Hacer más con menos, también en Política Social

A estas alturas casi todo el mundo sabe que la situación socioeconómica es de extrema dificultad. Por ello, la ciudadanía viene exigiendo a las administraciones públicas que sean conscientes del problema y ajusten, en consecuencia, su funcionamiento a esta nueva y complicada realidad. Así lo practicó el Gobierno de Navarra y particularmente el Departamento de Política Social, Igualdad, Deporte y Juventud, bajo la responsabilidad de Elena Torres, reduciendo la estructura directiva y de apoyo a la gestión, como sus gastos de funcionamiento.

Pero, no solo el Departamento de Política Social presta servicios públicos a la ciudadanía navarra, también muchas entidades del tercer sector o sector social prestan servicios, financiados con los presupuestos públicos, a los navarros y navarras. Todos deberemos reconocer, yo bien lo valoro, la riqueza que tiene nuestra Comunidad Foral al contar con tantas y tantas entidades, desde hace tanto y tanto tiempo, que se ocupan y preocupan por los demás, desde el más profundo desinterés y altruismo.

No, no me estoy refiriendo a estas entidades, a las que hay que proteger, mimar y conservar. Me quiero referir solamente a aquellas otras que prestan servicios públicos financiados por presupuestos públicos o a la parte organizativa de algunas de las primeras que, no respondiendo exclusivamente al modelo asociativo y de defensa de intereses colectivos, desarrollan en paralelo la prestación de servicios de competencia pública, sin deslindarse suficientemente lo segundo de lo primero y no sabiendo muchas veces si son o actúan como una asociación o como una empresa.

Los poderes públicos debemos proteger e impulsar la existencia de estas asociaciones o fundaciones pero, a la vez y sin excusa, deberemos profundizar nuestra exigencia en aquellas otras prestadoras de servicios públicos, aunque sean de las denominadas, en sus estatutos, sin ánimo de lucro. El ciudadano que necesita una atención la debe recibir con calidad y bajo parámetros de planificación y coordinación públicos, al margen de que los preste la propia administración, una entidad sin ánimo de lucro o una empresa privada concertada. Los derechos recogidos en las normas los deben garantizar, sin exclusión, las administraciones públicas.

Por tanto, si la ciudadanía exige de los poderes públicos la optimización de los recursos mediante la indispensable coordinación y la reducción de costes indirectos y de estructura, deberemos entender que esta ciudadanía no traza una línea divisoria para esta exigencia, sino que dicha obligatoriedad debe extenderse a todo y a todos los que prestamos y prestan servicios públicos.

Este es el reto que tenemos por delante, nada fácil por cierto, por cuanto aquí se entrecruzan otros intereses, que ya no son los meramente altruistas y de servicio a la comunidad, sino de puestos de trabajo o de salarios, especialmente los de dirección y gestión. Pero, en el Departamento de Política Social tenemos dos obligaciones que atender, la primera es la exigencia ciudadana de optimización y reducción de costes indirectos, la segunda es que, con la entrada en cuanto a ser objeto derechos de las personas valoradas como Dependientes – Moderados 2, la Agencia Navarra para la Dependencia debe dar una respuesta pública a estos derechos subjetivos.

Esta nueva situación, nada menor por cierto, nos lleva a asumir la prestación de estos servicios desde la planificación, coordinación y responsabilidad públicas, debiendo dejar de ser prestados, de forma más o menos altruista, aunque siempre financiada por fondos públicos, por entidades, asociaciones o fundaciones, las cuales no las desarrollaban, al menos en la mayoría de los casos, para el conjunto de la ciudadanía, sino para sus propios asociados.

Esta transformación asociativa, que supone el mantenimiento, si así se desea, de cada asociación, pero que supone deslindar la prestación de servicios de responsabilidad pública, de forma atomizada, a un modelo más integrado y generalista para el conjunto de personas que precisen de dicha atención y no solo para sus asociados, bajo parámetros de eficacia, eficiencia, calidad, transparencia y concurrencia pública y competitiva, es lo que vamos a desarrollar, por exigencia legal y ciudadana, durante este 2012, con el fin de que esté implantado para el próximo ejercicio presupuestario.

Aun no siendo tarea fácil, por cuanto es romper con tradiciones de largos años, con culturas específicas y con parcelas de poder social, sabemos que contamos con la comprensión de las Directivas de las entidades y, como no, también con los propios usuarios y usuarias de los servicios, por cuanto verán concretado su derecho en un programa de atención bajo la responsabilidad exclusiva de la administración pública.

Otros temas serán de mayor dificultad, al tener que abordar la reducción de estructuras directivas, con contratos de alta dirección y con salarios, en algunos casos, superiores al de los Consejeros del Gobierno de Navarra. Aquí también vale la reflexión y exigencia de reducción de costes, para dedicar los recursos a los programas de atención a las personas y no a las capas dirigentes de las organizaciones, cuando estás asociaciones o fundaciones, además, son formalmente sin ánimo de lucro.

Por ello, en el Departamento de Política Social entendemos que quien financie su funcionamiento con sus propios fondos, nada tenemos que decir ni objetar, pero que, por el contrario, quien financie su funcionamiento y actividades, en buena parte o en su totalidad, con fondos públicos, tanto en tercera edad, en discapacidad, en cooperación, en menores o en consumo, por citar algunos ámbitos, los salarios e incentivos de sus dirigentes y gestores no deberán rebasar unos determinados límites. Sin son servicios públicos la referencia es clara, no más de los niveles establecidos para los propios responsables de estas mismas áreas o servicios específicos de la administración pública.