Poder ciudadano y elección directa. Propuestas para el futuro

Sé que estas propuestas no son aplicables de forma inmediata. Creo que las mismas, una vez formuladas y ajustadas a derecho, deben recibir el mayor consenso posible. Pero también considero que, como ideas renovadoras, deben ser expuestas y sometidas a la crítica y, cómo no, a la consideración social, por cuanto la ciudadanía, titular del derecho democrático, mediante el que otorga la representación institucional a unos u otras, está interesada en estos temas y, lo más importante, preocupada por lograr fórmulas de acercamiento entre el representante y el representado y de dependencia del segundo con respecto al primero.

Cierto es que, hoy por hoy, lo importante es la superación de la crisis económica; la generación de empleo, sobre todo de calidad; la defensa y el afianzamiento de nuestro estado de bienestar, mediante la mejora de la sanidad, la educación, las políticas sociales, la dependencia o las pensiones, todo ello asentado en el sector público, verdadero motor igualitario a la hora de llevar esos derechos a todas y todos, con independencia del estatus económico o social de cada ciudadano o ciudadana.

No menos importante lo es también la superación de la lacra de la corrupción, la cual se combate, sobre todo y de manera singular, con la aplicación de la máxima transparencia en la gestión de lo público, no solo de las instituciones, sino también de todos los agentes políticos, económicos y sociales que intervienen, de una u otra manera, en la toma de decisiones y/o en la ejecución de los servicios públicos.

Pero, además de todo lo anterior, no deja de tener interés el modelo de elección de los representantes institucionales, por cuanto es una derivada de lo planteado, cuya mejora se precisa para que los objetivos enunciados anteriormente se apliquen con mayor calidad democrática. No quiero decir, no es mi intención, que los modelos electorales aplicados hasta ahora no sean democráticos, por supuesto que sí, pero quiero hacer hincapié en la posibilidad de mejorarlos y, sobre todo, intentar reducir la distancia entre el elector, titular del derecho, y el elegido, persona respetable y comprometida, pero que se debe al primero.

A este respecto, mi sugerencia reflexiva se centra en dos aspectos. El primero está relacionado con la conveniencia, según mi punto de vista, de que las listas electorales de cada partido o coalición electoral, todas ellas, tanto las de los ayuntamientos, como las de los parlamentos autonómicos y las del congreso nacional, no sean listas bloqueadas.

Es decir, que el partido no predetermine inexorablemente el orden de los candidatos y que, por el contrario, sean los electores los que libremente atribuyan el orden a partir del segundo puesto, por cuanto el primer puesto se obtendría, como ya ocurre en el PSOE, mediante primarias abiertas a la ciudadanía, método que debiera ser de obligado cumplimiento, para lo cual debería tener el amparo legal suficiente.

Por tanto, el ciudadano, mediante el método que se acordase, elegiría primero la ideología deseada, la opción política que considerase más interesante y, a continuación, marcaría el orden de los candidatos y candidatas que creyese más conveniente, en la papeleta electoral de dicho partido.

El segundo aspecto que deseo compartir está relacionado con la designación, una vez celebradas las correspondientes elecciones, bien municipales, autonómicas o generales, de los Alcaldes o Alcaldesas, Presidentas o Presidentes autonómicos y Presidente o Presidenta del Gobierno de España. Hasta ahora, con el matiz para la elección de Alcalde o Alcaldesa, de no obtenerse mayoría, dicha designación correspondía a cada institución o corporación, mediante la votación de los representantes institucionales recién elegidos. La propuesta que se plantea a reflexión desplaza dicha elección desde la representación indirecta (concejales/as, parlamentarios/as, etc.) a la representación directa, el cuerpo electoral.

Es decir, si en una de estas instituciones o corporaciones, ningún partido o coalición hubiese obtenido la mayoría absoluta de los miembros que la conforman, en cuyo caso el Alcalde o Alcaldesa, la Presidenta o Presidente autonómico o la Presidenta o Presidente de la nación sería el designado previamente mediante primarias abiertas, una vez refrendado por la correspondiente institución, de no haber mayoría absoluta serían los ciudadanos y ciudadanas, mediante una segunda votación general, convocada al efecto, los que eligiesen a la persona de entre los candidatos o candidatas designados mediante primarias abiertas y pertenecientes a los dos partidos o coaliciones que hubiesen obtenido mayor número de votos en las correspondiente elecciones municipales, autonómicas o generales.

De esta manera, sería la ciudadanía directamente la que siempre otorgaría la representación, primero mediante las primarias abiertas, segundo mediante la asignación del orden de prelación de cada candidatura, en el momento de votar, y finalmente designando a la persona a ocupar la máxima representación y responsabilidad de cada institución, si previamente nadie hubiese obtenido mayoría absoluta. Con ello, la ciudadanía es la que siempre manda. Como debe ser, por otra parte.