La corrupción, un virus a combatir entre todos

Además del cauce de los ríos, viene estos días crecida la indignación social por la corrupción, verdadero cáncer de nuestro sistema democrático que afecta, con acentuada gravedad, a responsables del Partido Popular, pero del que tampoco es ajeno el variado espectro ideológico español, incluidos compañeros socialistas, lo reconozco con dolor, aunque sean casos ciertamente de menor intensidad y profusión que los denominados Bárcenas o Gürtel.

Esta deleznable realidad se manifiesta con toda su crudeza cuando la ciudadanía está soportando los rigores de la crisis y las soluciones drásticas y dramáticas, en bastantes casos, que está aplicando, ausentes de consenso alguno, el Gobierno de España, sustentado por el PP y, como correa de transmisión de éste, el Gobierno de Navarra, con su minoría social y parlamentaria, que cuenta con los únicos apoyos del Grupo Parlamentario de UPN y, cómo no, de sus jefes nacionales, el PPN.

Este triste panorama sociopolítico está consiguiendo que la ciudadanía no de crédito ni tregua a sus representantes institucionales y, lo más importante, se esté alejando, fruto de la lógica desconfianza, de la democracia representativa y pueda acercarse a otras formulas de representación las cuales, en algunos casos, pudieran ser cualquier cosa menos democráticas.

Ante este clima social, la llamada clase política debe reflexionar primero y actuar a continuación, porque no todos los representantes y las representantes políticas son o somos corruptos. Ante esta hipótesis niego la mayor. Pero, sí es cierto que, con mayor frecuencia de la deseada, se manifiestan casos de corrupción que no debieran tener cabida en nuestro país, y que deben ser aclarados y perseguidos con suma eficiencia política, policial, judicial y social. En definitiva, deberemos crear una riada social y política que, bajo la legitimidad democrática, arrastre y limpie las orillas y los cauces de nuestra convivencia representativa.

No tendremos que pensar demasiado, sería suficiente con escuchar a nuestros convecinos, pero es evidente que, más pronto que tarde, algo deberemos hacer. Seguramente algo con los demás, por supuesto con la sociedad, pero también con las demás organizaciones políticas, al menos con aquellas que quieran hacerlo, denunciando públicamente a las que no lo deseen o lo obstaculicen.

Pero, ahora viene los más importante, ¿qué hacer? Nuestro nuevo camino, la senda de los partidos políticos debe estar permanentemente iluminada por la transparencia y por el amplio ejercicio democrático en la toma de decisiones, donde la ciudadanía sea siempre el referente a ser consultado a través de todos los cauces posibles.

Debemos empezar a desarrollar nuevos conceptos políticos, como la limitación de mandatos, la no prescripción de los casos de corrupción política o, en caso contrario por imposibilidad constitucional, la prescripción, pero pasados muchos, muchos años. La preferencia o, mejor dicho, la prioridad absoluta en la investigación, instrucción y celebración de los juicios derivados de casos de corrupción. Estos casos no deben esperar turno, deben ser los primeros de la lista.

Otro tema importante debe estar referenciado al establecimiento de las listas no bloqueadas. Es decir, que cada candidatura debería estar confeccionada con un primer nombre y puesto en la lista, el cual es el candidato o la candidata a Alcalde o Alcaldesa, a Presidente o Presidenta, etc., siendo que, a partir del segundo nombre y hasta el final, dicha candidatura debiera estar conformada con una cantidad de personas aspirantes superior en, digamos por ejemplo, un 50% a los puestos a cubrir, de tal manera que el ciudadano elector eliminaría a un número de personas similar a dicho porcentaje, conformándose el resto de los puestos de dicha candidatura, a partir del segundo, en relación con los votos obtenidos individualmente.

A todo lo expuesto, no cabe duda que habría que estimular y desarrollar mecanismos de control externo, los cuales debieran supervisar y auditar, con mayor prontitud, el funcionamiento económico – financiero de las organizaciones políticas y sociales.

Una cuestión es evidente, el río baja revuelto y no sin causa o razón. Por tanto, transparencia y contundencia. Pero, colateralmente a toda esta verdad, aparecen mensajes, sustentados en modelos predemocráticos, que alientan y jalean a la sociedad bajo la justificación del gasto y la necesidad de reducirlo.

Reducir el gasto público en el funcionamiento democrático de las instituciones, en su tamaño, en sus funciones y competencias, en determinar quién puede y quién no puede ser representante democrático, poniendo parámetros clasistas, es la mejor manera de impedir que la gran mayoría social pueda optar democráticamente a dicha representación, reservando, en consecuencia, dicho ejercicio a las clases dominantes, como ocurrió en etapas no tan lejanas de nuestro país.

Por todo ello, analicemos la riada, saquemos consecuencias y conclusiones y, mejor más que menos, combatamos el virus de la corrupción.

A esta tarea me apunto.

Real Casa de Misericordia, a por otros 25 años más

Recientemente tuve el honor y el placer de asistir al sencillo acto de conmemoración de los 25 años de funcionamiento, en las actuales instalaciones y edificios, de la Residencia “Real Casa de Misericordia” de Tudela, aceptando la invitación que amablemente me envió el actual Presidente del Patronato de dicha Institución, así como al resto de Presidentes y Presidentas que han tenido la misma y grata responsabilidad durante estos cinco lustros.

Fue un emotivo acto, no muy largo de duración pero extenso en sus contenidos y recuerdos, al que asistieron personalidades y representantes institucionales, antiguos y actuales responsables del Patronato, Profesionales, Directivos y, lo más importante, muchos residentes y familiares, así como una representación de la congregación de religiosas que, aunque no nos acompañen en parte de esta última etapa, si lo hicieron durante más de 140 años de vida de esta Institución.

Tuve la suerte de ser el Presidente del Patronato y, derivado de ello, de la Residencia “Real Casa de Misericordia” de Tudela, la cual, junto a la Residencia de la Milagrosa, vienen conformando en nuestra ciudad el esqueleto asistencial de nuestros mayores, tanto de Tudela como de la Ribera o del resto de la Comunidad Foral, desde valores y parámetros sociales y económicos conocidos y denominados como “sin ánimo de lucro” y también como “tercer sector o sector social”.

Si las dificultades que tuvo que afrontar aquel Patronato fueron enormes, a la hora de financiar la construcción de la nueva residencia, donde los imprevistos crecían y los presupuestos de ejecución también, donde la financiación hubo que buscarla hasta debajo de las piedras, no lo fue menos su puesta en funcionamiento, por cuanto se había construido un gran buque, con una capacidad para más de 150 personas, y donde había que garantizar la salida del puerto y su navegación posterior.

Finalmente, la noche de aquel 2 de diciembre de 1987 fue la primera donde los residentes que habitaban la vieja residencia, hoy un bello hotel, tomaron posesión de lo suyo, de sus pasillos y habitaciones, de sus salas y comedores. Todos estábamos inquietos. ¿Qué pasaría? ¿Saldría todo bien?.

Y como suele ocurrir en los grandes retos que se afrontan con ilusión y con esfuerzo compartido, aquella noche se durmió y el traslado se realizó satisfactoriamente. Habíamos cubierto el primer reto, el buque comenzaba a navegar y seguro que se enfrentaría a numerosas inclemencias y ventiscas en su indefinida y duradera travesía.

Obviamente, el éxito de la misión, de la botadura, le corresponde a los Profesionales de la residencia, a su Director, a la Congregación de religiosas y, como no, a la comprensión y paciencia de los residentes y sus familias. Algo había cambiado en Tudela. Otra forma de atender a nuestros mayores sería desarrollada, porque los nuevos tiempos así lo exigían.

Mucho ha evolucionado esta institución nuestra. Y digo nuestra desde la humildad, porque como tudelano que soy la siento también mía. Se ha pasado de conceptos tales como “válidos” o “asistidos” a nuevas catalogaciones derivadas de la conocida como Ley de la Dependencia, desgraciadamente hoy en franco retroceso porque quien decide no cree en ella.

También han evolucionado sus profesionales, sin los cuales nada sería esta institución. Nuevos métodos asistenciales, sistemas de calidad, garantía de derechos de los usuarios, formación continua. En definitiva, que los que allí trabajan no lo hacen solo por el salario, lo hacen porque en su interior hay algo más, unos valores y unas capacidades que están por encima del sueldo.

Ya en este siglo me tocó vivir la residencia desde dentro, desde otro ángulo, como familiar. Decir solamente que mi madre fue feliz. Lo fue por las atenciones que recibió, pero también lo fue porque su familia nunca se olvidó de que allí vivía y, en consecuencia, la visitamos diariamente. Como diría un entendido: “lo malo, lo doloroso no es llevar a tu padre o madre a una residencia. Lo malo es olvidarte de que está allí”. Por tanto, la experiencia fue muy positiva.

Alguna canción dice que “quince años no es nada”. Me sirve para expresar que, en este caso, para la Residencia “Real Casa de Misericordia” de Tudela, veinticinco años no son nada, porque sigue siendo un cuerpo vivo, inquieto y en constante evolución, con una sangre, que son sus dirigentes y profesionales, densa y curtida en la adversidad, que riega eficazmente cada extremidad y cada rincón.

Pero, como decía antes, este gran buque, que navega y navega, ha pasado ya por múltiples inclemencias, sobre todo de tipo financiero o económico, las cuales le han servido de aprendizaje y sorteando muchas olas se ha curtido en el arte marinera. No obstante, hoy no se ven en el horizonte olas, ni de poco ni de gran tamaño. Lo que se avista es una galerna disfrazada de crisis económica, la cual deseo que no llegue a tsunami, por cuanto devastaría todo lo construido en estos largos años.

No deseo que lo que Juan Antonio Bayona ha descrito con gran éxito cinematográfico, mediante su drama “lo imposible”, traspase ninguna pantalla de ningún cine y se instale entre nosotros. No deseo que la soledad que describe en una parte de su film sea nuestra forma de afrontar esta crisis, crisis económica y social que no la hemos creado nosotros. Deseo que la unidad y la defensa del estado de bienestar, de los servicios sociales y asistenciales la ejerzamos todos juntos y sea una prioridad democrática, como lo deben seguir siendo la educación o la salud.

Todo un buen ejemplo del buen hacer, por parte de la Residencia “Real Casa de Misericordia” de Tudela, de sus Patronos, de sus Profesionales y Responsables, de los usuarios y sus familias y un recuerdo para nuestra Congregación de religiosas “Hermanas de la Caridad de Santa Ana”. A por otros 25 años.

Emprendedores, Empresarios en el Siglo XXI

Siempre pero especialmente en estos momentos es necesaria la existencia de Emprendedores, hombres y mujeres que creen y apuestan por hacer algo que genere riqueza y empleo o expresado en términos más sencillos un emprendedor es aquella persona que pone en marcha, con entusiasmo y determinación, un negocio. Cabe, por tanto, resaltar los términos de “entusiasmo” y “determinación”. Por otro lado, permanentemente se debate sobre si hay o no diferencia alguna entre emprendedor o empresario, sosteniéndose que todo empresario es, por naturaleza, emprendedor.

No es hoy mi intención el profundizar en si existe dicha diferenciación. Me interesa lo positivo de dicha actividad económica, sea esta emprendedora y/o empresarial, cuando la misma va aparejada de la creación de empleo y riqueza, aunque para la creación y el mantenimiento del empleo siempre habrá que innovar y, en consecuencia, emprender nuevos retos y, a veces, nuevas actividades.

Por tanto, los empresarios deben ser los emprendedores del Siglo XXI y la sociedad, representada por sus instituciones, debe proteger, al menos en su justa medida, la lícita, necesaria e imprescindibles actividad emprendedora e innovadora, si se quiere favorecer la creación de empleo, el mantenimiento del existente y, fruto de la riqueza generada, el sostenimiento del Estado del Bienestar mediante los impuestos.

Dicha “protección” deberá reflejarse primero en lo fácil o difícil que le resulte a un emprendedor poner en marcha dicha actividad. Es decir, en los trámites que deba cumplimentar hasta digamos poder “levantar la persiana”, en si dichos trámites son rápidos o lentos, son costosos o ajustados. Una de las partes que configuran dichos trámites es la constitución de la figura societaria y el capital social que deba constituirse o depositarse para su creación, entendiendo que, al menos en su génesis, dicho capital social no debe ser inabarcable, sino fácilmente obtenible.

Una vez puesta en funcionamiento la nueva actividad emprendedora, si la misma resulta positiva, será el momento de exigir, mediante la legislación pertinente, el incremento de dicho capital social, aumentando las exigencias de los Fondos de Reserva, con el fin de favorecer y garantizar la pervivencia de la actividad y de los empleos ante inclemencias no previstas.

Otro aspecto a reflexionar es el referido a la imposición fiscal sobre resultados, entendiendo que no es lo mismo repartir beneficios que reinvertir gran parte de estos en la propia actividad emprendedora, bien en ampliaciones de actividad o en nuevos desarrollos de la misma, como pudieran ser acciones de investigación e innovación. Por tanto, la base fiscal debiera ser sobre los beneficios repartidos y no sobre los obtenidos, restando de estos los destinados a ampliaciones, investigaciones y/o innovaciones.

Pero, lo más preocupante para gran parte de la sociedad, especialmente en los tiempos que estamos viviendo, es la “reinvención” de actividades empresariales fallidas, protagonizadas por los mismos, con nombres societarios o comerciales distintos. Dicho sea de paso, no considero a estos últimos ni empresarios y, mucho menos, emprendedores, aunque lo cierto es que esta digamos “especie” vive y convive entre nosotros.

Para estos cuasi empresarios habría que mejorar una legislación mercantil que no permitiera con tanta facilidad el poder constituir una nueva empresa a personas que hayan ejercido de gestores, en una u otra medida, bien como Presidentes, Consejeros Delegados, Administradores, Apoderados, Directores Generales, Gerentes, etc., etc., de entidades que hayan cerrado su actividad y, los más grave, hubieren despedido a trabajadores y hubiesen dejado de pagar a proveedores e instituciones, al menos hasta que no hubieran resarcido, en su cuota parte de responsabilidad, las deudas generadas y no cubiertas. No hay que olvidar un sano principio rural: “quien hace algo una vez lo puede volver a hacer”.

Si en el ámbito del medioambiente se aplica el principio de PRECAUCIÓN, creo que dicho principio también debe ser aplicado a la actividad empresarial, por cuanto la sociedad no entiende y se queda perpleja cuando las mismas personas cierran negocios, despiden al personal, dejan deudas y, pocas semanas después, vuelven a poner en marcha una nueva actividad similar pero con otro nombre social y comercial, desde la cual se pueden volver a cometer los mismos “desmanes”.

Apostemos y apoyemos, de una vez por todas, a emprendedores, a empresarios del siglo XXI, que tengan entusiasmo y determinación, que crean firmemente en la honestidad como valor de gestión en los negocios y que no se olviden, al menos en la parte que puedan, del interés general, porque también es parte de su interés empresarial y personal, por cuanto forman parte de esta tierra y de este país, porque son importantes y necesarios para España y Navarra y porque, además de la riqueza, también existe la responsabilidad colectiva. La Responsabilidad Social Corporativa no es un sueño ni un invento del mañana.

Izquierda & Izquierda. ¿Adversarios o Aliados?

Recientemente, una vez más, el dirigente de Izquierda Unida en Navarra arremetía políticamente, en una reunión de su Consejo Político, contra la derecha navarra (UPN y PP) para, pocas frases después, descalificar a la izquierda mayoritaria de la Comunidad Foral (PSN-PSOE), bajo el eufemismo de “la izquierda de la resignación”. Esto, que puede estar solamente justificado en la rivalidad e intereses electorales de dicho dirigente y de su minoritaria formación política frente a la izquierda mayoritaria, no debe, a mi juicio, ser el mejor camino a mantener, suficientemente explorado ya, si lo que se pretende es propiciar un cambio político e institucional en Navarra.

Llevo casi cuarenta años de militancia política. He asistido y participado, por tanto, en multitud de reuniones internas y públicas de mi partido y debo decir, en honor a la verdad, que nunca he escuchado a ningún dirigente socialista arremeter ni descalificar a los demás partidos de la izquierda. Sin embargo, si he visto a esta izquierda “post-comunista” no solo descalificar sino articular “pinzas” con la derecha y en contra de la izquierda mayoritaria. Es mas, en estos momentos podemos ver tres estrategias de dicha izquierda menos mayoritaria: la extremeña, la asturiana o la andaluza. Cierto es que me parece mejor la andaluza, menos mala la asturiana y pésima la extremeña.

No he asistido a similares estrategias político electorales de la derecha, ni foral, ni nacional. Por el contrario, estoy asistiendo a parecidos métodos, aunque por motivos no estrictamente iguales, de los nacionalismos, particularmente del nacionalismo vasco residente en nuestra Comunidad Foral, ante la concentración del nacionalismo radical y la necesidad de resituarse al otro nacionalismo vasco, fruto del proceso electoral en el País Vasco.

Lo cierto es que, al menos en Navarra, se necesita un cambio político e institucional, que defienda otros valores básicamente sustentados en la generación de empleo junto al mantenimiento de un sistema de protección social sostenible y cuyo resultado, tanto a corto como a largo plazo, sea la viabilidad de Navarra como Comunidad Foral propia y diferenciada. Por tanto, el objetivo debe ser el obtener el apoyo mayoritario y democrático de la sociedad navarra a propuestas, programas y partidos progresistas, que se comprometan a defender estos principios.

Esa es, por tanto, la meta. Para alcanzarla en las primeras posiciones deberemos tener claro quiénes son nuestros aliados y quiénes otros, por el contrario, son nuestros verdaderos adversarios. Por cuanto la confusión en estos términos puede producir el desgaste, por equivocación, de los primeros, nuestros aliados, en favor de los segundos, nuestros adversarios. Cierto es que no somos exactamente iguales, como tampoco lo son nuestros adversarios. Pero también es cierto que, como en un equipo deportivo, los aliados, aunque con diferentes posiciones (defensa o ataque), no se ponen zancadillas porque forman parte del mismo equipo.

No lograríamos nada si, en vez de impedir el avance de nuestros rivales, impidiéramos el avance de nuestros aliados. Porque nuestros aliados si crecen suman en nuestro equipo y nuestros adversarios si crecen nos restan. Como tampoco lograríamos nada si nuestro único y último objetivo fuese el que yo sea más que tú en el mismo equipo, por cuanto la suma seguiría dando igual que antes o, a lo peor, menos que antes. En definitiva, se trata de ser todos, todos los del mismo equipo, más que antes y buscar que el conjunto del otro equipo sea menos que antes.

Esto, que parece obvio en el ámbito deportivo, no lo debe ser tanto en el espacio político y, mucho menos, cuando los vientos de una contienda electoral se empiezan a sentir. Por ello, se hace necesario, diría yo imprescindible, diferenciar bien los conceptos calificativos de adversario y aliado, para actuar democráticamente frente a los primeros pero siempre junto a los segundos.

Deseo que todos los partidos progresistas y de izquierdas de Navarra, que se comprometan a defender y aplicar valores sustentados en la generación de empleo, en el mantenimiento de un sistema de protección social sostenible junto a la viabilidad de Navarra como Comunidad Foral, diferencien bien, bajo parámetros democráticos, entre adversarios y aliados. Por cuanto, si queremos legítimamente ganar, no valdrá el viejo dicho de “quítate tú para ponerme yo”, solo valdrá la estrofa de aquella lejana canción: “juntos somos mucho más que dos”.

¿10 x 10 siempre es 100?

La actual y prolongada crisis económica y, como consecuencia de la misma, también social está consiguiendo nublar la reflexión y el análisis de personas sensatas y juiciosas, las cuales buscan teóricamente las mejores soluciones posibles. Cierto es que las instituciones públicas, especialmente sus políticos, no están o estamos coadyuvando a mejorar dicho análisis y, por tanto, a despejar la espesa bruma, por cuanto la mayor o menor proximidad de unas elecciones nos acentúa las peores artes a la hora de captar un voto más. La ciudadanía, lógicamente preocupada por su presente y también por su futuro, se aferra a un digamos clavo ardiendo, sin pensar si las soluciones que escucha y se le presentan son, al menos, mínimamente viables y, por tanto, posibles de ser llevadas a la práctica.

Decía que estamos inmersos en una profunda y aguda crisis económica, la cual, además de generar pobreza por la pérdida de empleo, también genera inevitablemente menores ingresos fiscales a las administraciones públicas, especialmente las CC AA prestadoras estas de servicios esenciales como la sanidad o la educación. Al margen de que la derecha económica y política europea, como el PP en España, quiera utilizar dicha crisis para atacar y derrumbar nuestro Estado de Bienestar y, con ello, cambiar el modelo social en Europa y en nuestro país, lo cierto es que los ingresos fiscales son sensiblemente menores a los obtenidos años atrás.

Cada administración pública debe inexcusablemente retornar, lo antes posible, a la nivelación de los gastos con los ingresos, aplicando presupuestos en base cero, con el objetivo final, solamente este, de garantizar nuestro Estado de Bienestar y las prestaciones garantizadas derivadas del mismo. Es decir, deberemos llegar a alcanzar el objetivo de gastar lo que se ingresa o, mejor dicho, ingresar lo que se va a gastar. Aquí conviene tener claro y discernir ajustadamente entre deuda y déficit, siendo menos preocupante, aunque sin dejar de serlo, la primera (deuda) que el segundo (déficit). Una deuda que es soportable y de la que se pueden pagar sus intereses y amortizaciones sin mayores agobios no tiene consecuencias graves. Si las tiene, sin embargo, el hecho de gastar en un mismo periodo más de lo que se ha obtenido, por cuanto dicho déficit habrá que solventarlo bien con mayores y suplementarios ingresos o, más preocupante todavía, con nuevos créditos que generarán más intereses y más amortizaciones.

La situación financiera de casi todas las administraciones públicas de nuestro país (Administración Central, CC AA y Ayuntamientos) es muy grave, no solo por su elevada deuda, que la tienen, sino por su importante déficit, que también lo tienen. Si esto es así, habría que buscar un amplio consenso social y político, con el fin de aportar soluciones viables a nuestros acuciantes problemas. Cierto es que el Gobierno de Rajoy ni lo quiere ni lo busca, pero la necesidad es tozuda.

Este imprescindible consenso social y político debiera estar sustentado en unos principios inalterables y de igual importancia todos ellos, siendo los principios supremos la generación de empleo y el mantenimiento del Estado del Bienestar. Por tanto, para impulsar la generación de empleo las administraciones públicas necesitan recursos económicos que no tienen y para mantener el Estado del Bienestar también se necesitan recursos públicos que tampoco se tienen, al menos en suficiencia. Complementariamente a todo ello y como base firme e imprescindible debe estar siempre presente la ineludible realidad, cual es que no se puede ingresar menos de lo que se gasta y, como consecuencia directa, no se puede gastar más de lo que se ingresa.

A partir de aquí es donde debería empezar el consenso y el acuerdo. Primero en definir y concretar temporalmente el periodo de tránsito entre la situación actual de deuda y, sobre todo, de déficit y una nueva situación, necesaria y más estable, con una deuda asequible y un déficit prácticamente inexistente. Decía en una entrevista Cándido Méndez (S. General de UGT) que: España necesita tiempo a un precio razonable.

Y es a partir de aquí, en este importante momento, donde nos deberemos quitar, todas y todos, las máscaras políticas y aparcar nuestros intereses electorales y de partido, poniendo por delante los intereses y necesidades de la mayoría social.

Si el objetivo es crear empleo y, a la vez, hacer sostenible nuestro Estado del Bienestar, sin separación posible entre ambos principios, la solución pasa por acordar que es lo principal y que es lo accesorio. Dicho de otra forma, que prestaciones deberemos mantener y que políticas deberemos impulsar para, a renglón seguido y también sin separación posible, acordar los medios para obtener los ingresos necesarios. Es decir, cuanto, como y quienes deberemos pagar los imprescindibles impuestos, que generaran los ingresos para financiar los servicios y las políticas públicas.

Por tanto, no vale decir, por cuanto es irreal y engañoso, que hay que mantener todo y más, sabiendo que no lo vamos a poder pagar. No puede ser que nuestras prestaciones y servicios los tengan que pagar las generaciones futuras, por cuanto, en este supuesto, quién pagará los de ellos. Tampoco vamos a consentir que la derecha quiera, aprovechándose de la situación, desmontar nuestro Estado del Bienestar. Hay que mantener lo importante, por supuesto, pero también y a la vez hay que financiar lo importante. Por ello, nuestros gastos públicos deberán sumar no más de 100 y nuestros ingresos públicos deberán sumar, cuando menos, también 100. Si así lo hacemos, si anteponemos de verdad los intereses generales a los particulares, la ciudadanía volverá a confiar en las instituciones y en sus representantes.

¿Pensiones o cañones?

Levamos varias semanas en las que se nos viene hablando insistentemente del asunto de las pensiones. Las últimas noticias referidas al hecho de que, para pagar las pensiones públicas durante este verano, se ha tenido que utilizar buena parte del Fondo de Contingencia, por un importe de más de 4.000 millones de euros.

Por otro lado, creo que, a estas alturas, ya todos sabemos que nuestro sistema público de pensiones es un sistema de los llamados de “solidaridad intergeneracional” o de “reparto”, dicho de otro modo, unos venimos pagando las pensiones de ayer y de hoy con la esperanza, hoy se torna ingenua e incierta, de que otros paguen las pensiones de mañana. Pero, si no hay cotizantes no se pueden pagar las pensiones, porque se pagan al día con las cotizaciones del día. Si bajan las cotizaciones, por paro y por descenso de natalidad, y crece la esperanza de vida el sistema se hace, paulatina y progresivamente, menos viable.

Además de ello, los trabajadores y trabajadoras hemos tenido que cotizar al sistema obligatoriamente, por tanto no es un sistema de libre elección. Y tampoco deberemos equivocarnos con el concepto terminológico con el que se denomina nuestra aportación (cuota o cotización a la S. Social), cuando nuestra cotización se parece más, de hecho, a un impuesto que a una cuota, porque la diferencia entre cuota e impuesto, al menos en este caso, no es baladí.

Teniendo todas estas cuestiones por sabidas, la preocupación galopante se centra en un estrato de población de unos cincuenta y muchos años, donde se ha cotizado, afortunadamente en muchos casos, unos 40 años y, en algunos de esos casos, bastantes de esos años por la cotización máxima o, lo que es lo mismo, con la aspiración y justificación formal y legal de poder obtener la pensión máxima; por cuanto, nuestro sistema debería, al menos, amparar un cierto reconocimiento al esfuerzo y garantizar que quien más ha cotizado obtiene, por ello y en justa correspondencia, una mayor pensión. Lo contrario rompería el equilibrio y quebraría la justificación del esfuerzo, reforzando las tesis contrarias de que, como obtengo lo mismo, para qué cotizar por más.

Estas trabajadoras y trabajadores, a los que todavía les quedan entre 5 y 10 años de cotizaciones y esfuerzos, están escuchando, con suma preocupación, dos cosas importantes. La primera que no se sabe, a día de hoy, si se podrán jubilar a los 65, a los 66 o finalmente a los 67 años, con la derivada de que si se retrasa la jubilación también se retrasa la nueva oportunidad de empleo. La segunda, más importante que la anterior, que no se sabe, también a día de hoy, si habrá dinero para sus pensiones y si el importe de las mismas será en equidad al esfuerzo de cotización realizado, tanto en tiempo como en cuantía.

Si los peores presagios se cumplieran, jubilación a los 67 años (casi 50 años de cotización) y reducción de las cuantías de las pensiones, sobre todo las de mayor importe, bien se pudiera romper el principio de equidad, aunque no el de justicia social, por cuanto pudiera ocurrir que personas con menores años de cotización e inferiores cuantías cotizadas obtuvieran una pensión similar. De ser esto así, estaría justificado que se cambiase el nombre a las cotizaciones a la S. Social y se acuñara lo que realmente es, un impuesto obligatorio para la jubilación.

Pero, todo esto deviene de la crisis económica y de la falta de estímulos para crear empleo, desafortunadamente todo eso es lo que está consiguiendo Rajoy. Debiendo el Gobierno de España, del PP, con su mayoría absoluta, optar por reducir o recortar en una parte o en otra de los Presupuestos Generales de España. Aquí es donde radica la diferencia, lo distinto. La importancia de votar y de optar por una ideología o por otra. De elegir por una línea progresista o conservadora.

Puestos a elegir, por cuanto las políticas incentivadoras y generadoras de empleo están en desuso entre los conservadores, se podría optar por no reducir en pensiones y si hacerlo en otros capítulos de los presupuestos. Y es aquí y ahora donde está el debate social y político.

Con el objetivo de incentivar el debate democrático, yo creo que, de ser imprescindible, reitero imprescindible, se podría recortar en Defensa en vez de en Pensiones. Dicho esto, me apresuro a decir que respeto profundamente a la Institución Militar, democráticamente entendida y ejercida, y más singularmente las misiones de paz que desarrollan internacionalmente y, por ser de suma actualidad desgraciadamente este verano fruto de los incendios, también mi reconocimiento y gratitud a la Unidad Militar de Emergencia, que tan buen papel viene desarrollando desde su creación por el Presidente Rodríguez Zapatero.

Pero, dicho lo anterior, cabe recordar que la publicidad de Rajoy, al menos ante los Presupuestos de España para 2012, fue de reducción del capítulo de Defensa en un 8,8% respecto a 2011 y una disposición inicial de más de 6.000 millones de euros, unos 600 millones menos que el año pasado, de los que más de 300 millones de euros correspondían al capítulo de inversiones, aunque fue el ministerio que sufrió la menor merma en su presupuesto, por cuanto la media de reducción fue de casi el 17%.

Pero muy pocos meses después (los presupuestos se aprobaron y publicaron a finales del primer semestre), casi de “tapadillo”, el presupuesto de Defensa para este año ha experimentado un “súbito incremento” de más del 28%. El Consejo de Ministros acaba de aprobar un crédito extraordinario de casi 1.800 millones de euros para programas de armamento. Si esta partida se hubiera incluido ya en los presupuestos de 2012, el capítulo de Defensa hubiera sumado más de 8.000 millones, con un aumento de algo más del 16% respecto a 2011, en vez de reducirse inicial y publicitariamente en un 8,8%. Cabe recordar, para no olvidar, que si el actual Ministro de Economía y Competitividad, Sr. De Guindos, trabajó para Lehman Brothers, su homólogo en el Ministerio de Defensa, Sr. Morenés, estuvo muy bien relacionado con la industria armamentística, por cuanto y según Wikipedia, entre otras responsabilidades, ha sido Director General para España de la empresa de misiles MBDA.7.

Bien, pues como diría William Shakespeare, “ser o no ser, esa es la cuestión”. Aquí la cuestión, al menos a la hora de optar, es optar bien, optar por los ciudadanos, optar por sus derechos, en este caso derechos contributivos o cotizados, optar por su bienestar y optar finalmente por su futuro, después de 50 años de cotizaciones. Luego, si esa es la cuestión, yo opto por pensiones antes que por cañones.

¿Existe un futuro para Navarra sin Yolanda Barcina?

Navarra, mejor dicho las personas que la habitamos, estamos atravesando serías dificultades económicas, sociales y políticas, las cuales están conllevando decisiones de gobierno que afectan a lo sustancial del denominado Estado del Bienestar (educación, salud, políticas sociales, etc.), aunque las mismas, a todas luces y a los resultados me remito, no están consiguiendo los objetivos que inicial y teóricamente justificaron su adopción.

Estas decisiones de gobierno, generalmente acordadas por el Gobierno de España, del PP, se escriben en Reales Decretos Ley, tramitados con urgencia y bajo el conocido “paraguas” de legislación básica o, lo que es lo mismo, de obligado cumplimiento por las CC AA. Por tanto, cabría preguntarse ¿para qué sirven las CC AA? Para algunos, entre los que no me encuentro, para nada. Mejor dicho, esta es la ocasión de “recentralizar” las competencias en un nuevo estado jacobino y español.

Desde una posición radicalmente democrática nada que objetar a que unos defiendan un estado jacobino, otros la independencia de Euskadi, en este caso con Navarra incorporada, mientras que algunos otros defendemos una España federal dentro de una Europa también federal. La democracia legítima indicará el camino a recorrer en cada momento y circunstancia.

Lo importante no es lo que se defiende, lo trascendente en este caso es lo que se es. Navarra es una Comunidad Foral (luego no es una Comunidad Autónoma clásica), cuyas competencias devienen del antiguo Reino de Navarra, que estuvo vigente hasta 1841 y del cual emana nuestro particular régimen de autogobierno, denominado Régimen Foral. Además, la Constitución Española de 1978 ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales. Por tanto, sólo se puede respetar lo que es diferente y amparar lo que es externo. La Constitución reconoce, por tanto, el carácter preconstitucional del fuero navarro.

Por ello, la pregunta es: ¿ampara y respeta el Gobierno de España (PP) el Régimen Foral de Navarra? Concatenada a esta, cabría la siguiente: ¿defiende el Gobierno de Navarra (UPN), ante el Gobierno de España (PP), nuestras competencias derivadas de nuestro Régimen Foral? Obviamente, aquí pueden aparecer diferentes opiniones, tantas como opciones políticas. En mi caso creo que no, que no está defendiendo el Gobierno de Yolanda Barcina las competencias forales de Navarra. Añadida a esta opinión personal y, por tanto, subjetiva, cabría una derivada, cual es que Yolanda Barcina está más en las tesis “recentralizadoras” del PP, hacia la construcción de un estado jacobino y español, que en la posición de defensa de una España federal dentro de una Europa federal.

De ser esto así, y lo hechos van cimentando esta hipótesis día a día, Yolanda Barcina estaría actuando en contra de su juramento, cuando tomo posesión de su cargo, en contra de la historia, de las leyes y de los acuerdos adoptados en nuestra Comunidad Foral y, no menos importante, en contra del leitmotiv que justificó la fundación de UPN.

Pero, además de poder estar actuando Yolanda Barcina en contra de nuestro Régimen Foral, también está actuando en contra de los intereses directos de la ciudadanía navarra, titular, en última instancia, de los citados derechos históricos. Yolanda Barcina, a través de su gobierno monocolor, está atacando directamente el Estado de Bienestar foral, en una parte por omisión o, dicho de otra forma, por inacción ante las decisiones del Gobierno de Rajoy y, por otra, por las decisiones directas adoptadas por su gabinete.

No seré yo quien le diga a ningún partido u organización quién debe ser su representante. Esto pertenece a una digamos esfera privada, que corresponde a cada organización. Me referiré exclusivamente al ámbito público o institucional y a los hechos concretos y constatables. Cierto es, lo decía al principio que estamos inmersos en serias dificultades económicas, sociales y políticas, pero no es menos cierto que Navarra no va bien, mejor dicho Navarra va mal.

Navarra tiene dificultades financieras, no aumentan los ingresos fiscales sino que decaen. En consecuencia, la soluciones “populares” que se aplican son las mismas recetas del PP, lo que es lo mismo la reducción del Estado del Bienestar foral, mediante un seguidismo consentido y cómplice, olvidándonos de nuestras competencias y de nuestro Régimen Foral.

Yolanda Barcina ha generado, a su vez, una inestabilidad institucional que no beneficia, todo lo contrario, la imprescindible confianza inversora, más necesaria que nunca en tiempos de crisis económica. Y, lo más importante, la actual Presidenta de la Comunidad Foral no tiene o, cuando menos no lo expone, un proyecto de futuro para salir de la actual crisis económica y social en Navarra, que no pase ni por “recentralizar” ni por “independizar”, sino por creer en esta tierra y en sus gentes.

Ante esta tesis, mi pregunta continuada y constante es si existe un futuro para Navarra sin Yolanda Barcina. Creo que si, por cuanto nadie es insustituible, aunque no esté, hoy por hoy, esa pelota en mi tejado.