Elecciones, ofertas y compromisos 2015

Ya sé que normalmente esto suele ocurrir en las ferias y fiestas, pero también ocurre, al menos cada cuatro años, en todos los procesos electorales. Me refiero a la digamos "tómbola" que todos los partidos y coaliciones concurrentes a un proceso electoral exhiben y publicitan de cara a conseguir el voto de la ciudadanía, con ofertas y compromisos de toda índole y variedad. No diré demasiado al respecto, por cuanto considero que los electores saben distinguir entre lo que se oferta y lo que luego se puede cumplir y, por tanto, se cumple.

Si me interesa reflexionar públicamente sobre algunas ofertas de corte fiscal; es decir, todas aquellas propuestas tendentes a reducir la presión fiscal, lo cual, según parece, puede atraer, por resultar interesante, a una buena parte del cuerpo electoral, no solo al sector conservador, sino también a parte del sector progresista.

Lo importante del asunto es que la ciudadanía, titular de derechos y obligaciones, muchas veces actúa de forma distinta ante lo público que ante lo personal o privado. Como personas, como consumidores, cuando necesitamos algún producto o servicio primero analizamos las ofertas, sus prestaciones, su garantía, su eficiencia energética, etc., etc. y luego lo ponemos, todo lo anterior, en relación al precio que deberemos pagar por ello y la opción de compra se suele sustentar en el equilibrio entre ambos aspectos, calidad y precio.

Por contra, cuando actuamos como ciudadanos, casi siempre ponemos en primer lugar el precio, los impuestos, y luego la calidad, el servicio. Es decir, como ciudadanos queremos pagar poco y, a su vez, tener buena sanidad, educación o servicios sociales, no poniendo en la balanza y a la vez la calidad y el precio, el servicio y los impuestos.

Sería deseable que, como ciudadanos, antes de ejercer nuestro derecho electoral, antes de dejarnos seducir por ofertas y propuestas de bajadas de impuestos, la cuales nos llevarán a tener que reducir inexorablemente la calidad de los servicios, analicemos profundamente que prestaciones públicas demandamos y exigimos, tanto en servicios sociales, como en sanidad o educación, etc., y que "precio" estamos dispuestos a pagar por ellos. Hagamos siempre la reflexión de lo público como actuamos en lo personal o privado, primero qué quiero tener y después cuánto estoy dispuesto a pagar, por cuanto, si no lo hacemos así nos estaremos haciendo trampas a nosotros mismos.

Lo anterior no está reñido con el deseo o anhelo de que las cosas, todas ellas, nos cuesten lo menos posible, aplicando mejoras en la gestión y modelos de eficacia y eficiencia, pero siempre manteniendo un nivel de calidad de las mismas. Para ello, lo primero a debatir y exigir a los partidos presentes en las próximas contiendas electorales es que nos formulen ofertas claras y nos aseguren fehacientemente compromisos sobre qué servicios y con qué calidad nos los van a prestar, si son nuevos, o los van a mejorar si ya existen, para después y solo después, garantizado lo anterior, nos realicen propuestas de reducción fiscal, equilibrio presupuestario o incremento de los ingresos públicos, sin olvidar un objetivo importante, cual es la reducción progresiva de nuestra deuda pública, como lo hacen las familias reduciendo paulatinamente su deuda privada.

Solo así, poniendo en nuestra personal y privada balanza lo que se nos ofrece y lo que nos va a costar, lo que deberemos pagar fiscalmente por ello, podremos ejercer mejor y más libremente nuestro derecho ciudadano como electores responsables. Lo contrario, la formula de decir que quiero que paguéis menos y esconder lo esencial, cual es que pagando menos tendremos inexorablemente menores y peores servicios, es una práctica política y electoral que debiera ser repudiada por la ciudadanía.

Así mismo y sustentado en lo anterior, algo parecido se podría decir de aquellas ofertas que conllevan promesas de nuevos servicios o prestaciones públicas, sobre las cuales también se esconde el coste de las mismas y, por consiguiente, de qué forma se van a financiar. Un nuevo servicio tiene un coste impositivo y su financiación se soporta en más ingresos o derivando un ahorro de otros gastos y asignar esos ahorros a financiar las nuevas prestaciones.

Estas nuevas y, a veces, ilusionantes promesas debieran ir acompañadas del método de financiación y, si no lo llevan anexado, debieran carecer de valor y, por ello, dejar de ser analizadas, como tales, por la ciudadanía. No hay que obviar que el funcionamiento de una institución pública es muy similar al de una familia, esto es que los gastos deben estar soportados en los ingresos y que ambos sumatorios deben tener el mismo valor final, por cuanto no se puede gastar globalmente más de lo que se ingresa. Otra cosa es que cada opción política decida democráticamente gastar más aquí que allí y, por tanto, con los ingresos garantizados, desarrolle unas políticas públicas de un tenor u otro.

Por tanto y a modo de conclusión, promesas y compromisos de menores ingresos, mediante reducciones fiscales, conllevarán reducciones de servicios públicos y, por contra, ofertas de aumento de los servicios sin incrementos fiscales o reducciones de otros servicios, para efectuar trasvases o transferencias presupuestarias, conllevarán nuevos déficits y, por tanto, más deuda pública, la cual la deberán pagar las futuras generaciones, lo cual supone, de facto, un planteamiento intergeneracional insolidario.