El "chapapote" festivo

Seguramente será la edad, pero no deja de sorprenderme, cada año un poco más, como unas y otras fiestas patronales, al margen de la localidad en la que se estén celebrando, convierten a esa ciudad, como por arte de magia, en el gran "basurero" público. Lo siento, pero no me acostumbro y, lo peor, no deseo acostumbrarme.

La ciudad es patrimonio de todas y todos, eso quiere decir que no es ni mía, ni tuya, ni de aquella o aquel de manera individual, sino que es propiedad de todas y todos los convecinos de manera indivisible. Por ello, la ciudad debe ser usada de común acuerdo entre todas y todos y, por tanto, respetando el criterio, en cuanto a su utilización, de todos sus titulares y copropietarios. Por tanto, es sorprendente observar cómo, en las distintas fiestas patronales, algunas ciudadanas y ciudadanos, convecinos o no, hacen uso de las vías públicas, de los espacios vecinales, ejerciendo unas prácticas que, en ningún momento y supuesto, realizarían en sus propios domicilios.

Cierto es, aunque ello no debe servir como excusa, que las administraciones públicas, los distintos ayuntamientos deben planificar y proveer de los necesarios elementos y de forma suficiente, para que la ciudadanía pueda vivir y disfrutar de la fiesta en plenitud. Me refiero a disponer, por poner solo tres ejemplos, de baños, papeleras y contenedores de basura, cosa que, por otra parte, suelen hacer dichos ayuntamientos, aunque el ciudadano no encuentre estos dispositivos o servicios a pocos metros de su posición y tengan que desplazarse unos pocos más hasta encontrar su ubicación.

También sería deseable y aconsejable que los establecimientos de ocio, en especial bares y cafeterías, ejerciesen una observación periódica de sus baños y lavabos, al objeto de proceder a su limpieza con la asiduidad necesaria, aunque estemos en fiestas, por cuanto la higiene y la salud pública es tan importante como el resultado económico obtenido durante esos días. No menos importante, hilando con todo lo anterior, es que el ciudadano o ciudadana utilice dichos servicios con la adecuada precisión.

Hasta ahora había llegado a ser muy común, durante dichas fechas festivas y también algunas noches de los fines de semana, observar como hombres miccionaban en la vía pública, junto a puertas y fachadas, aunque tuviesen, a no mucha distancia, baños públicos y, cómo no, también de los propios bares circundantes. Pero, lo más sorprendente, cuando menos por el respeto y pudor, es observar como las mujeres se están imbuyendo de dicha práctica. Debo decir, en honor a la verdad, que en menor medida, observándose ya, sobre todo en las fechas de fiestas y especialmente por las noches, como algunas de ellas miccionan en la vía pública.

También es observable, aunque no menos rechazable, como las personas arrojan al suelo comida, bebida, vasos, plástico, papel, etc., sin depositarlos en los contenedores y papeleras correspondientes. Por ello, el suelo viario está "adornado" con una constante y continua alfombra de desperdicios, los cuales, supongo yo, no los arrojaremos, al menos con tanta facilidad, costumbre y descaro, en el pasillo de nuestros respectivos domicilios.

La convivencia es la acción que más dificultades presenta entre las personas. El respeto hacia el otro y, derivado de ello, el respeto a lo que es del otro o es de todas y todos, como es el caso, utilizando los espacios comunes con cuidado y esmero, es la asignatura que solemos suspender, cuando menos en determinadas fechas y celebraciones, cosa que no alcanzo a comprender el motivo o justificación, por cuanto no quiero compartir y, mucho menos, dar por bueno el argumento justificativo, como me decía uno de estos días un joven, "es que nosotros bebemos mucho y, por ello, tenemos que mear", ya que no se dilucidaba sobre la acción necesaria de miccionar, sino sobre dónde se debe ejercitar dicha acción.

A mí, me imagino que a bastantes más, me gusta disfrutar de la ciudad, verla limpia, sin papeles; sin bolsas de plástico, de chucherías o vasos por el suelo, sobre todo si son de cristal y más si están rotos, con el peligro que ello supone; sin que el pavimento esté "regado" de licor y que, por ello, las suelas de los zapatos se peguen. A mí, como a otras y otros muchos, me gusta mi ciudad y muchas de las ciudades que visito, donde el orden y la limpieza, sean fiestas patronales o esté yo de vacaciones, constituya el común denominador, porque lo bello es bonito de admirar, valorar, querer y respetar.

Además, en estos momentos de ajustes económicos en lo público, deberíamos comprender que se ahorra más no manchando las cosas, las calles, los bancos, etc., que gastando más de lo necesario en servicios de limpieza, reparación, etc.. Obviamente, estos ahorros o menores gastos bien se pudieran destinar a otras políticas públicas, como a políticas educativas, sociales, etc...

Nos decía mi difunta madre, hace ya muchos años, "que no es más limpio el que más limpia, sino el que menos ensucia". Así nos educó, a mis hermanos y a mí. No sé si ahora se sigue utilizando esa máxima, al menos en el uso de los espacios públicos y comunes. Gracias mamá.

Hay vida después de la política

Aunque últimamente no sea de uso común, siempre se ha dicho que la experiencia es un grado. Valga, para ello, mi propia experiencia, al haber alternado en periodos discontinuos el ejercicio de la política, tanto partidaria como institucional, con el desempeño de mi vida profesional, cuando no me dedicaba a lo público. Muchas veces se tiende a pensar que solo existe el compromiso público, la representación política democrática, máxime cuando una o uno está enfrascado en el quehacer diario que, por cierto, requiere de mucho esfuerzo profesional y personal, dedicación, compromiso y, aunque hoy no se considere así, altruismo en defensa del interés general.

Por tanto, aunque los momentos son difíciles para sostener la afirmación, el compromiso ciudadano, libre y democrático, de ejercer la noble y necesaria actividad política y, derivado de ello, la representación institucional, merece una altísima consideración y un gran respeto y valoración ciudadana. Las dictaduras, tanto de izquierdas como de derechas, también necesitan personas para la representación política e institucional, eso sí sin haber sido estas elegidas democráticamente.

Dicho lo anterior y sin menoscabo de ello, merece una reflexión compartida el entender que dicha representación política y/o institucional debe ser, si es que no lo es ya, temporal y, por tanto, transitoria. El debate sobre la limitación de mandatos siempre ha sido conveniente abordarlo, hoy lo es más que nunca y, más aún, es imprescindible resolverlo mediante imperativo legal.

Esta nueva, necesaria y urgente regulación legal conseguirá algunos efectos positivos. Uno de ellos bien pudiera ser que el representante político se deberá un poco menos a su organización y un poco más a sus representados, por cuanto su mandato tiene un principio y también un final. Otro de ellos será que la autoestima personal subirá, por cuanto se limitará la dependencia orgánica. Finalmente y no menos importante, se conseguirá el reenlace con su profesión, ya que la distancia entre el momento de la excedencia y el del retorno no ha sido infinita.

Para ello, no valdrá, espero que así sea, hacer trampas. Quiero decir que la limitación de mandatos debe ser eso una limitación sin recovecos, sin que la limitación solo afecte cuando se compute el mismo cargo de representación, sino que sea aplicable con independencia de que una o uno haya sido concejal, alcalde, parlamentario, consejero, director general, diputado, senador, etc., etc.. Es decir, que la limitación a dos o tres legislaturas se aplique a distintos mandatos y cargos institucionales, siempre que de ellos una misma persona haya percibido un salario por su desempeño, en régimen de dedicación parcial, total o exclusiva, bien con incompatibilidad o sin ella.

Solamente, a este cúmulo objetivo de virtudes, según mi punto de vista, se pueden contraponer resistencias personales nada, por cierto, altruistas. Estas resistencias se suelen encontrar, por supuesto desde que ejercemos nuestra constitucional democracia, en aquellas personas que no tienen, seguramente porque tampoco antes no lo tenía, profesión, desempeño o empleo donde retornar y humano es pensar ¿de qué voy a vivir a partir de mañana?.

Esa pregunta, lógica desde un planteamiento personal y humano, no corresponde ser respondida desde lo público, por cuanto el ejercicio de la representación política no es un puesto de trabajo obtenido mediante una oposición, ni a través de ninguna agencia de colocación, sino que es un compromiso finito. Por ello, la pregunta debe ser respondida siempre desde el espacio personal y privado y, para ello, no hay mejor opción que la de pensar que la vida personal es de la persona y sus soluciones y alternativas deben ser buscadas y encontradas por esa persona, sin utilizar palancas públicas, ni relaciones institucionales anteriores.

Sirva esta humilde y pública reflexión para todas las personas que han sido recientemente elegidas o designadas democráticamente o lo vayan a ser en un próximo futuro. La responsabilidad es muy importante, la asumida o la que se vaya a asumir, pero la reflexión sobre el día de después debe comenzar, a la vez y en paralelo, en el mismo instante en que se toma posesión de la nueva responsabilidad. La tranquilidad y la independencia que se obtiene cuando uno es capaz, por si mismo, de mantener sus necesidades vitales y familiares cubiertas, con independencia de ejercer el cargo público o no, es inmedible y, a su vez, imprescindible.

Por ello, porque considero que hay vida después de la política, animo a nuestros representantes actuales y futuros a meditar sobre lo escrito y a ponerse en marcha para garantizar su propio retorno a la vida privada, ya que, cuando se accede a un cargo institucional, la maleta de despedida hay que tenerla preparada todos los días.

Poder ciudadano y elección directa. Propuestas para el futuro

Sé que estas propuestas no son aplicables de forma inmediata. Creo que las mismas, una vez formuladas y ajustadas a derecho, deben recibir el mayor consenso posible. Pero también considero que, como ideas renovadoras, deben ser expuestas y sometidas a la crítica y, cómo no, a la consideración social, por cuanto la ciudadanía, titular del derecho democrático, mediante el que otorga la representación institucional a unos u otras, está interesada en estos temas y, lo más importante, preocupada por lograr fórmulas de acercamiento entre el representante y el representado y de dependencia del segundo con respecto al primero.

Cierto es que, hoy por hoy, lo importante es la superación de la crisis económica; la generación de empleo, sobre todo de calidad; la defensa y el afianzamiento de nuestro estado de bienestar, mediante la mejora de la sanidad, la educación, las políticas sociales, la dependencia o las pensiones, todo ello asentado en el sector público, verdadero motor igualitario a la hora de llevar esos derechos a todas y todos, con independencia del estatus económico o social de cada ciudadano o ciudadana.

No menos importante lo es también la superación de la lacra de la corrupción, la cual se combate, sobre todo y de manera singular, con la aplicación de la máxima transparencia en la gestión de lo público, no solo de las instituciones, sino también de todos los agentes políticos, económicos y sociales que intervienen, de una u otra manera, en la toma de decisiones y/o en la ejecución de los servicios públicos.

Pero, además de todo lo anterior, no deja de tener interés el modelo de elección de los representantes institucionales, por cuanto es una derivada de lo planteado, cuya mejora se precisa para que los objetivos enunciados anteriormente se apliquen con mayor calidad democrática. No quiero decir, no es mi intención, que los modelos electorales aplicados hasta ahora no sean democráticos, por supuesto que sí, pero quiero hacer hincapié en la posibilidad de mejorarlos y, sobre todo, intentar reducir la distancia entre el elector, titular del derecho, y el elegido, persona respetable y comprometida, pero que se debe al primero.

A este respecto, mi sugerencia reflexiva se centra en dos aspectos. El primero está relacionado con la conveniencia, según mi punto de vista, de que las listas electorales de cada partido o coalición electoral, todas ellas, tanto las de los ayuntamientos, como las de los parlamentos autonómicos y las del congreso nacional, no sean listas bloqueadas.

Es decir, que el partido no predetermine inexorablemente el orden de los candidatos y que, por el contrario, sean los electores los que libremente atribuyan el orden a partir del segundo puesto, por cuanto el primer puesto se obtendría, como ya ocurre en el PSOE, mediante primarias abiertas a la ciudadanía, método que debiera ser de obligado cumplimiento, para lo cual debería tener el amparo legal suficiente.

Por tanto, el ciudadano, mediante el método que se acordase, elegiría primero la ideología deseada, la opción política que considerase más interesante y, a continuación, marcaría el orden de los candidatos y candidatas que creyese más conveniente, en la papeleta electoral de dicho partido.

El segundo aspecto que deseo compartir está relacionado con la designación, una vez celebradas las correspondientes elecciones, bien municipales, autonómicas o generales, de los Alcaldes o Alcaldesas, Presidentas o Presidentes autonómicos y Presidente o Presidenta del Gobierno de España. Hasta ahora, con el matiz para la elección de Alcalde o Alcaldesa, de no obtenerse mayoría, dicha designación correspondía a cada institución o corporación, mediante la votación de los representantes institucionales recién elegidos. La propuesta que se plantea a reflexión desplaza dicha elección desde la representación indirecta (concejales/as, parlamentarios/as, etc.) a la representación directa, el cuerpo electoral.

Es decir, si en una de estas instituciones o corporaciones, ningún partido o coalición hubiese obtenido la mayoría absoluta de los miembros que la conforman, en cuyo caso el Alcalde o Alcaldesa, la Presidenta o Presidente autonómico o la Presidenta o Presidente de la nación sería el designado previamente mediante primarias abiertas, una vez refrendado por la correspondiente institución, de no haber mayoría absoluta serían los ciudadanos y ciudadanas, mediante una segunda votación general, convocada al efecto, los que eligiesen a la persona de entre los candidatos o candidatas designados mediante primarias abiertas y pertenecientes a los dos partidos o coaliciones que hubiesen obtenido mayor número de votos en las correspondiente elecciones municipales, autonómicas o generales.

De esta manera, sería la ciudadanía directamente la que siempre otorgaría la representación, primero mediante las primarias abiertas, segundo mediante la asignación del orden de prelación de cada candidatura, en el momento de votar, y finalmente designando a la persona a ocupar la máxima representación y responsabilidad de cada institución, si previamente nadie hubiese obtenido mayoría absoluta. Con ello, la ciudadanía es la que siempre manda. Como debe ser, por otra parte.

Elecciones, ofertas y compromisos 2015

Ya sé que normalmente esto suele ocurrir en las ferias y fiestas, pero también ocurre, al menos cada cuatro años, en todos los procesos electorales. Me refiero a la digamos "tómbola" que todos los partidos y coaliciones concurrentes a un proceso electoral exhiben y publicitan de cara a conseguir el voto de la ciudadanía, con ofertas y compromisos de toda índole y variedad. No diré demasiado al respecto, por cuanto considero que los electores saben distinguir entre lo que se oferta y lo que luego se puede cumplir y, por tanto, se cumple.

Si me interesa reflexionar públicamente sobre algunas ofertas de corte fiscal; es decir, todas aquellas propuestas tendentes a reducir la presión fiscal, lo cual, según parece, puede atraer, por resultar interesante, a una buena parte del cuerpo electoral, no solo al sector conservador, sino también a parte del sector progresista.

Lo importante del asunto es que la ciudadanía, titular de derechos y obligaciones, muchas veces actúa de forma distinta ante lo público que ante lo personal o privado. Como personas, como consumidores, cuando necesitamos algún producto o servicio primero analizamos las ofertas, sus prestaciones, su garantía, su eficiencia energética, etc., etc. y luego lo ponemos, todo lo anterior, en relación al precio que deberemos pagar por ello y la opción de compra se suele sustentar en el equilibrio entre ambos aspectos, calidad y precio.

Por contra, cuando actuamos como ciudadanos, casi siempre ponemos en primer lugar el precio, los impuestos, y luego la calidad, el servicio. Es decir, como ciudadanos queremos pagar poco y, a su vez, tener buena sanidad, educación o servicios sociales, no poniendo en la balanza y a la vez la calidad y el precio, el servicio y los impuestos.

Sería deseable que, como ciudadanos, antes de ejercer nuestro derecho electoral, antes de dejarnos seducir por ofertas y propuestas de bajadas de impuestos, la cuales nos llevarán a tener que reducir inexorablemente la calidad de los servicios, analicemos profundamente que prestaciones públicas demandamos y exigimos, tanto en servicios sociales, como en sanidad o educación, etc., y que "precio" estamos dispuestos a pagar por ellos. Hagamos siempre la reflexión de lo público como actuamos en lo personal o privado, primero qué quiero tener y después cuánto estoy dispuesto a pagar, por cuanto, si no lo hacemos así nos estaremos haciendo trampas a nosotros mismos.

Lo anterior no está reñido con el deseo o anhelo de que las cosas, todas ellas, nos cuesten lo menos posible, aplicando mejoras en la gestión y modelos de eficacia y eficiencia, pero siempre manteniendo un nivel de calidad de las mismas. Para ello, lo primero a debatir y exigir a los partidos presentes en las próximas contiendas electorales es que nos formulen ofertas claras y nos aseguren fehacientemente compromisos sobre qué servicios y con qué calidad nos los van a prestar, si son nuevos, o los van a mejorar si ya existen, para después y solo después, garantizado lo anterior, nos realicen propuestas de reducción fiscal, equilibrio presupuestario o incremento de los ingresos públicos, sin olvidar un objetivo importante, cual es la reducción progresiva de nuestra deuda pública, como lo hacen las familias reduciendo paulatinamente su deuda privada.

Solo así, poniendo en nuestra personal y privada balanza lo que se nos ofrece y lo que nos va a costar, lo que deberemos pagar fiscalmente por ello, podremos ejercer mejor y más libremente nuestro derecho ciudadano como electores responsables. Lo contrario, la formula de decir que quiero que paguéis menos y esconder lo esencial, cual es que pagando menos tendremos inexorablemente menores y peores servicios, es una práctica política y electoral que debiera ser repudiada por la ciudadanía.

Así mismo y sustentado en lo anterior, algo parecido se podría decir de aquellas ofertas que conllevan promesas de nuevos servicios o prestaciones públicas, sobre las cuales también se esconde el coste de las mismas y, por consiguiente, de qué forma se van a financiar. Un nuevo servicio tiene un coste impositivo y su financiación se soporta en más ingresos o derivando un ahorro de otros gastos y asignar esos ahorros a financiar las nuevas prestaciones.

Estas nuevas y, a veces, ilusionantes promesas debieran ir acompañadas del método de financiación y, si no lo llevan anexado, debieran carecer de valor y, por ello, dejar de ser analizadas, como tales, por la ciudadanía. No hay que obviar que el funcionamiento de una institución pública es muy similar al de una familia, esto es que los gastos deben estar soportados en los ingresos y que ambos sumatorios deben tener el mismo valor final, por cuanto no se puede gastar globalmente más de lo que se ingresa. Otra cosa es que cada opción política decida democráticamente gastar más aquí que allí y, por tanto, con los ingresos garantizados, desarrolle unas políticas públicas de un tenor u otro.

Por tanto y a modo de conclusión, promesas y compromisos de menores ingresos, mediante reducciones fiscales, conllevarán reducciones de servicios públicos y, por contra, ofertas de aumento de los servicios sin incrementos fiscales o reducciones de otros servicios, para efectuar trasvases o transferencias presupuestarias, conllevarán nuevos déficits y, por tanto, más deuda pública, la cual la deberán pagar las futuras generaciones, lo cual supone, de facto, un planteamiento intergeneracional insolidario.

Navarra, encrucijada electoral en 2015

No sé si hoy Navarra es importante para España, pero si sé que lo es para las ciudadanas y ciudadanos que en ella vivimos. Unas y unos legítimamente, ahora parece que también democráticamente, quieren que Navarra siga existiendo, pero dentro de un ente superior denominado Euskal Herria, que significa país del euskera. Otros y otras, entre los que me incluyo, aspiramos, también legítima y siempre democráticamente, a que Navarra siga existiendo, pero como Comunidad Foral propia y diferenciada, sin pertenecer ni integrarse en un ente superior, y dentro de España, pero conformada esta como un Estado Federal asimétrico, de tal forma que se respeten los hechos diferenciales de determinados estados federados, como ya lo hace nuestra Constitución de 1978 con las llamadas "comunidades históricas".

Cierto es que, desde hace años, el nacionalismo vasco residente y ejerciente en Navarra, con mayor o menor radicalidad, dependiendo del partido o coalición que defienda ese nuevo modelo institucional, ha dejado claras y sin lugar a dudas sus pretensiones políticas. También es cierto que los partidos digamos constitucionalistas, conservadores o progresistas, hemos manifestado, también claramente y sin lugar a dudas, nuestros criterios y propuestas políticas, alineadas siempre en la defensa y mantenimiento del actual modelo institucional de Navarra, como Comunidad Foral propia y diferenciada, sin menoscabo, retroceso o cortapisa de las propias competencias históricas, reconocidas y avaladas por nuestra vigente constitución.

Pero la pervivencia del vigente modelo autonómico y foral asimétrico no ha sido un camino fácil. Los conservadores nacionales, el PP, desde el Gobierno de España, se ha empeñado en laminar las competencias autonómicas y, más incisivamente, las competencias forales, particularmente las ejercidas por Navarra, bajo el manto y justificación de la prolongada crisis económica y de las medidas que, fruto de la misma, había que adoptar para alcanzar, según nos decías, la llamada consolidación fiscal.

También, los conservadores forales, UPN, aliados electorales e ideológicos del PP, no han defendido, con la suficiente firmeza, las competencias históricas que nuestro régimen foral y paccionado nos otorga, amparadas estas, como ya he citado, por la Constitución de 1978. El mejor ejemplo de dicha sumisión lo ha protagonizado nuestra actual Presidenta, afortunadamente solo hasta el 24 de mayo, Yolanda Barcina.

Es decir, unos, los nacionalistas vascos, quieren una Navarra achicada, dentro de Euskal Herria y, por tanto, fuera de España, federal esta o no. Otros, los conservadores, también quieren una Navarra achicada, eso sí, como Comunidad propia y diferenciada, dentro de España, pero con unas competencias similares al restos de comunidades autonómicas. Por tanto, ni a unos, ni a otros, les interesa una Navarra foral, con plenas competencias, ampliamente consolidadas, tanto las históricas como las ejercidas a partir del desarrollo constitucional.

En este escenario, cimentado particularmente en el último trienio, la izquierda, el PSN y también el PSOE, venimos apostando, en el caso de Navarra, porque esta siga siendo una Comunidad Foral propia y diferenciada, dentro de España, con plenas competencias, amparadas estas en sus derechos históricos y en aquellas otras devenidas de nuestra Constitución, todo ello dentro de una España federal, al objeto de aplicar y garantizar un espacio social de igualdad de oportunidades, de mantenimiento del estado del bienestar y de apoyo a las personas y sectores más desfavorecidos.

Este 2015, entre otras "sorpresas", nos trae también una convocatoria electoral en Navarra, no solo en el ámbito municipal, sino también en el espacio foral, donde nuevos actores políticos, además de los ya conocidos por la ciudadanía, sobre los cuales, con mayor o menor acierto, tiene formado un criterio, sustentado este sobre las posiciones y propuestas que cada uno defiende para Navarra y para su futuro como institución política. Estos nuevos actores, estos nuevos partidos políticos que, según parece, concurrirán a las próximas elecciones forales del 24 de mayo, están en un proceso de elección de dirigentes y posteriormente de candidatos o candidatas. Por tanto, solo sabemos, a día de hoy, lo que dichos aspirantes a dirigir estos partidos están manifestando públicamente.

Según parece, Dña. Laura Pérez Ruano, aspirante a la Secretaría General de Podemos en Navarra, ha manifestado que no pactará con los partidos del "régimen", expresión acuñada y utilizada habitualmente, junto con la de "casta", en el seno de Podemos. Dice defender una "Navarra plural, que respete el derecho a decidir y a vivir en euskera".

A la espera de saber quién va a dirigir Podemos en Navarra y de conocer su programa electoral, por lo tanto, con la máxima prudencia, se puede colegir que Podemos en Navarra no va a pactar ni con el PP, ni con UPN, ni tampoco con el PSN-PSOE. Por contra, si puede pactar con el resto de formaciones políticas, particularmente con EH Bildu. Eso, según recientes noticias de prensa, ya se ha conseguido, para el ámbito electoral municipal, en la localidad de Beriáin, bajo la denominada plataforma ciudadana "Adelante Beriáin - Beriain Aurrera", formada por simpatizantes de Izquierda-Ezkerra, de Aralar-NaBai (actualmente EH Bildu), de Geroa Bai y del círculo de Podemos.

La encrucijada electoral que puede tener, que tendrá Navarra, su ciudadanía especialmente, el domingo 24 de mayo, será la de optar y apoyar, con sus votos, a partidos que defiendan, a la vez y de forma indisoluble, opciones progresista y de izquierdas, que se comprometan a aplicar y a garantizar un espacio social de igualdad de oportunidades, de mantenimiento del estado del bienestar y de apoyo a las personas y sectores más desfavorecidos y que también se comprometan a garantizar que Navarra siga siendo una Comunidad Foral propia y diferenciada, dentro de España, con plenas competencias, amparadas estas en sus derechos históricos y en aquellas otras devenidas de nuestra Constitución, todo ello dentro de una España federal.

El PSN y el PSOE están comprometidos con la defensa de estos modelos, el institucional y foral, junto al social y solidario.