate democrático, pero que, una vez adoptada una decisión, esta es ejecutada, por cuanto ya no es suya, dado que, una vez votada electoralmente, pertenece a la sociedad.

Finalmente, aunque lo mediático lo suele poner más de relieve y, por tanto, en primer lugar, está la o el líder electoral, "la cabeza del cartel"; es decir, la persona que escenifica el compromiso del partido político con la sociedad. El compromiso de cumplir el programa electoral y de mantener cohesionada a la organización que lo deberá ejecutar. En definitiva, a quién la sociedad le va a pedir que rinda cuentas de lo hecho y a quién la sociedad, para ello, le dota de instrumentos y competencias institucionales y administrativas suficientes con las cuales poder llevarlo a la práctica.

Bajo esta creencia democrática, sustentada en muchos años ya de militancia política, es desde donde debo manifestar mi preocupación, al menos la que vivo y pulso en mi partido, por percibir que no se termina de entender, en sus justos términos, el orden de las cosas. En las más recientes reuniones y comités escucho, con sumo interés, lo que dicen, creo que también lo piensan, mis compañeras y compañeros. Escucho pocas propuestas que exponer a la sociedad, algunas ideas para mejorar el funcionamiento interno y bastantes críticas hacia la dirección y, por supuesto, hacia nuestro Secretario General.

Es por ello que me atrevo a sustentar lo dicho, por cuanto dedicamos más tiempo a lo tercero, a criticar al líder, que a lo primero, a proponer soluciones factibles y ejecutables. Ya sé, ya sé que la crítica es sana y necesaria, pero no es válida cuando esta camina sola en las organizaciones. Crítica con propuesta si, critica sin alternativa no. Aunque en matemáticas se dice que el orden de factores no altera el producto, en política este axioma no es válido, porque si que altera el producto el orden de los factores.

La sociedad, también la navarra, está atravesando por una crisis social y económica sin precedentes y, por tanto, está esperando, un día si y otro también, que las organizaciones, que los partidos políticos que les representan planteen propuestas, con el fin de dar respuesta a sus problemas. No hacerlo así es lo que más desafección hacia la política genera, por cuanto la ciudadanía percibe que dichas organizaciones no son un instrumento real a su servicio para solucionar sus necesidades y que están más "a lo suyo que a lo de todos". En consecuencia, ¿para qué gastar presupuestariamente en ellos?.

Por tanto, cada cosa a su tiempo. Ahora no toca elegir al líder electoral del PSN-PSOE, a nuestro "cabeza de cartel" para 2015, máxime cuando este o esta va a ser designado/a mediante primarias, como ya decidió nuestro pasado Congreso Federal y ratificó nuestro reciente Comité Regional y porque dicho representante electoral, hombre o mujer, deberá encarnar los mejores valores y perfiles en consonancia con las propuestas y compromisos que su propia organización quiere asumir con la sociedad, compromisos y propuestas que, a día de hoy, no están diseñados.

Hoy toca y nos toca a todas y todos los socialistas y, por qué no, al conjunto de los progresistas, trabajar en pensar primero y proponer después las mejores y posibles soluciones para superar esta crisis, con el objetivo de, entre otros, mejorar el empleo, garantizar la igualdad de oportunidades, sustentar el estado del bienestar y mantener los servicios públicos esenciales.

Además de ello, deberemos cimentar y fortalecer nuestra organización, desde pilares democráticos. Es decir, debatir y acordar. Debatir con suficiencia democrática, aplicando nuestras propias reglas de juego, para acordar con importancia social, porque lo mío no es lo trascendente, lo trascendente es lo de los demás. Este concepto de servicio público es fundamental y, para ello, deberemos trabajar en fases, primero debatir y acordar e inmediatamente después, ejecutar y evaluar, por cuanto debatir y debatir solo conduce a la melancolía.

Este es el orden y no otro, propuestas o programas creíbles y ejecutables, organizaciones con equipos cohesionados y líderes suficientemente respaldados. Este es nuestro trabajo. No lo es el trabajar por deteriorar a la organización, sino lo contrario, esforzarnos porque nuestro partido sea democráticamente fuerte y exponga soluciones reales a problemas reales, porque nuestro "cabeza de cartel" hoy no sabemos quién será, por cuanto no lo vamos a decidir sola y en exclusiva los afiliados y afiliadas al PSN-PSOE, aplicando un compromiso hacia el radicalismo democrático. Esta hoy no es nuestra prioridad, son las otras dos anteriores .

Las pensiones del futuro sin futuro

Llevamos meses en los que se nos viene hablando insistentemente del asunto de las pensiones. Yo, con mis 60 años recién cumplidos, leo las últimas noticias referidas a una nueva y profunda modificación que el Partido Popular pretende aplicar bajo la justificación de que el sistema debe ser sostenible y como resulta que ahora vivimos más, pues ello nos conduce, mejor dicho, les conduce a una reducción de esta prestación contributiva. Dicho de otra forma más irónica, ¡vaya "faena" que nos está haciendo la investigación y la tecnología, cuando menos sanitaria!.

Menos mal que a ningún Ministro del Gobierno de Rajoy, aunque lo piense, se le ha ocurrido decir algo similar a lo que manifestó, a principios de este año, el Ministro de Finanzas de Japón, el Sr. Aso, cuando expuso su solución a este mismo digamos "problema", pidiendo a los ancianos japoneses que "se den prisa en morir".

En España, el llamado Comité de Expertos propone algunas alternativas, todas ellas insertadas en el espacio del coste, lo que es lo mismo que decir que las pensiones públicas contributivas, reitero lo de contributivas, cuesten menos y, en ningún momento, se estudian o proponen otros espacios como lo es el ámbito del ingreso, bajo dos vertientes, una de ellas las políticas activas de empleo, por cuanto con más empleo más ingresos por cotizaciones y, la otra, un incremento de las cotizaciones.

Tampoco se está realizando, al menos no se expone a la opinión pública y mucho menos a los titulares de dichas cotizaciones, que no son otros que los actuales trabajadores y autónomos, el destino directo e indirecto de dichos recursos cotizados, por cuanto es obvio que deben cubrir las pensiones contributivas, pero solo y nada más que ellas. El resto de prestaciones deben ser atendidas por los Presupuestos Generales del Estado, sostenidos por los impuestos de todas y todos, al menos de los que contribuimos.

Se habla de un denominado factor de sostenibilidad, una fórmula compleja e ininteligible para el común de los mortales, cuya concreción básica es la siguiente: "si vas a vivir más, entonces cobrarás menos". Luego, si voy a vivir más años, ¿cómo voy a poder sobrevivir los últimos de ellos, si solo sé que voy a ingresar mensualmente cada vez menos y con un coste de la vida superior e impredecible? La incertidumbre e inseguridad que esta situación plantea no deja indiferente a nadie, mucho menos a aquellos, como yo, que estamos cerca de la meta.

No creo que deba descubrir, a estas alturas ya todos sabemos que nuestro sistema público de pensiones es un sistema de los llamados de “solidaridad intergeneracional” o de “reparto”, dicho de otro modo, unos venimos pagando las pensiones de ayer y de hoy con la esperanza, hoy se torna muy ingenua e incierta, de que otros paguen las pensiones de mañana, la mía por ejemplo. Pero, si no hay cotizantes no se pueden pagar las pensiones, porque se pagan al día con las cotizaciones del día.

Algunos, fruto del desarrollo económico, industrial y social de las últimas décadas, hemos podido, con suma fortuna, cotizar muchos años, en mi caso ya más de 40 años, y estar en unas bases de cotización muy altas, por no decir máximas, lo que nos ha supuesto importantes desembolsos económicos aportados directamente a nuestro sistema público de pensiones, bajo la alegría y esperanza de que mañana me tocará a mí. Hemos cotizado al sistema público por obligación, por no decir por imperativo legal y, en algunos casos como el mío, por convicción ideológica, minusvalorando los sistemas privados o planes de pensiones.

Desafortunadamente, estamos asistiendo a un desmantelamiento del denominado Estado del Bienestar. El Partido Popular, con su mayoría absoluta, se está dando prisa en culminar la tarea y, para 2015, lo existente no llegará a ser ni una mala copia del pasado, sino algo muy distinto. Los que votaron a Rajoy, no por ideología sino como solución, se equivocaron y hoy estarán arrepentidos. Eso es lo malo de las mayorías absolutas en manos de la derecha conservadora, solo sirven para "talar el bosque".

Pero, al hilo de esta última reflexión, me surge una pregunta: ¿quién defiende los intereses legítimos de las personas jubiladas o próximas a la jubilación? Yo diría que genéricamente algunos partidos políticos pero específicamente ninguno. Por ello, creo que hay una oportunidad para la acción política de las personas mayores, de aquellas ciudadanas y ciudadanos que han entregado lo mejor de sí mismos, su trabajo, sus impuestos y sus cotizaciones sociales durante muchos y muchos años y que ahora, sin posibilidad de "maniobra", ven inermes como se está intentado "atentar" contra sus legítimos derechos cotizados.

Esta acción política debe articularse dentro de los partidos políticos, mediante la afiliación primero y la acción después. Proponiendo, debatiendo y decidiendo, porque somos muchos y organizados seremos más, de tal manera que podremos condicionar la acción política y las decisiones institucionales. Pero, nuestra acción debe ser manifiestamente clara, lejos de la vaguedad y cerca del legítimo interés social, aunque este enmarque también, como no puede ser de otra manera en este caso, el legítimo interés personal.

Claro que ahora nos sentimos digamos "atrapados", dentro de un sistema público de pensiones, al que hemos cotizado mucho y durante muchos años y del que vamos a recibir bastante menos, al menos comparativamente, con grandes incógnitas por despejar y sin un futuro claro desde donde planificar los últimos años, con una cierta salud, de nuestras vidas. Y, todo ello, rompiendo, al menos eso se lee, el principio de equidad o de respeto al esfuerzo individual realizado.

Por eso, insisto en la idea de que las pensiones del futuro no tienen futuro. Para ello, para evitarlo, solo existe el esfuerzo personal y la acción colectiva. Solo no soy nadie, pero junto a más soy mucho más. Una sola voz puede ser un lamento y muchas voces llegan a ser una orfeón de derechos expresados desde la legitimidad y la libertad.