La dependencia y los dependientes, un futuro muy oscuro

Antes de nada, recuperada ya mi libertad individual, tras culminar una etapa de responsabilidad pública, es conveniente y necesario volver a retomar el sano ejercicio de la autocrítica y, cómo no, también de la crítica social y pública. Seguramente habré cometido errores durante los últimos doce meses, pido disculpas por ellos, aunque puedo asegurar que han sido totalmente involuntarios o, en otro caso, absolutamente necesarios, a la vez que, en muchas ocasiones, incomprendidos.

Desde mi libertad, abandonada ya mi dependencia, no solo funcional, sino también jerárquica, puedo, debo y quiero dejar escrito, negro sobre blanco, que este último año ha constituido una de las etapas más importantes en mi vida. He conocido a grandes profesionales, hombres y mujeres, que trabajan, desde lo público, para la sociedad. También he compartido duros momentos con un equipo humano, del cual me enorgullezco. Pero, lo más importante, he descubierto, más si cabe, a una persona que ha sabido estar siempre a la altura de las circunstancias.

Elena Torres no solo es una extraordinaria mujer, también es una gran persona que se ha entregado y esforzado por el bien común, por los demás, por la defensa del interés general y, lo más importante, por hacer sostenibles las políticas sociales, como parte fundamental del Estado del Bienestar, priorizando siempre lo imprescindible sobre lo importante, que no es otra cosa que mantener los derechos garantizados. La historia, más pronto que tarde, juzgará esta corta etapa pública.

Dos días después del relevo, escucho en la Cadena SER que el Gobierno de España está ultimando un Real Decreto, seguramente R.D. Ley, para modificar la aplicación de la conocida como Ley de la Dependencia. Instrumento normativo que será informado favorablemente, con toda seguridad, en el próximo Consejo Territorial, previsto para el martes 10 de julio, antes de ser aprobado finalmente por el Consejo de Ministros.

Según parece, la citada reforma de la Ley de la Dependencia, sin olvidarnos del retraso en la entrada y, por tanto, en la atención a los Dependientes Moderados, santificada en otro R.D. Ley de finales de 2011, incidirán en aspectos económicos como la exigencia a los beneficiarios en que paguen más para ser atendidos; la subida del copago por la prestación de servicios y la ayuda a domicilio o los centros de día, siendo el incremento tan notable que para algunos pensionistas supondrá el 20% de la pensión, según expertos consultados por la Cadena SER.

Habrá que pagar por la tele asistencia, hasta ahora gratuita. También se rebaja la cuantía de las ayudas económicas de las cuidadoras familiares. Algunas caerán hasta los cien euros mensuales. Los menores discapacitados estaban exentos y, a partir de ahora, para recibir atención tendrán que pagar sus padres. Solo se librarán del copago los dependientes con unos ingresos inferiores a los 400 euros mensuales.

¿Y Navarra qué? Qué posición tomará y defenderá el Gobierno de Navarra, representado por el nuevo Consejero de Políticas Sociales. Viene a cuento recordar que el PSN-PSOE y, en consecuencia, Elena Torres, ejerciendo su más alta representación, se opuso y, por tanto, no aplicó en Navarra la moratoria o, para entendernos mejor, el retraso en la entrada al sistema de la dependencia de los Moderados. Es decir, los socialistas impedimos la aplicación en Navarra de determinados recortes que el PP había aprobado, ejerciendo nuestra competencia exclusiva en materia de asistencia social, viejo término técnico, hoy actualizado al de política social.

Si la línea de Yolanda Barcina es seguir siendo renuente o refractaria a la aplicación en Navarra de los recortes del PP, en materia de política social y dependencia, mi reconocimiento y aplauso. Si, por el contrario, la línea cambia de dirección y se convierte en una paralela a la línea del PP, aplicando “sin rechistar”, estas medidas, mi crítica.

Según sea la comprensión o incomprensión del nuevo Gobierno monocolor de UPN hacía la aplicación de estas medidas, se podrá demostrar la utilidad o inutilidad del ejercicio responsable, en el seno del Gobierno de Navarra, desarrollado por parte del PSN-PSOE y, como consecuencia, se demostrará que las críticas de la oposición tenían o no fundamento; más allá del desgaste político, interesado por cierto, que legítimamente han venido ejerciendo.

Pero, después de todo esto, de demostrar la utilidad o inutilidad de las cosas, que no interesa demasiado a la ciudadanía, queda la realidad, la cruda realidad. Esta no es otra que el Gobierno de España, el Gobierno del PP, el Gobierno de Rajoy, si cuenta con el “seguidismo” de Yolanda Barcina, estará incidiendo en España y, como consecuencia, en Navarra, en las personas y sectores más desfavorecidos. En los de siempre. En aquellas personas que, no teniendo ninguna culpa ni responsabilidad, están soportando toda la carga de la crisis. Con todo ello, se estará consagrando el dicho de que “el futuro de la dependencia es muy oscuro”.

Además de esto, que es lo sustancial, también se demostrará si la línea personal y política de Yolanda Barcina es una línea autónoma, ligada a Navarra y a los principios fundacionales de UPN, o es una fotocopia de la línea, principios y programas del PP. En definitiva, si Barcina es la Presidenta de UPN o, de una vez, se convierte en la “niña de Rajoy”, emulando a De Cospedal.

Dos caminos y un mismo fin, atender en Navarra a las personas y familias en situación real de dificultad social o sociolaboral

La ciudadanía navarra, sus contribuyentes, todas y todos constituimos una sociedad solidaria, desde el voluntariado, la cooperación o la atención a las personas residentes en nuestra Comunidad Foral que están atravesando una situación de dificultad grave. Entre los muchos instrumentos y normas existentes, cabe recordar, por estar de plena actualidad, el Decreto Foral 168/1990, que estableció por primera vez, allá por 1990, una prestación conocida, hasta anteayer, como Renta Básica. Dejo para los más memoriados qué opción política tenía la responsabilidad de gobernar Navarra en aquel entonces y si el suscribiente pintaba algo en la materia.

Pasados más de 20 años, nadie pondrá en duda que las cosas han cambiado sustancialmente, sobre todo ante las inclemencias económicas, de empleo y sociales que los poderosos, los llamados mercados, nos han traído, sin pedirlo ni necesitarlo, a Europa, también a España y, como no, a Navarra en los últimos tres años. Por esa razón y no otra, nuevamente una Consejera socialista, Elena Torres, ha mirado de frente y ha tomado la decisión de actualizar este tipo de prestaciones, ajustándolas al momento presente y dando una respuesta personalizada a situaciones diferentes, siempre dentro del marco de la atención a las personas y familias en situación de dificultad social o sociolaboral.

Mucho se ha escrito y hablado, no siempre con buena intención, sobre la vigente, desde el 4 de febrero, Ley Foral que regula la Renta de Inclusión Social. Una prestación que actualiza la veinteañera Renta Básica y que centra sus esfuerzos y estímulos en cubrir las necesidades esenciales y en fomentar la incorporación social de las unidades familiares en situación de exclusión social. Por tanto, las unidades familiares y las personas que las conforman, que se encuentren en situación de exclusión, siguen teniendo el apoyo de la sociedad Navarra, mediante una atención específica para un colectivo concreto.

La Consejera Elena Torres ha venido insistiendo hasta la saciedad, a veces para personas poco favorables a la escucha activa, que había otro colectivo de personas que también precisaban de una atención y apoyo y que no eran objeto de estar bajo el marco de la citada ley foral, por no ser personas en situación de exclusión sino en situación de desempleo, para las que también se iba a desarrollar una normativa singular, independiente y específica; es decir, que estas personas no estaban en el olvido político e institucional de la Consejera de Política Social. ¿Se le dio crédito o margen para poder demostrarlo? No.

Pero la Consejera Elena Torres cumple y el PSN-PSOE también. Siete días más tarde de la entrada en vigor de la mencionada Ley Foral que regula la Renta de Inclusión Social, para las familias en situación de exclusión social, el viernes 10 de febrero, presentó la Orden Foral que establece y regula una nueva ayuda económica, denominada Ayuda para la Incorporación Sociolaboral y mejora de la Empleabilidad, destinada a atender las necesidades básicas de las personas que se encuentran en situación de dificultad sociolaboral y favorecer su reincorporación en el mercado de trabajo o, cuando menos, propiciar una mejora en su empleabilidad.

Por tanto, dos situaciones personales o familiares distintas ya cuentan con dos respuestas diferentes y específicas. La atención a las unidades familiares en situación de exclusión social tiene una cobertura pública desde la Renta de Inclusión Social. Por otro lado y de forma independiente, las personas que se encuentran en desempleo y han agotado sus prestaciones y subsidios, también tienen el apoyo público mediante la Ayuda para la Incorporación Sociolaboral y mejora de la Empleabilidad. Nadie ha quedado fuera y sin atención. Cada persona o familia tiene una respuesta pública ajustada a sus necesidades.

Por ello, para que nadie quede fuera, si la Ley Foral que regula la Renta de Inclusión Social entró en vigor el pasado 4 de febrero, la Orden Foral que establece la nueva Ayuda para la Incorporación Sociolaboral y mejora de la Empleabilidad surtirá efectos también desde el mismo 4 de febrero. Todo enlazado y nada abandonado. Lo que dijo la Consejera de Política Social, Elena Torres, lo cumplió el pasado viernes 10 de febrero. En esta ocasión, del dicho al hecho no ha habido trecho. Puede ser poco habitual el que una responsable pública haya cumplido su palabra, pero eso no es excusa para reconocer que, en esta ocasión, no digo que sea la única, la Consejera Torres dijo la verdad y ha cumplido con su palabra.

¿Alguien reconocerá el trabajo bien hecho? Por lo menos existe la conciencia ética, el compromiso público y social y la constatación de que los y las socialistas, cuando ejercemos una responsabilidad pública, lo hacemos en función de las personas, en defensa del interés general y manteniendo la solidaridad, para que ésta siga siendo sostenible. Por último, no puedo menos que reconocer y agradecer a la sociedad navarra, a todos los contribuyentes, el apoyo solidario a las políticas sociales del Gobierno de Navarra.

Hacer más con menos, también en Política Social

A estas alturas casi todo el mundo sabe que la situación socioeconómica es de extrema dificultad. Por ello, la ciudadanía viene exigiendo a las administraciones públicas que sean conscientes del problema y ajusten, en consecuencia, su funcionamiento a esta nueva y complicada realidad. Así lo practicó el Gobierno de Navarra y particularmente el Departamento de Política Social, Igualdad, Deporte y Juventud, bajo la responsabilidad de Elena Torres, reduciendo la estructura directiva y de apoyo a la gestión, como sus gastos de funcionamiento.

Pero, no solo el Departamento de Política Social presta servicios públicos a la ciudadanía navarra, también muchas entidades del tercer sector o sector social prestan servicios, financiados con los presupuestos públicos, a los navarros y navarras. Todos deberemos reconocer, yo bien lo valoro, la riqueza que tiene nuestra Comunidad Foral al contar con tantas y tantas entidades, desde hace tanto y tanto tiempo, que se ocupan y preocupan por los demás, desde el más profundo desinterés y altruismo.

No, no me estoy refiriendo a estas entidades, a las que hay que proteger, mimar y conservar. Me quiero referir solamente a aquellas otras que prestan servicios públicos financiados por presupuestos públicos o a la parte organizativa de algunas de las primeras que, no respondiendo exclusivamente al modelo asociativo y de defensa de intereses colectivos, desarrollan en paralelo la prestación de servicios de competencia pública, sin deslindarse suficientemente lo segundo de lo primero y no sabiendo muchas veces si son o actúan como una asociación o como una empresa.

Los poderes públicos debemos proteger e impulsar la existencia de estas asociaciones o fundaciones pero, a la vez y sin excusa, deberemos profundizar nuestra exigencia en aquellas otras prestadoras de servicios públicos, aunque sean de las denominadas, en sus estatutos, sin ánimo de lucro. El ciudadano que necesita una atención la debe recibir con calidad y bajo parámetros de planificación y coordinación públicos, al margen de que los preste la propia administración, una entidad sin ánimo de lucro o una empresa privada concertada. Los derechos recogidos en las normas los deben garantizar, sin exclusión, las administraciones públicas.

Por tanto, si la ciudadanía exige de los poderes públicos la optimización de los recursos mediante la indispensable coordinación y la reducción de costes indirectos y de estructura, deberemos entender que esta ciudadanía no traza una línea divisoria para esta exigencia, sino que dicha obligatoriedad debe extenderse a todo y a todos los que prestamos y prestan servicios públicos.

Este es el reto que tenemos por delante, nada fácil por cierto, por cuanto aquí se entrecruzan otros intereses, que ya no son los meramente altruistas y de servicio a la comunidad, sino de puestos de trabajo o de salarios, especialmente los de dirección y gestión. Pero, en el Departamento de Política Social tenemos dos obligaciones que atender, la primera es la exigencia ciudadana de optimización y reducción de costes indirectos, la segunda es que, con la entrada en cuanto a ser objeto derechos de las personas valoradas como Dependientes – Moderados 2, la Agencia Navarra para la Dependencia debe dar una respuesta pública a estos derechos subjetivos.

Esta nueva situación, nada menor por cierto, nos lleva a asumir la prestación de estos servicios desde la planificación, coordinación y responsabilidad públicas, debiendo dejar de ser prestados, de forma más o menos altruista, aunque siempre financiada por fondos públicos, por entidades, asociaciones o fundaciones, las cuales no las desarrollaban, al menos en la mayoría de los casos, para el conjunto de la ciudadanía, sino para sus propios asociados.

Esta transformación asociativa, que supone el mantenimiento, si así se desea, de cada asociación, pero que supone deslindar la prestación de servicios de responsabilidad pública, de forma atomizada, a un modelo más integrado y generalista para el conjunto de personas que precisen de dicha atención y no solo para sus asociados, bajo parámetros de eficacia, eficiencia, calidad, transparencia y concurrencia pública y competitiva, es lo que vamos a desarrollar, por exigencia legal y ciudadana, durante este 2012, con el fin de que esté implantado para el próximo ejercicio presupuestario.

Aun no siendo tarea fácil, por cuanto es romper con tradiciones de largos años, con culturas específicas y con parcelas de poder social, sabemos que contamos con la comprensión de las Directivas de las entidades y, como no, también con los propios usuarios y usuarias de los servicios, por cuanto verán concretado su derecho en un programa de atención bajo la responsabilidad exclusiva de la administración pública.

Otros temas serán de mayor dificultad, al tener que abordar la reducción de estructuras directivas, con contratos de alta dirección y con salarios, en algunos casos, superiores al de los Consejeros del Gobierno de Navarra. Aquí también vale la reflexión y exigencia de reducción de costes, para dedicar los recursos a los programas de atención a las personas y no a las capas dirigentes de las organizaciones, cuando estás asociaciones o fundaciones, además, son formalmente sin ánimo de lucro.

Por ello, en el Departamento de Política Social entendemos que quien financie su funcionamiento con sus propios fondos, nada tenemos que decir ni objetar, pero que, por el contrario, quien financie su funcionamiento y actividades, en buena parte o en su totalidad, con fondos públicos, tanto en tercera edad, en discapacidad, en cooperación, en menores o en consumo, por citar algunos ámbitos, los salarios e incentivos de sus dirigentes y gestores no deberán rebasar unos determinados límites. Sin son servicios públicos la referencia es clara, no más de los niveles establecidos para los propios responsables de estas mismas áreas o servicios específicos de la administración pública.

Buscando la solidaridad sostenible

En tiempos de dificultades, en momentos de estrecheces económicas, en circunstancias especiales las organizaciones, las entidades o las familias optan por mantener lo imprescindible por delante de lo importante. Eso mismo deben hacer, al menos es lo que yo pienso, todas las administraciones públicas. Hacer lo contrario o mirar para otro lado o vivir con la nostalgia del pasado, de lo que pudo pero ya no puede ser, es sencillamente asumir una irresponsabilidad que no tiene ni espacio ni tiempo en estas circunstancias.

Eso es lo que está haciendo el Departamento de Política Social, Igualdad, Deporte y Juventud del Gobierno de Navarra, bajo la responsabilidad de Elena Torres. Afrontar la realidad, analizar las alternativas, preservar lo importante y decidir con responsabilidad bajo un modelo social progresista que permite, a la luz de cualquier analista independiente, la comparación con otros modelos de gestión pública que se estén aplicando, con las mismas vicisitudes, en otras latitudes de España.

Prueba de esto es el Proyecto de Presupuestos del citado Departamento para el año 2012 o las inejecuciones aplicadas, con escaso espacio presupuestario y tiempo de aplicación al actual Presupuesto de 2011. Asumir su responsabilidad, como dijo Elena Torres en su primera comparecencia parlamentaria como Consejera, es digna, al menos, de respeto y consideración, aunque las decisiones adoptadas sean difíciles y complejas y éstas puedan, como no, ser criticadas y no compartidas por otras opciones políticas que no tienen la responsabilidad de gestionar o, lo más grave, ni tan siquiera aspiran a ello.

Pero no podemos ni debemos olvidar lo que Elena Torres ha dicho, no hace muchos días, en otra más reciente comparecencia parlamentaria. Entre otras muchas cuestiones, informaciones o reflexiones, manifestó que: “el fraude es el mayor enemigo de la solidaridad” o también dijo que: “la solidaridad debe ser sostenible”.

La Consejera Elena Torres, los socialistas en general y mi persona en particular apostamos por el desarrollo y consolidación de un estado social y democrático de derecho, aun en tiempos de crisis, conformado también por una Navarra solidaria. Pensamos que la solidaridad es un valor intrínseco de los progresistas y creemos que Navarra ha sido y va a seguir siendo solidaria con los más desfavorecidos, tanto dentro de nuestra Comunidad Foral, como fuera de nuestro país, en este caso sobre los pilares de la cooperación internacional al desarrollo.

Decisiones políticas, sustentadas en principios y valores progresistas y solidarios, como las expuestas recientemente sobre el Programa de Renta Básica, ilustran el compromiso social del socialismo navarro. Creer y, en consecuencia, proponer que la inmigración debe ser regular, dentro del marco legalmente establecido, con el fin de que las personas inmigrantes sean objeto de derechos y deberes, como cualquier otra persona o entender que el marco de atención a las personas más desfavorecidas se circunscribe a aquellas que ya residen entre nosotras y nosotros y no se puede extender, por imposibilidad material, a otras que no residen ya en Navarra, son principios y valores mayoritariamente compartidos por la ciudadanía de nuestra Comunidad Foral.

Mantener, sin rebajas, los importes de estas prestaciones es definir una apuesta clara por el sostenimiento en Navarra de un estado de bienestar solidario pero indisolublemente también sostenible, sobre todo cuando el importe de esta prestación es el más alto de España. Esta y no otra es la constatación de una voluntad, de un compromiso progresista del Departamento del Política Social, Igualdad, Deporte y Juventud de la Comunidad Foral, bajo la dirección de Elena Torres.

Plantear el necesario desarrollo de una contraprestación cuando se percibe la Renta Básica, rebautizada como Renta de Inclusión Social, por cuanto ese y no otro es su objetivo, la inclusión social, es avanzar en la línea del compromiso compartido, es poner de relieve que nada es gratuito y que todo está sujeto a derechos y deberes, que está sustentado en pilares de normalización y que todas y todos algo tenemos que decir y hacer en esta materia, la sociedad, las administraciones públicas y, como no, también las personas que están acogidas al citado programa social.

El objetivo de este programa, la Renta de Inclusión Social, tiene, a día de hoy, una amplia puerta de entrada y una estrecha puerta de salida. Por ello, es obligación de todas y todos, empezando por las administraciones públicas, el invertir estos parámetros y que, al menos, ambas puestas tengan las mismas dimensiones. Por tanto, no podemos olvidar, ni por un minuto, que el empleo es el método insustituible de inclusión social.

Este es el objetivo último, el empleo. Pero el empleo es un producto que crece en un campo favorable, sin inclemencias. En tanto estas inclemencias aminoran o desaparecen no podemos ni debemos perder el tiempo. La mejora de la empleabilidad de las personas sin empleo y, en este caso, también sin recursos económicos, es lo imprescindible, por delante de lo importante (frase ya acuñada por la Conejera de Política Social, Igualdad, Deporte y Juventud del Gobierno de Navarra). La formación dentro de los programas desarrollados por el Servicio Navarro de Empleo, en el marco de sus competencias y desarrollando todas las herramientas de las políticas activas de empleo, es el engarce de salida, es la fuerza que ensanchará la puerta.

En resumen, atender a nuestros conciudadanos, apostar por una inmigración legal y reforzar los compromisos mutuos, mediante los acuerdos de incorporación sociolaboral y la mejora de la empleabilidad a través de los programas formativos, dentro del marco de las políticas activas de empleo cuya competencia plena tiene nuestra Comunidad Foral, es un compromiso que puede no ser compartido, pero que tiene una clara orientación social y progresista.

La solidaridad no es una fuente inagotable, quien piense lo contrario se equivoca. La solidaridad es una energía positiva que la ejercemos racionalmente los seres humanos. Por ello, deberemos, entre todos y todas, conseguir que se mantenga, porque la energía, como tal, ni se crea ni se destruye, se transforma. Solo lo lograremos cuando consigamos también la sostenibilidad de la solidaridad de la ciudadanía navarra, no solo de una minoría, sino también y sobre todo de la mayoría.

Un día después del 22 de mayo de 2011

Han pasado menos de 24 horas desde que se conoció, al cien por cien, los resultados electorales en Navarra, que esta apasionante cita ha deparado en nuestra Comunidad Foral, tanto para el Parlamento como para los distintos ayuntamientos.

Debo, por convicción democrática, reconocer la derrota sin paliativos que ha “cosechado” el PSN-PSOE, mi partido desde hace más de 37 años, en estos comicios. Desde esta sincera humildad, quiero felicitar y reconocer el triunfo de las derechas en Navarra, de UPN con 19 parlamentarios y del PPN con 4 escaños más. Es decir, las derechas en Navarra, antes juntas bajo las siglas de UPN, han pasado de 22 parlamentarios a 23 en la nueva actualidad.

También, aunque su análisis requiere ciertas precisiones que las referiré levemente, hay que reconocer el significativo avance del nacionalismo vasco, en su doble vertiente de digamos más moderado (NaBai 2011) y más radical (Bildu). Habiendo obtenido 8 parlamentarios el primero, antes tenía 12 pero con la participación, en su seno, de EA y BATZARRE, que ahora están en otras coaliciones electorales (EA en Bildu y Batzarre en Izquierda Ezquerra), más 7 escaños para Bildu, lo que significa un total de 15 parlamentarios. Esto es que el nacionalismo vasco ha subido de 12 parlamentarios en 2007 a 15 parlamentarios en 2011. No debemos olvidar que en 2007 hubo bastantes votos nulos que, al parecer, deseaban votar a una opción nacionalista radical y que no lo pudieron hacer al haberse ilegalizado el correspondiente partido político.

El tercer bloque está configurado por la izquierda, que ha venido estando conformada por el PSN-PSOE y por Izquierda Unida. En estos comicios este bloque sociológico ha estado configurado por el PSN-PSOE y por Izquierda Ezquerra (Izquierda Unida + Batzarre), obteniendo un resultado algo inferior que el del 2007, pasando de 14 escaños a 12 parlamentarios en 2011. Es decir, no hay un trasvase rotundo y claro entre ambas opciones.

Esta es la foto fija, este es el reflejo de las elecciones forales del 22 de mayo. El bloque ideológico de la derecha se mantiene, aún fraccionada; el espacio nacionalistas vasco incrementa su representación, con los matices ya apuntados y con la división de opciones y, por el contrario, el espectro ideológico solamente de izquierdas, sin aditivos nacionalistas y/o independentistas, reduce su peso en la nueva configuración de la Cámara Foral.

Por tanto, las fuerzas nacionalistas navarras conservadoras confrontan sus ideologías y sus apoyos con las fuerzas nacionalistas vascas, más o menos independentistas y menos que más de izquierdas, achicando progresivamente el espacio de las opciones progresistas y de izquierdas, a las que el debate identitario y las fronteras de los territorios están superadas por las realidades y necesidades de la ciudadanía que vive en Navarra.

Y todo esto aderezado con la cruda realidad, cual es que ninguna opción o bloque ideológico obtiene la mayoría absoluta para poder conformar y soportar un gobierno estable, que resuelva los problemas reales y que genere las expectativas y la confianza necesarias para, entre todas y todos, construir un futuro mejor e inclusivo para todos y todas.

Pero, desgraciadamente, esta calificación la escribo desde el máximo respeto democrático, una vez más la ciudadanía ha puesto al PSN-PSOE y a Roberto Jiménez ante una rugosa encrucijada, tan sinuosa como la que se nos mostró en el año 2007. No debo reiterarme en el amor que siente Roberto Jiménez y nuestro partido para con todos los navarros y navarras, especialmente para aquellas y aquellos más necesitados, y también para con nuestra Comunidad Foral. No obstante, un partido político, por definición objetiva, se crea para transformar la sociedad a través de la representación obtenida cuando gana unas elecciones y este no ha sido, una vez más, el caso.

Cualquier escasamente iniciado analista concluiría, sin temor a equivocarse, que lo realizado por Roberto Jiménez y por el PSN-PSOE durante estos pasados 4 años; esto es, una oposición responsable, dando estabilidad institucional y apoyando, en lo transcendental, al Gobierno de UPN por el interés superior de Navarra, no ha sido valorado y, en consecuencia, refrendado por los electores, luego el esfuerzo, solamente desde el punto de vista partidario, ha sido baldío.

Ya sé que es humano tropezar dos veces en la misma piedra, pero no debemos perseverar en la equivocación y mantener la mismas actitud política, dado que eso bien pudiera llevar al PSN-PSOE a poder ser, en un futuro, un partido testimonial y residual en Navarra y ello creo que no lo desea nadie, menos la militancia socialista.

Por tanto, no hay que reproducir esa posición política. Deberemos analizar y prospectar otras vías que nos conduzcan, con el exigible esfuerzo, a conquistar tierras más fértiles para el socialismo navarro. Y, dentro de esa prospección, creo que el “pozo” puede estar en participar ya no desde la barrera, sino desde el ruedo, enfrentándonos al “toro” y formando parte del “cartel”.

Nuestra responsabilidad, la de Roberto Jiménez también, está en apoyar y apostar por una salida menos traumática y más solidaria de la crisis en nuestra Comunidad Foral y, para ello, deberemos estar en primera línea, no solo arrimando el hombro como hasta ahora, sino tirando del carruaje. Nuestra fuerza sigue siendo necesaria en Navarra porque así lo han querido la ciudadanía que bien sabia es.

Estos próximos días deben estar dedicados a pensar primero, a escuchar después, a reflexionar a continuación y a decidir finalmente lo mejor, a diseñar y aplicar la mejor manera de concitar los intereses de Navarra con los legítimos anhelos del PSN-PSOE, del socialismo navarro, que es eso y solo eso, pero ni más ni menos, socialismo y navarro.

Portugal y España, un mismo espacio con dos caminos distintos

La península ibérica, conformada por Portugal y España, sin olvidar a Andorra y Gibraltar, contiene algunas similitudes y otras no desdeñables diferencias entre ambos países. De sobra es sabido que Portugal es una república y España una monarquía. También es conocido que en ambos países, durante los últimos años, han gobernado opciones políticas socialdemócratas. Y tampoco podemos obviar que, a estos dos vecinos, les ha afectado la crisis económica y financiera que ha azotado primero a EE UU y luego a toda Europa.

España y Portugal, integrantes de la Unión Europea, se han tenido que enfrentar, más concretamente desde finales de 2008, a una crisis financiera primero, que vino desde EE UU para instalarse junto a todos nosotros, y a una crisis económica después, que ha sido alimentada por especuladores financieros y que han buscado como objetivo, de manera menos transparente, el combate a nuestro estado del bienestar europeo, consiguiendo, entre otras cosas, la pérdida de numerosos empleos por el cierre inevitable de pequeñas y grandes empresas.

También existe otra común coincidencia, al menos en estos años recientes, que la oposición política portuguesa y española no ha dudado en no apoyar, aunque de diferente manera y con distinta intensidad, a los gobiernos socialdemócratas y a sus respectivos primeros ministros o presidentes José Sócrates y José Luis Rodríguez Zapatero. El PSD y el PP, ambos de corte conservador, han solicitado y buscado elecciones anticipadas y ambos han antepuesto los intereses políticos a las necesidades sociales y económicas. Hasta aquí unas cuantas coincidencias no solo vecinales.

Las diferencias aparecen en el recorrido y la suerte final que las medidas propuestas por ambos mandatarios y sus gobiernos, el primer ministro portugués y el presidente español, hayan obtenido finalmente. Afortunadamente, a juicio del firmante, en España las medidas propuestas han sido aprobadas, con mayor o menor consenso y con menor o mayor apoyo sindical y social, mientras que en Portugal no han logrado, al menos las más recientes, ni su apoyo parlamentario, ni tampoco su apoyo social.

Suerte de este distinto devenir, en nuestro país se han aplicado imprescindibles y, porque no decirlo, duras medidas que se han consensuado, dado que el PSOE no tiene mayoría absoluta, al menos políticamente y en lo referido a la reforma del sistema público de pensiones, también sindicalmente. Es decir, hemos podido modular y atemperar dichas medidas, en tiempo y forma, a nuestra propia realidad, salvaguardando, en muy gran medida, nuestro estado del bienestar y consiguiendo, todas y todos juntos, iniciar el camino para superar estas comunes dificultades, desde la senda de la recuperación, aunque, en todo ello, el PP haya estado ausente.

Por el contrario, nuestros hermanos portugueses no han tenido la misma suerte. Allá tampoco el partido conservador, el PSD, ha apoyado las medidas propuestas por el Gobierno socialista y, fruto de ello, han ocurrido dos hechos dignos de recordar durante años. El primero es que en Portugal habrá elecciones anticipadas, siendo la previsión inicial del resultado de las mismas que volverá a gobernar la derecha portuguesa. El segundo es que, al no haberse adoptado medidas directamente, Portugal ha tenido que solicitar el rescate financiero y económico al FMI y a la UE.

Esta dolorosa e inexorable petición, no buscada ni deseada por los socialistas portugueses, conllevará paradójicamente que, para obtener las ayudas precisas, habrán de adoptarse más y más duras medidas de ajuste fiscal y presupuestario; así como, otras referidas al mercado laboral, salarios, pensiones, etc. Esto es, que la derecha portuguesa, con la connivencia de otros partidos y de sectores sociales, ha conseguido, sin desgaste político alguno, golpear más duramente a la clase trabajadora que lo que pretendía el gobierno socialista.

“This is the question”. Esta es la cuestión. Los sectores, políticos, económicos, sindicales o sociales que no comparten ni entienden las medidas propuestas por el Gobierno de Zapatero y acordadas, con o sin consenso social, por el Parlamento de España, debieran mirar, bien por la izquierda o por la derecha, dependiendo de su ubicación ideológica, a nuestros vecinos portugueses y empezar a entender que más vale actuar a que otros actúen por ti. Que más vale reconocer una infección y tratarla a que el médico, por no haber actuado a tiempo, tenga que llevarte al quirófano.

Lo primero, al actuar, se le llama responsabilidad y concepto de país. Lo segundo, al confrontar, se le llama irresponsabilidad e interés particular. Ante esta situación, deberemos esforzarnos juntos para salir también juntos de la crisis. Lo ocurrido a nuestras vecinas y vecinos portugueses justifica una nueva petición a los sectores sociales de Navarra, en este caso muy personal, que no es otra que la de entender la dificultad y esforzarnos en apoyar a un gobierno que solo quiere lo mejor para las españolas y los españoles y no lo mejor para UPN o para el PP.

Sindicalismos del Siglo XIX y del Siglo XXI

Mi nombre es de sobra conocido y, en este caso, no es lo más importante. Mi ya larga trayectoria de compromiso sindical y político comenzó allá por los años setenta, fruto de su maduración fue la constitución junto a otras compañeras y compañeros, el lejano 19 de mayo de 1974, de la UGT y del PSOE en Navarra. En aquella época creíamos que los trabajadores y trabajadoras debíamos defender nuestros derechos uniéndonos sindicalmente pero, a la vez, dando cobertura a la acción sindical desde posiciones de izquierdas, progresistas y socialistas.

Baste recordar dos cosas hoy ya casi olvidadas. La primera es que fue Pablo Iglesias quien fundó primero el PSOE, en el año 1879 y, solo nueve años más tarde, la UGT, en el año 1888 y fue la UGT, en el año 1920, en su XIV Congreso, quien ya asumió la lucha de clases como principio básico de la acción ugetista. La segunda se refiere a su Declaración de Principios que dice: “La UGT es una institución eminentemente de productores …………………que respeta la más amplia libertad de pensamiento y táctica de sus componentes, siempre que estén dentro de la orientación revolucionaria de la lucha de clases y tiendan a crear las fuerzas de emancipación integral de la clase trabajadora obrera………”

Cierto es que todo evoluciona en la vida, que todas y todos nos adaptamos a los nuevos tiempos y a las cambiantes circunstancias, cierto es que cuando colaboré activamente en la refundación, en Navarra, de la UGT, después de duros años de dictadura, conocía estos principios y cierto es también que no pretendo que se apliquen en este siglo XXI a rajatabla. Pero, si cierto es todo lo anterior no lo es menos el hecho de que me entristezca y produzca dolor el ver como, paulatina, silenciosa y sigilosamente, estos principios, adaptados a estos tiempos presentes, se pierdan, se reconviertan en residuales y carezcan, en consecuencia táctica, de valor alguno.

La UGT nació, la refundamos, para que en Navarra defendiera los derechos e intereses de los trabajadores y trabajadoras de esta tierra, pero que acometiera esa importante tarea desde la ideología progresista y de izquierdas, que respetando la más amplia libertad de pensamiento de sus miembros, de sus afiliadas y afiliados, estos estén dentro de una orientación de izquierdas, el equivalente hoy al inicial término “revolucionaria de la lucha de clases”.

Desde mi dolor, seguramente poco comprendido, apelo al rearme ideológico de la Unión General de Trabajadores de Navarra, 36 años después de su refundación en nuestra Comunidad Foral. No todo vale ni todas y todos valen. No vale un sindicato solamente profesionalizado y desideologizado, un sindicato sin corazón. Necesitamos sindicatos con cabeza, que negocien y acuerden la mejora de las condiciones de vida de las trabajadoras y trabajadores, pero también con corazón, que lo hagan desde ideologías de izquierdas, porque no solo se trata de mejorar, también se trata de cambiar la sociedad por otra más justa. Que luche por las desigualdades sociales y no solo por los incrementos salariales, porque estos son efímeros y las otras tienden a ser perennes.

Este es el reto constante y este debe seguir siendo el objetivo preferente. Lo exclamo en las postrimerías de una nueva y reiterada celebración sindical, de un nuevo 1º de Mayo que celebraremos los ugetistas, junto a los progresistas de izquierdas, los socialdemócratas, dentro de 21 días. Que el árbol no nos impida ver el bosque. Que nuestros dirigentes estén a la altura del momento. Que estamos atravesando un espacio complejo, lleno de dificultades, donde algunas y algunos, que nada tienen de izquierdas, más bien todo lo contrario, están intentando alagar nuestros oídos, porque ven peligrar sus actuales privilegios.

En definitiva, vista larga y paso corto. No somos de hoy, venimos desde hace más de 122 años y las derechas siempre han sido nuestros adversarios, aunque nos dejen pasear por sus moquetas y sentarnos en sus sillones. Nosotros a lo nuestro, a la apuesta por los principios y valores de izquierdas, desde donde defender los intereses de las trabajadoras y trabajadores de Navarra, con cabeza pero también con corazón.