Servicios públicos y déficit público, como trenes deficitarios, ¿y qué?

Para algunas opciones ideológicas, especialmente en épocas de crisis, todo vale. Todo vale se tengan argumentos y justificaciones válidas o no. Vale cualquier conclusión y, derivada de ella, también cualquier medida, sin mediar otros valores o parámetros no solo económicos, sino también sociales o territoriales. Durante la travesía de esta ya larga crisis, para la derecha ideológica, tanto navarra, como catalana, vasca o española, las decisiones hay que adoptarlas aplicando simplemente una sencilla resta. Es decir, si el resultado de ingresos menos gastos es negativo, pues entonces hay que "achicar la puerta o echar la persiana".

Quiero reiterar la idea inicial de que estoy hablando de servicios públicos, prestados por administraciones, instituciones, fundaciones o empresas públicas, donde, con especial singularidad, no deben valer exclusivamente los aspectos economicistas, sin renunciar, por pura obviedad, a ellos, ni tampoco a conseguir una eficacia y una eficiencia en la prestación de dichos servicios públicos, buscando la mejor prestación pública al menor coste posible. Pero, si quiero mantener que los servicios públicos, en la mayoría de los casos, llevan intrínsecamente asociados a ellos el conocido como déficit público.

De no ser así, para que servirían y que destino tendrían nuestros impuestos, además de como elemento redistribuidor y solidario entre los que más poseen y los que menos tienen. Si solo la economía rigiese las decisiones políticas, sobrarían los representantes democráticos y, en lugar de ellos, se podrían ordenadores que constantemente sumasen y restasen y, fruto solo de las matemáticas, mantendrían, reducirían o clausurarían un servicio u otro.

Nuestra Constitución de 1978, en su artículo 1.1 establece que: "España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político". Cabe señalar la importancia, en este caso, de las expresiones "social", "democrático", "justicia" e "igualdad".

Merece la pena incidir en que hay servicios públicos muy esenciales, como los son, por ejemplo, la educación, la sanidad, las pensiones, los servicios sociales, el empleo o la vivienda. Algunos de ellos son de responsabilidad pública y se financian, al menos hasta hoy, casi en su totalidad con los impuestos. Otros, también de responsabilidad pública, se cofinancian con los impuestos y con las aportaciones directas de los usuarios y usuarias, teniendo en cuanta su propio patrimonio y sus ingresos económicos.

Las pensiones, aún siendo un sistema público de reparto, se financian íntegramente con las aportaciones de las trabajadoras y los trabajadores activos. Finalmente, hay otros servicios donde las administraciones públicas deben impulsar, facilitar o favorecer dichos servicios, siendo otros quienes deben ser los que los provean.

Pero, además de estos servicios públicos, muy conocidos y utilizados ellos, hay otros que, aún siendo bastante necesarios, están en peligro de extinción, fruto, como decía, de que la resta no da positivo. Pondré, por no extenderme, solo dos ejemplos. Uno bien pudiera ser el servicio postal y otro el servicio de transporte de viajeros, bien por carretera o por ferrocarril.

Este tipo de servicios, los cuales, entre otros, son de vital importancia para el equilibrio territorial y el mantenimiento poblacional en zonas de baja densidad demográfica, seguramente serán deficitarios y es ahí donde una parte de nuestros impuestos deben servir para reequilibrar la balanza y conseguir que la resta no dé números negativos. ¿Cómo pueden seguir viviendo personas, especialmente de cierta edad, en localidades donde no se reciba el correo, por deficitario que resulte, o no puedan acudir al especialista de la capital, por no disponer de transporte público y tener, por desgracia, que "molestar" al pariente más cercano para que les lleve, dejando este de trabajar para poder hacerlo?.

Es aquí y ahora donde las expresiones, antes señaladas, "social", "democrático", "justicia" e "igualdad" deben operar e imponer su fuerza, desde la democracia, a los intereses económicos cuyas soluciones siempre se sustenta en no gastar para no pagar. No pagar impuestos se entiende, sobre todo ellos que debieran de pagar más, sobre todo en esta coyuntura. Se trataría, en definitiva, de defender nuestra norma máxima de convivencia, nuestra Constitución, para conseguir la "justicia" y la "igualdad", al menos la igualdad de derecho para el acceso a los servicios públicos.

Soy consciente de que la digamos tarta presupuestaria tiene su tamaño y que no es ni un chicle, ni un globo. Por ello, defendiendo nuestro estado social, la democracia debe ser la única fuerza decisoria, tal y como establece nuestra Carta Magna, evitando que los poderes e intereses económicos suplanten a la representación legítima y, muchos menos, a la sociedad que, en última instancia, es la titular real y directa de la soberanía popular.

Para ello, la transparencia plena y previa a la toma de decisiones; el establecimiento de un horizonte con certidumbres estables; la priorización de servicios públicos esenciales y básicos y el debate social sobre cómo deben ser financiados, antes de proceder a su reducción o eliminación, es el único método de convivencia social, desde donde la ciudadanía podría afrontar retos y sacrificios justificados y que permitiría una salida de la crisis con menores desequilibrios sociales, caminando mucho más juntos y no dejando personas en la cuneta.

Sirva como última reflexión de todo esto, la alarmante cifra de niñas y niños que, en la actualidad, pasan hambre en España. De no solventarse inmediatamente esta situación, no podremos decir que España es, cuando menos, un estado "social y democrático de derecho".