El "chapapote" festivo

Seguramente será la edad, pero no deja de sorprenderme, cada año un poco más, como unas y otras fiestas patronales, al margen de la localidad en la que se estén celebrando, convierten a esa ciudad, como por arte de magia, en el gran "basurero" público. Lo siento, pero no me acostumbro y, lo peor, no deseo acostumbrarme.

La ciudad es patrimonio de todas y todos, eso quiere decir que no es ni mía, ni tuya, ni de aquella o aquel de manera individual, sino que es propiedad de todas y todos los convecinos de manera indivisible. Por ello, la ciudad debe ser usada de común acuerdo entre todas y todos y, por tanto, respetando el criterio, en cuanto a su utilización, de todos sus titulares y copropietarios. Por tanto, es sorprendente observar cómo, en las distintas fiestas patronales, algunas ciudadanas y ciudadanos, convecinos o no, hacen uso de las vías públicas, de los espacios vecinales, ejerciendo unas prácticas que, en ningún momento y supuesto, realizarían en sus propios domicilios.

Cierto es, aunque ello no debe servir como excusa, que las administraciones públicas, los distintos ayuntamientos deben planificar y proveer de los necesarios elementos y de forma suficiente, para que la ciudadanía pueda vivir y disfrutar de la fiesta en plenitud. Me refiero a disponer, por poner solo tres ejemplos, de baños, papeleras y contenedores de basura, cosa que, por otra parte, suelen hacer dichos ayuntamientos, aunque el ciudadano no encuentre estos dispositivos o servicios a pocos metros de su posición y tengan que desplazarse unos pocos más hasta encontrar su ubicación.

También sería deseable y aconsejable que los establecimientos de ocio, en especial bares y cafeterías, ejerciesen una observación periódica de sus baños y lavabos, al objeto de proceder a su limpieza con la asiduidad necesaria, aunque estemos en fiestas, por cuanto la higiene y la salud pública es tan importante como el resultado económico obtenido durante esos días. No menos importante, hilando con todo lo anterior, es que el ciudadano o ciudadana utilice dichos servicios con la adecuada precisión.

Hasta ahora había llegado a ser muy común, durante dichas fechas festivas y también algunas noches de los fines de semana, observar como hombres miccionaban en la vía pública, junto a puertas y fachadas, aunque tuviesen, a no mucha distancia, baños públicos y, cómo no, también de los propios bares circundantes. Pero, lo más sorprendente, cuando menos por el respeto y pudor, es observar como las mujeres se están imbuyendo de dicha práctica. Debo decir, en honor a la verdad, que en menor medida, observándose ya, sobre todo en las fechas de fiestas y especialmente por las noches, como algunas de ellas miccionan en la vía pública.

También es observable, aunque no menos rechazable, como las personas arrojan al suelo comida, bebida, vasos, plástico, papel, etc., sin depositarlos en los contenedores y papeleras correspondientes. Por ello, el suelo viario está "adornado" con una constante y continua alfombra de desperdicios, los cuales, supongo yo, no los arrojaremos, al menos con tanta facilidad, costumbre y descaro, en el pasillo de nuestros respectivos domicilios.

La convivencia es la acción que más dificultades presenta entre las personas. El respeto hacia el otro y, derivado de ello, el respeto a lo que es del otro o es de todas y todos, como es el caso, utilizando los espacios comunes con cuidado y esmero, es la asignatura que solemos suspender, cuando menos en determinadas fechas y celebraciones, cosa que no alcanzo a comprender el motivo o justificación, por cuanto no quiero compartir y, mucho menos, dar por bueno el argumento justificativo, como me decía uno de estos días un joven, "es que nosotros bebemos mucho y, por ello, tenemos que mear", ya que no se dilucidaba sobre la acción necesaria de miccionar, sino sobre dónde se debe ejercitar dicha acción.

A mí, me imagino que a bastantes más, me gusta disfrutar de la ciudad, verla limpia, sin papeles; sin bolsas de plástico, de chucherías o vasos por el suelo, sobre todo si son de cristal y más si están rotos, con el peligro que ello supone; sin que el pavimento esté "regado" de licor y que, por ello, las suelas de los zapatos se peguen. A mí, como a otras y otros muchos, me gusta mi ciudad y muchas de las ciudades que visito, donde el orden y la limpieza, sean fiestas patronales o esté yo de vacaciones, constituya el común denominador, porque lo bello es bonito de admirar, valorar, querer y respetar.

Además, en estos momentos de ajustes económicos en lo público, deberíamos comprender que se ahorra más no manchando las cosas, las calles, los bancos, etc., que gastando más de lo necesario en servicios de limpieza, reparación, etc.. Obviamente, estos ahorros o menores gastos bien se pudieran destinar a otras políticas públicas, como a políticas educativas, sociales, etc...

Nos decía mi difunta madre, hace ya muchos años, "que no es más limpio el que más limpia, sino el que menos ensucia". Así nos educó, a mis hermanos y a mí. No sé si ahora se sigue utilizando esa máxima, al menos en el uso de los espacios públicos y comunes. Gracias mamá.

Hay vida después de la política

Aunque últimamente no sea de uso común, siempre se ha dicho que la experiencia es un grado. Valga, para ello, mi propia experiencia, al haber alternado en periodos discontinuos el ejercicio de la política, tanto partidaria como institucional, con el desempeño de mi vida profesional, cuando no me dedicaba a lo público. Muchas veces se tiende a pensar que solo existe el compromiso público, la representación política democrática, máxime cuando una o uno está enfrascado en el quehacer diario que, por cierto, requiere de mucho esfuerzo profesional y personal, dedicación, compromiso y, aunque hoy no se considere así, altruismo en defensa del interés general.

Por tanto, aunque los momentos son difíciles para sostener la afirmación, el compromiso ciudadano, libre y democrático, de ejercer la noble y necesaria actividad política y, derivado de ello, la representación institucional, merece una altísima consideración y un gran respeto y valoración ciudadana. Las dictaduras, tanto de izquierdas como de derechas, también necesitan personas para la representación política e institucional, eso sí sin haber sido estas elegidas democráticamente.

Dicho lo anterior y sin menoscabo de ello, merece una reflexión compartida el entender que dicha representación política y/o institucional debe ser, si es que no lo es ya, temporal y, por tanto, transitoria. El debate sobre la limitación de mandatos siempre ha sido conveniente abordarlo, hoy lo es más que nunca y, más aún, es imprescindible resolverlo mediante imperativo legal.

Esta nueva, necesaria y urgente regulación legal conseguirá algunos efectos positivos. Uno de ellos bien pudiera ser que el representante político se deberá un poco menos a su organización y un poco más a sus representados, por cuanto su mandato tiene un principio y también un final. Otro de ellos será que la autoestima personal subirá, por cuanto se limitará la dependencia orgánica. Finalmente y no menos importante, se conseguirá el reenlace con su profesión, ya que la distancia entre el momento de la excedencia y el del retorno no ha sido infinita.

Para ello, no valdrá, espero que así sea, hacer trampas. Quiero decir que la limitación de mandatos debe ser eso una limitación sin recovecos, sin que la limitación solo afecte cuando se compute el mismo cargo de representación, sino que sea aplicable con independencia de que una o uno haya sido concejal, alcalde, parlamentario, consejero, director general, diputado, senador, etc., etc.. Es decir, que la limitación a dos o tres legislaturas se aplique a distintos mandatos y cargos institucionales, siempre que de ellos una misma persona haya percibido un salario por su desempeño, en régimen de dedicación parcial, total o exclusiva, bien con incompatibilidad o sin ella.

Solamente, a este cúmulo objetivo de virtudes, según mi punto de vista, se pueden contraponer resistencias personales nada, por cierto, altruistas. Estas resistencias se suelen encontrar, por supuesto desde que ejercemos nuestra constitucional democracia, en aquellas personas que no tienen, seguramente porque tampoco antes no lo tenía, profesión, desempeño o empleo donde retornar y humano es pensar ¿de qué voy a vivir a partir de mañana?.

Esa pregunta, lógica desde un planteamiento personal y humano, no corresponde ser respondida desde lo público, por cuanto el ejercicio de la representación política no es un puesto de trabajo obtenido mediante una oposición, ni a través de ninguna agencia de colocación, sino que es un compromiso finito. Por ello, la pregunta debe ser respondida siempre desde el espacio personal y privado y, para ello, no hay mejor opción que la de pensar que la vida personal es de la persona y sus soluciones y alternativas deben ser buscadas y encontradas por esa persona, sin utilizar palancas públicas, ni relaciones institucionales anteriores.

Sirva esta humilde y pública reflexión para todas las personas que han sido recientemente elegidas o designadas democráticamente o lo vayan a ser en un próximo futuro. La responsabilidad es muy importante, la asumida o la que se vaya a asumir, pero la reflexión sobre el día de después debe comenzar, a la vez y en paralelo, en el mismo instante en que se toma posesión de la nueva responsabilidad. La tranquilidad y la independencia que se obtiene cuando uno es capaz, por si mismo, de mantener sus necesidades vitales y familiares cubiertas, con independencia de ejercer el cargo público o no, es inmedible y, a su vez, imprescindible.

Por ello, porque considero que hay vida después de la política, animo a nuestros representantes actuales y futuros a meditar sobre lo escrito y a ponerse en marcha para garantizar su propio retorno a la vida privada, ya que, cuando se accede a un cargo institucional, la maleta de despedida hay que tenerla preparada todos los días.

Poder ciudadano y elección directa. Propuestas para el futuro

Sé que estas propuestas no son aplicables de forma inmediata. Creo que las mismas, una vez formuladas y ajustadas a derecho, deben recibir el mayor consenso posible. Pero también considero que, como ideas renovadoras, deben ser expuestas y sometidas a la crítica y, cómo no, a la consideración social, por cuanto la ciudadanía, titular del derecho democrático, mediante el que otorga la representación institucional a unos u otras, está interesada en estos temas y, lo más importante, preocupada por lograr fórmulas de acercamiento entre el representante y el representado y de dependencia del segundo con respecto al primero.

Cierto es que, hoy por hoy, lo importante es la superación de la crisis económica; la generación de empleo, sobre todo de calidad; la defensa y el afianzamiento de nuestro estado de bienestar, mediante la mejora de la sanidad, la educación, las políticas sociales, la dependencia o las pensiones, todo ello asentado en el sector público, verdadero motor igualitario a la hora de llevar esos derechos a todas y todos, con independencia del estatus económico o social de cada ciudadano o ciudadana.

No menos importante lo es también la superación de la lacra de la corrupción, la cual se combate, sobre todo y de manera singular, con la aplicación de la máxima transparencia en la gestión de lo público, no solo de las instituciones, sino también de todos los agentes políticos, económicos y sociales que intervienen, de una u otra manera, en la toma de decisiones y/o en la ejecución de los servicios públicos.

Pero, además de todo lo anterior, no deja de tener interés el modelo de elección de los representantes institucionales, por cuanto es una derivada de lo planteado, cuya mejora se precisa para que los objetivos enunciados anteriormente se apliquen con mayor calidad democrática. No quiero decir, no es mi intención, que los modelos electorales aplicados hasta ahora no sean democráticos, por supuesto que sí, pero quiero hacer hincapié en la posibilidad de mejorarlos y, sobre todo, intentar reducir la distancia entre el elector, titular del derecho, y el elegido, persona respetable y comprometida, pero que se debe al primero.

A este respecto, mi sugerencia reflexiva se centra en dos aspectos. El primero está relacionado con la conveniencia, según mi punto de vista, de que las listas electorales de cada partido o coalición electoral, todas ellas, tanto las de los ayuntamientos, como las de los parlamentos autonómicos y las del congreso nacional, no sean listas bloqueadas.

Es decir, que el partido no predetermine inexorablemente el orden de los candidatos y que, por el contrario, sean los electores los que libremente atribuyan el orden a partir del segundo puesto, por cuanto el primer puesto se obtendría, como ya ocurre en el PSOE, mediante primarias abiertas a la ciudadanía, método que debiera ser de obligado cumplimiento, para lo cual debería tener el amparo legal suficiente.

Por tanto, el ciudadano, mediante el método que se acordase, elegiría primero la ideología deseada, la opción política que considerase más interesante y, a continuación, marcaría el orden de los candidatos y candidatas que creyese más conveniente, en la papeleta electoral de dicho partido.

El segundo aspecto que deseo compartir está relacionado con la designación, una vez celebradas las correspondientes elecciones, bien municipales, autonómicas o generales, de los Alcaldes o Alcaldesas, Presidentas o Presidentes autonómicos y Presidente o Presidenta del Gobierno de España. Hasta ahora, con el matiz para la elección de Alcalde o Alcaldesa, de no obtenerse mayoría, dicha designación correspondía a cada institución o corporación, mediante la votación de los representantes institucionales recién elegidos. La propuesta que se plantea a reflexión desplaza dicha elección desde la representación indirecta (concejales/as, parlamentarios/as, etc.) a la representación directa, el cuerpo electoral.

Es decir, si en una de estas instituciones o corporaciones, ningún partido o coalición hubiese obtenido la mayoría absoluta de los miembros que la conforman, en cuyo caso el Alcalde o Alcaldesa, la Presidenta o Presidente autonómico o la Presidenta o Presidente de la nación sería el designado previamente mediante primarias abiertas, una vez refrendado por la correspondiente institución, de no haber mayoría absoluta serían los ciudadanos y ciudadanas, mediante una segunda votación general, convocada al efecto, los que eligiesen a la persona de entre los candidatos o candidatas designados mediante primarias abiertas y pertenecientes a los dos partidos o coaliciones que hubiesen obtenido mayor número de votos en las correspondiente elecciones municipales, autonómicas o generales.

De esta manera, sería la ciudadanía directamente la que siempre otorgaría la representación, primero mediante las primarias abiertas, segundo mediante la asignación del orden de prelación de cada candidatura, en el momento de votar, y finalmente designando a la persona a ocupar la máxima representación y responsabilidad de cada institución, si previamente nadie hubiese obtenido mayoría absoluta. Con ello, la ciudadanía es la que siempre manda. Como debe ser, por otra parte.

Elecciones, ofertas y compromisos 2015

Ya sé que normalmente esto suele ocurrir en las ferias y fiestas, pero también ocurre, al menos cada cuatro años, en todos los procesos electorales. Me refiero a la digamos "tómbola" que todos los partidos y coaliciones concurrentes a un proceso electoral exhiben y publicitan de cara a conseguir el voto de la ciudadanía, con ofertas y compromisos de toda índole y variedad. No diré demasiado al respecto, por cuanto considero que los electores saben distinguir entre lo que se oferta y lo que luego se puede cumplir y, por tanto, se cumple.

Si me interesa reflexionar públicamente sobre algunas ofertas de corte fiscal; es decir, todas aquellas propuestas tendentes a reducir la presión fiscal, lo cual, según parece, puede atraer, por resultar interesante, a una buena parte del cuerpo electoral, no solo al sector conservador, sino también a parte del sector progresista.

Lo importante del asunto es que la ciudadanía, titular de derechos y obligaciones, muchas veces actúa de forma distinta ante lo público que ante lo personal o privado. Como personas, como consumidores, cuando necesitamos algún producto o servicio primero analizamos las ofertas, sus prestaciones, su garantía, su eficiencia energética, etc., etc. y luego lo ponemos, todo lo anterior, en relación al precio que deberemos pagar por ello y la opción de compra se suele sustentar en el equilibrio entre ambos aspectos, calidad y precio.

Por contra, cuando actuamos como ciudadanos, casi siempre ponemos en primer lugar el precio, los impuestos, y luego la calidad, el servicio. Es decir, como ciudadanos queremos pagar poco y, a su vez, tener buena sanidad, educación o servicios sociales, no poniendo en la balanza y a la vez la calidad y el precio, el servicio y los impuestos.

Sería deseable que, como ciudadanos, antes de ejercer nuestro derecho electoral, antes de dejarnos seducir por ofertas y propuestas de bajadas de impuestos, la cuales nos llevarán a tener que reducir inexorablemente la calidad de los servicios, analicemos profundamente que prestaciones públicas demandamos y exigimos, tanto en servicios sociales, como en sanidad o educación, etc., y que "precio" estamos dispuestos a pagar por ellos. Hagamos siempre la reflexión de lo público como actuamos en lo personal o privado, primero qué quiero tener y después cuánto estoy dispuesto a pagar, por cuanto, si no lo hacemos así nos estaremos haciendo trampas a nosotros mismos.

Lo anterior no está reñido con el deseo o anhelo de que las cosas, todas ellas, nos cuesten lo menos posible, aplicando mejoras en la gestión y modelos de eficacia y eficiencia, pero siempre manteniendo un nivel de calidad de las mismas. Para ello, lo primero a debatir y exigir a los partidos presentes en las próximas contiendas electorales es que nos formulen ofertas claras y nos aseguren fehacientemente compromisos sobre qué servicios y con qué calidad nos los van a prestar, si son nuevos, o los van a mejorar si ya existen, para después y solo después, garantizado lo anterior, nos realicen propuestas de reducción fiscal, equilibrio presupuestario o incremento de los ingresos públicos, sin olvidar un objetivo importante, cual es la reducción progresiva de nuestra deuda pública, como lo hacen las familias reduciendo paulatinamente su deuda privada.

Solo así, poniendo en nuestra personal y privada balanza lo que se nos ofrece y lo que nos va a costar, lo que deberemos pagar fiscalmente por ello, podremos ejercer mejor y más libremente nuestro derecho ciudadano como electores responsables. Lo contrario, la formula de decir que quiero que paguéis menos y esconder lo esencial, cual es que pagando menos tendremos inexorablemente menores y peores servicios, es una práctica política y electoral que debiera ser repudiada por la ciudadanía.

Así mismo y sustentado en lo anterior, algo parecido se podría decir de aquellas ofertas que conllevan promesas de nuevos servicios o prestaciones públicas, sobre las cuales también se esconde el coste de las mismas y, por consiguiente, de qué forma se van a financiar. Un nuevo servicio tiene un coste impositivo y su financiación se soporta en más ingresos o derivando un ahorro de otros gastos y asignar esos ahorros a financiar las nuevas prestaciones.

Estas nuevas y, a veces, ilusionantes promesas debieran ir acompañadas del método de financiación y, si no lo llevan anexado, debieran carecer de valor y, por ello, dejar de ser analizadas, como tales, por la ciudadanía. No hay que obviar que el funcionamiento de una institución pública es muy similar al de una familia, esto es que los gastos deben estar soportados en los ingresos y que ambos sumatorios deben tener el mismo valor final, por cuanto no se puede gastar globalmente más de lo que se ingresa. Otra cosa es que cada opción política decida democráticamente gastar más aquí que allí y, por tanto, con los ingresos garantizados, desarrolle unas políticas públicas de un tenor u otro.

Por tanto y a modo de conclusión, promesas y compromisos de menores ingresos, mediante reducciones fiscales, conllevarán reducciones de servicios públicos y, por contra, ofertas de aumento de los servicios sin incrementos fiscales o reducciones de otros servicios, para efectuar trasvases o transferencias presupuestarias, conllevarán nuevos déficits y, por tanto, más deuda pública, la cual la deberán pagar las futuras generaciones, lo cual supone, de facto, un planteamiento intergeneracional insolidario.

Navarra, encrucijada electoral en 2015

No sé si hoy Navarra es importante para España, pero si sé que lo es para las ciudadanas y ciudadanos que en ella vivimos. Unas y unos legítimamente, ahora parece que también democráticamente, quieren que Navarra siga existiendo, pero dentro de un ente superior denominado Euskal Herria, que significa país del euskera. Otros y otras, entre los que me incluyo, aspiramos, también legítima y siempre democráticamente, a que Navarra siga existiendo, pero como Comunidad Foral propia y diferenciada, sin pertenecer ni integrarse en un ente superior, y dentro de España, pero conformada esta como un Estado Federal asimétrico, de tal forma que se respeten los hechos diferenciales de determinados estados federados, como ya lo hace nuestra Constitución de 1978 con las llamadas "comunidades históricas".

Cierto es que, desde hace años, el nacionalismo vasco residente y ejerciente en Navarra, con mayor o menor radicalidad, dependiendo del partido o coalición que defienda ese nuevo modelo institucional, ha dejado claras y sin lugar a dudas sus pretensiones políticas. También es cierto que los partidos digamos constitucionalistas, conservadores o progresistas, hemos manifestado, también claramente y sin lugar a dudas, nuestros criterios y propuestas políticas, alineadas siempre en la defensa y mantenimiento del actual modelo institucional de Navarra, como Comunidad Foral propia y diferenciada, sin menoscabo, retroceso o cortapisa de las propias competencias históricas, reconocidas y avaladas por nuestra vigente constitución.

Pero la pervivencia del vigente modelo autonómico y foral asimétrico no ha sido un camino fácil. Los conservadores nacionales, el PP, desde el Gobierno de España, se ha empeñado en laminar las competencias autonómicas y, más incisivamente, las competencias forales, particularmente las ejercidas por Navarra, bajo el manto y justificación de la prolongada crisis económica y de las medidas que, fruto de la misma, había que adoptar para alcanzar, según nos decías, la llamada consolidación fiscal.

También, los conservadores forales, UPN, aliados electorales e ideológicos del PP, no han defendido, con la suficiente firmeza, las competencias históricas que nuestro régimen foral y paccionado nos otorga, amparadas estas, como ya he citado, por la Constitución de 1978. El mejor ejemplo de dicha sumisión lo ha protagonizado nuestra actual Presidenta, afortunadamente solo hasta el 24 de mayo, Yolanda Barcina.

Es decir, unos, los nacionalistas vascos, quieren una Navarra achicada, dentro de Euskal Herria y, por tanto, fuera de España, federal esta o no. Otros, los conservadores, también quieren una Navarra achicada, eso sí, como Comunidad propia y diferenciada, dentro de España, pero con unas competencias similares al restos de comunidades autonómicas. Por tanto, ni a unos, ni a otros, les interesa una Navarra foral, con plenas competencias, ampliamente consolidadas, tanto las históricas como las ejercidas a partir del desarrollo constitucional.

En este escenario, cimentado particularmente en el último trienio, la izquierda, el PSN y también el PSOE, venimos apostando, en el caso de Navarra, porque esta siga siendo una Comunidad Foral propia y diferenciada, dentro de España, con plenas competencias, amparadas estas en sus derechos históricos y en aquellas otras devenidas de nuestra Constitución, todo ello dentro de una España federal, al objeto de aplicar y garantizar un espacio social de igualdad de oportunidades, de mantenimiento del estado del bienestar y de apoyo a las personas y sectores más desfavorecidos.

Este 2015, entre otras "sorpresas", nos trae también una convocatoria electoral en Navarra, no solo en el ámbito municipal, sino también en el espacio foral, donde nuevos actores políticos, además de los ya conocidos por la ciudadanía, sobre los cuales, con mayor o menor acierto, tiene formado un criterio, sustentado este sobre las posiciones y propuestas que cada uno defiende para Navarra y para su futuro como institución política. Estos nuevos actores, estos nuevos partidos políticos que, según parece, concurrirán a las próximas elecciones forales del 24 de mayo, están en un proceso de elección de dirigentes y posteriormente de candidatos o candidatas. Por tanto, solo sabemos, a día de hoy, lo que dichos aspirantes a dirigir estos partidos están manifestando públicamente.

Según parece, Dña. Laura Pérez Ruano, aspirante a la Secretaría General de Podemos en Navarra, ha manifestado que no pactará con los partidos del "régimen", expresión acuñada y utilizada habitualmente, junto con la de "casta", en el seno de Podemos. Dice defender una "Navarra plural, que respete el derecho a decidir y a vivir en euskera".

A la espera de saber quién va a dirigir Podemos en Navarra y de conocer su programa electoral, por lo tanto, con la máxima prudencia, se puede colegir que Podemos en Navarra no va a pactar ni con el PP, ni con UPN, ni tampoco con el PSN-PSOE. Por contra, si puede pactar con el resto de formaciones políticas, particularmente con EH Bildu. Eso, según recientes noticias de prensa, ya se ha conseguido, para el ámbito electoral municipal, en la localidad de Beriáin, bajo la denominada plataforma ciudadana "Adelante Beriáin - Beriain Aurrera", formada por simpatizantes de Izquierda-Ezkerra, de Aralar-NaBai (actualmente EH Bildu), de Geroa Bai y del círculo de Podemos.

La encrucijada electoral que puede tener, que tendrá Navarra, su ciudadanía especialmente, el domingo 24 de mayo, será la de optar y apoyar, con sus votos, a partidos que defiendan, a la vez y de forma indisoluble, opciones progresista y de izquierdas, que se comprometan a aplicar y a garantizar un espacio social de igualdad de oportunidades, de mantenimiento del estado del bienestar y de apoyo a las personas y sectores más desfavorecidos y que también se comprometan a garantizar que Navarra siga siendo una Comunidad Foral propia y diferenciada, dentro de España, con plenas competencias, amparadas estas en sus derechos históricos y en aquellas otras devenidas de nuestra Constitución, todo ello dentro de una España federal.

El PSN y el PSOE están comprometidos con la defensa de estos modelos, el institucional y foral, junto al social y solidario.

No habrá paz para los malvados corruptos

En el año 2011 se estrenó una película, del Director Enrique Urbizu y cuyo protagonista era José Coronado, bajo el título "No habrá paz para los malvados". El 10 de enero de 2012, fue nominada por la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España a los Premios Goya. El 19 de febrero, en la gala de los Premios Goya resultó ser la gran triunfadora de la noche, al conseguir 6 premios, entre ellos el de mejor película, mejor director y mejor actor principal, de las 14 nominaciones que tenía.

El inspector Santos Trinidad, al que da vida José Coronado, y la juez Chacón, interpretada por la actriz Helena Miquel, buscan, cada cual por su camino, la verdad y, en definitiva, la lucha contra los malvados. No trataré de hacer ningún paralelismo sobre el relato de esta película y la situación actual que, en los ambientes políticos y de representación institucional, estamos viviendo. Solamente diré que el recuerdo de esta película me ha estimulado, sobre todo desde el plano del tesón que uno y otra utilizan para acabar digamos con el mal, aunque los métodos sean cuestionables y poco aceptables democráticamente, singularmente los aplicados por el inspector Santos.

Llevamos años, meses, semanas y días padeciendo el mal, el mal de la corrupción política e institucional. Un día sí y otro también, nos despertamos con nuevos sobresaltos, con un nuevo caso de corrupción política, asqueroso, repugnante y repudiable. Seguro que me olvido de alguno, pero recordaré Gürtel, Malaya, Pokemon, Noss, EREs, Formación, Palau, Pujol, Tarjetas Black-Negras de Caja Madrid, Púnica y, lo más desastroso e inquietante para la ciudadanía, todavía no sabemos el nombre del siguiente y del siguiente del siguiente.

Lo preocupante y estimulante a la vez es que la ciudadanía afortunadamente ya no soporta ni tolera la corrupción política, como sí lo hizo algún tiempo atrás, no solo porque está harta, sino porque la misma es intolerable en una sociedad democrática, moderna y avanzada, que está sufriendo los rigores de la crisis y del desempleo.

Llevo cuarenta años de militancia política. En los inicios conviví con la ilusión y el desinterés personal, donde lo importante era lo colectivo, la mejora global, particularmente las personas y sectores con mayores dificultades, el desarrollo social y cultural, en definitiva avanzar y progresar. Hoy, en los finales, me toca convivir con el hastío social, porque la ciudadanía está harta; con el interés personal por encima del colectivo, donde la política y los políticos hemos llegado a ser uno de los principales problemas que siente nuestra sociedad, porque nosotros, no diré que todas y todos, tampoco la mayoría, pero si una parte importante y significativa, estamos defraudándoles, no estamos a su servicio sino al nuestro; con la desfachatez y la desvergüenza de significativos representantes institucionales que, después de su censurable actitud, no saben hacer lo más importante, lo digno en esos casos, lo último que les queda, dimitir.

Por todo esto, por todo lo que está ocurriendo, por todo lo que estamos conociendo, cabe decir muy poco y hacer mucho. Salvando a muchas y muchos representantes institucionales y políticos, a muchas y muchos alcaldes y alcaldesas, concejalas y concejales, parlamentarias y parlamentarios, solo podemos decir perdón, perdón por lo que se ha hecho y hoy se está conociendo, perdón, aunque en el caso personal no haya nada de qué avergonzarse, perdón porque no siempre se ha actuado con honradez y altruismo y perdón por no haber sabido estar a la altura de las circunstancias y del momento.

Pero, después de lo dicho, viene lo más importante, pasar de las palabras a los hechos. Ha llegado el momento, aunque algo tardío, de actuar, de hacer algo o mucho para que estas cosas nunca jamás vuelvan a suceder. Desde la humildad y el sonrojo, sin perder la memoria de lo acontecido, tenemos que ponernos manos a la obra. Debemos dar a la sociedad, a la ciudadanía, titular de los derechos democráticos y sociales, lo que se merece, que no es otra cosa que garantías de transparencia, honradez, desinterés personal y servicio público.

Expulsemos inmediatamente a los corruptos, ni un minuto más junto a nosotros. Modifiquemos ya las leyes que sean precisas, para que no sólo paguen su corrupción con penas y cárcel, sino que también devuelvan lo apropiado, lo robado. Actualicemos el Código Penal y la legislación de enjuiciamiento criminal, por cuanto, según ha dicho recientemente el Presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, solo sirve para los robagallinas, y nosotros estamos desgraciadamente algo rodeados de delincuentes que roban algo más que gallinas, porque, además del dinero, nos roban nuestra dignidad como sociedad. ¡Basta ya!.

Termino como he comenzado, desde el respeto a mi sociedad, pidiendo perdón, aunque no tenga individualmente motivos para hacerlo, pero si colectivamente y comprometiéndome, en la medida de mis posibilidades, a que, como el título de la película, "No habrá paz para los malvados".

Osasuna juega su mejor partido en el Parlamento

Osasuna, el equipo de fútbol más relevante de Navarra, que despierta, como otros muchos equipos, pasiones, enfados y controversias, es un club fundado en 1920, constituyendo una entidad de gran arraigo social que trasciende, según dicen algunos, lo meramente deportivo y que, durante años, ha constituido una referencia para la sociedad navarra y un estímulo para la práctica deportiva de los jóvenes.

Como dice el preámbulo de una propuesta de Ley Foral, la cual, según parece, se dirige a facilitar la recuperación de la estabilidad financiera de la citada entidad deportiva, mediante la reestructuración de su deuda tributaria, nos recuerda que, en el año 2003 se aprobó la Ley Foral 1/2003 por la que se concedió al Club Atlético Osasuna un aval máximo de 18 millones de euros, ante diversas entidades financieras, y que actualmente la cantidad avalada asciende a 7,2 millones de euros.

También se afirma en dicho preámbulo, aunque será objeto de un futuro y riguroso análisis formal por parte de la Cámara de Comptos, que la Hacienda Tributaria de Navarra ha realizado desde 2008 diversas actuaciones para que el Club Atlético Osasuna regularizara sus obligaciones en materia fiscal y que la entidad solicitó diversos aplazamientos, al amparo de la normativa vigente.

Finalmente, aunque no se dice tal cual, el no prever que podría ocurrir lo que finalmente ocurrió, es decir el descenso de categoría, se afirma, como no podría ser de otra manera, que su situación financiera se ha visto gravemente debilitada con motivo del descenso a la Segunda División A de la Liga Nacional de Fútbol Profesional. Y yo añadiría, su situación financiera y, por supuesto, tributaria, por cuanto, al menos para mí, es tan importante lo segundo, la deuda tributaria con todos los navarros y navarras, que la situación financiera.

El abandono del "barco", de las responsabilidades al frente de Osasuna, por parte de los directivos que han llevado al Club a esta bancarrota, generó una nueva dificultad de gestión y representación, la cual se ha venido supliendo, no sin dificultades externas e internas, por la Junta Gestora, Presidida por Javier Zabaleta, persona que no tengo el gusto de conocer, pero que, como no podría ser de otra manera, respeto sinceramente. Esta Junta Gestora ha tomado las riendas de Osasuna, desde junio, y ha continuado guiando el "barco", con el gran boquete que tenía en su casco, ante la ausencia de candidaturas para regir los destinos del Club. Se ve, a la luz está, que es más fácil guiar el "barco" en la abundancia que en la precariedad.

Claro está, al menos a mi juicio, que no solo las distintas Juntas Directivas pudieran tener, que las tendrán, distintas responsabilidades, las cuales se sustanciarán en su momento, a la luz de la imprescindible auditoría independiente y rigurosa, sino que el Gobierno de Navarra, bien por acción o por omisión in vigilando, tienen responsabilidad, cuando menos política, al haber consentido y no frenado a tiempo, el sistemático y continuo crecimiento de la deuda tributaria de Osasuna con todos los navarros y navarras. Este segundo aspecto también deberá ser depurado en los ámbitos que correspondan, al amparo de las conclusiones de la futura auditoría de la Cámara de Comptos.

Pero el enfermo, el Club Atlético Osasuna, con 94 años de edad, está en la UVI y casi desahuciado, hasta tal punto que, si no se remedia antes de mediados del próximo diciembre, bajará, todavía más, de categoría profesional, con todo lo que ello representa, no solo económicamente sino social y deportivamente. Lo curioso del caso es que, este enfermo grave, de 94 años, no va a ser "operado" por el Gobierno de Navarra, que es el que debiera hacerlo, ni por ninguno de sus especialistas (hacienda o deportes), sino por un equipo externo, en este caso el Parlamento de Navarra. Una vez más, el Gobierno de Navarra, con su Presidenta Yolanda Barcina a la cabeza, no resuelve los problemas de la ciudadanía y tiene que ser el Parlamento, que sí representa al conjunto de esa ciudadanía, quien responsablemente aborde, con muchos menos medios técnicos, la "operación", la cual, como ya he indicado, es a vida o muerte.

Obviamente, como siempre hemos actuado, el PSN-PSOE, de una manera responsable, aunque manteniendo algunas dudas y sombras sobre el pasado, las cuales se deben aclarar sin ambages, suscribe y, con ello, facilita la tramitación y su posterior debate y consenso parlamentario de la propuesta o proposición de ley foral, que finalmente sirva de "operación" trascendental y salve al grave enfermo Osasuna. Es triste que un equipo deportivo, que muchos años atrás fue ejemplo de prudencia, humildad y buena gestión económica, tenga que "salvarse" no en los campos de futbol, sino en los espacios políticos y parlamentarios.

Como un ciudadano navarro más, unos últimos ruegos o peticiones, además de las referidas a la asunción de responsabilidades de todo tipo y condición, por los distintos actores, gestores del club y responsables institucionales. Que lo sucedido no vuelva a ocurrir. Que, a la hora de comprometer gastos, se tenga en cuenta que no siempre se obtienen los mismos o similares ingresos, recordando, para ello, la parábola de las "siete vacas gordas y las siete vacas flacas". Que la gestión del Club Atlético Osasuna, a partir de ahora, se base en criterios de eficacia y eficiencia, no solo deportiva sino, tan y más importante, económica, por cuanto no queremos, dentro de otros cuantos años, estar nuevamente hablando de lo mismo. Que no se asuman nuevas y mayores deudas y que, para ello, no se generen nuevos déficits.

No sé si es mucho pedir y rogar, pero es lo necesario y consecuente, para que Osasuna no vuelva a tener que jugar otro partido en el Parlamento.

Navarra y el Euskera en el siglo XXI

Nuevamente, una vez más, como un tema recurrente que lo es, al menos para algunas opciones partidarias, aparece en la agenda política, menos en la agenda social, el tema del euskera o vascuence en nuestra Comunidad Foral. Todo ello motivado, según parece, por una demanda, que seguramente será real, para que determinados alumnos y alumnas de Beriáin cursen sus estudios en el conocido como modelo "D".

Quiero recordar ahora la parte final de lo que ya manifesté en este mismo blog, el 18 de julio de 2010, en una entrada titulada "El vascuence, el otro idioma navarro", que decía: "Que sea lo más importante favorecer la unión en la diversidad cultural, como buscamos la unión con otros países europeos o americanos, con sus idiomas, con sus culturas y con sus costumbres. Navarra si, dentro de España también, pero siendo, como es, rica en su diversidad cultural y en su pluralidad idiomática o lingüística".

Debo decir a continuación que el vascuence o euskera es un idioma español, por tanto constitucional, tan navarro como vasco. Por ello, debe ser amparado y respetado institucionalmente como parte esencial de nuestra convivencia cultural y social, desde la premisa de "no imponer, no impedir", al menos en nuestra Comunidad Foral, donde no toda la ciudadanía habla dicha lengua y, pudiera ser, que parte de ella no desee aprenderla, aunque la respete como seña de identidad de Navarra.

Todos los idiomas, como parte de una colectividad, el euskera o vascuence también, tiene aspectos y partes que lo conforman, yo definiré humildemente tres: el idioma como tal y su aprendizaje; la cultura que de él se deriva y la utilización del mismo en los espacios formales, como es el administrativo. Todo ello relacionado con que dicho idioma es parte importante de nuestra Comunidad Foral, donde el castellano o español es el idioma oficial, tal y como establece nuestra digamos constitución foral, nuestra Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra (LORAFNA) de 1982, en su artículo 9º, regula lo siguiente:

1. El castellano es la lengua oficial de Navarra.

2. El vascuence tendrá también carácter de lengua oficial en las zonas vascoparlantes de Navarra. Una ley foral determinará dichas zonas, regulará el uso oficial del vascuence y, en el marco de la legislación general del Estado, ordenará la enseñanza de esta lengua.

Por tanto, en Navarra, el castellano es nuestra lengua oficial pero, a su vez, el vascuence o euskera también los es, porque es cooficial en las zonas vascoparlantes forales. Desde esta plataforma legal deberemos actuar en cada uno de los aspectos de la misma.

Parece razonable que una colectividad plural, como lo es la ciudadanía navarra, máxime con la llegada de más culturas, pero sin olvidar, todo lo contrario, las propias, conozca suficientemente, en cada uno de sus rincones, todas las manifestaciones culturales propias, tanto el zortziko en el sur, como la jora en el norte, por poner solo dos ejemplos. Esta es una responsabilidad integradora a la que se deben dedicar las administraciones públicas.

Así mismo, abordando el plano educativo, en su etapa obligatoria, también parece razonable atender las demandas que se produzcan en toda la Comunidad Foral, tanto para el aprendizaje del castellano o español en todo el territorio, como, a la inversa, el aprendizaje del vascuence o euskera, siempre desde la premisa mayor de que dicha demanda este soportada en datos reales y contrastados y que la atención de la misma no suponga un mayor coste público. Este aspecto debiera ser regulado legalmente mediante una modificación de la legislación educativa foral, por cuanto debe afectar exclusivamente a dicho plano formal y docente.

Finalmente, existe, no hay que obviarlo, el aspecto institucional o administrativo. Es decir, la lengua de uso en la relación de la ciudadanía con las administraciones e instituciones públicas correspondientes. Este plano, aunque parezca complejo, no lo es tanto, por cuanto la propia y ya citada Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra (LORAFNA) de 1982, en su artículo 9º, regula que el vascuence tendrá también carácter de lengua oficial en las zonas vascoparlantes de Navarra. Por tanto, atendiendo a nuestra propia constitución foral, en tanto que democráticamente no se cambie, yo no soy partidario de que se cambie en este aspecto, en la zona vascófona es donde las ciudadanas y ciudadanos podrán relacionarse con las administraciones públicas tanto en euskera o vascuence como es castellano o español, por cuanto ambos idiomas son oficiales en dicho territorio.

En definitiva, se trata de convivir desde la pluralidad, sin imponer nada a nadie y, a su vez, sin impedir el conocimiento cultural e idiomático en nuestra Comunidad Foral. La cultura plural y los idiomas navarros y, por ello, también españoles, son de todas y todos y, por tanto, pueden y deben ser conocidos por aquellos y aquellas que lo deseen, siempre que, al menos en el espacio educativo obligatorio, con excepción de la zona vascófona, no suponga un mayor coste público. No cabe, no obstante, pretender desbordar esta cuestión para otros fines que, al menos yo, no comparto, como lo es el intento de "culturización idiomática", como paso previo a la integración de Navarra en Euskadi. Identidad cultural si, integración política, no.

Nuevos valores para el socialismo

Agosto es el mes vacacional por excelencia, aunque la crisis, en no pocos casos, haya dificultado, cuando no impedido, que disfrutemos del merecido disfrute personal y familiar. Durante el período estival, la sociedad tiende a relajarse frente a la realidad social y política. No obstante, los problemas continúan existiendo, las dificultades nos rodean y, en muchos casos, las soluciones no parecen accesibles, por no decir reales. Dentro de todo ello y como parte de la ciudadanía están las entidades que vertebran nuestra sociedad y, como una de ellas, los partidos políticos, que no terminan de reconquistar el visto bueno y la conformidad de la sociedad a la que deben servir y representar.

El PSOE es consciente de esta situación. Y, por si no lo fuere, los últimos resultados electorales tozudamente lo han vuelto a poner de manifiesto. Por ello, los socialistas hemos abordado un importante cambio político, sobre nuevos valores y compromisos que pasan necesariamente por una mayor transparencia y apertura a la sociedad. A ello responde la elección directa del Secretario General por parte de afiliados y afiliadas del PSOE, por primera vez en la historia democrática. Nunca ningún otro partido había aplicado tal ejercido de democracia participativa.

Culminado este proceso federal, ahora los socialistas debemos hacer lo propio también en Navarra. Primero con la celebración de primarias abiertas, para que afiliados y afiliadas, y simpatizantes, elijan al candidato del PSN-PSOE a la Presidencia del Gobierno de Navarra. Y después, tan importante como lo anterior, con la elección de un nuevo liderazgo para el socialismo navarro con la participación directa de la militancia.

La importancia de ambos procesos es crucial para el futuro del socialismo en Navarra y también, me atrevo a decir, para el futuro de Navarra como Comunidad Foral propia y diferenciada, por cuanto la importancia y el futuro apoyo electoral que podamos obtener los socialistas, por parte de la ciudadanía progresista y de izquierdas, va a depender, en muy buena medida, de cómo culminemos ambos procesos a lo largo de este 2014. Para el PSN-PSOE, desde su fundación como federación en 1982, este es un momento transcendental y sin retorno posible.

Por ello, no solo el PSN-PSOE, no solo todos sus afiliados y afiliadas, no solo sus militantes, también sus simpatizantes, las ciudadanas y ciudadanos progresistas de Navarra podrán y, si lo valoran y desean, deberán coadyuvar a la renovación del proyecto socialista. Pero, para que ese apoyo pueda ser justamente demandado y finalmente recibido, los socialistas deberemos asegurarles que hemos entendido sus demandas de cambio, que hemos leído e interpretado correctamente su mensaje de las urnas y que, para ello, nos comprometemos a actuar, en la vida pública y en el espacio político, con nuevos compromisos, aplicados estos desde nuevos valores, tales como la transparencia radical y la lucha sin cuartel contra la corrupción.

Les deberemos garantizar, incluso firmándolo ante notario si fuese necesario, que vamos a anteponer siempre los intereses generales, los de la mayoría, sobre los individuales o particulares, los de la minoría poderosa. Que vamos a propiciar un cambio político e institucional en nuestra Comunidad Foral, siempre desde el respeto al actual marco institucional de Navarra y desarrollando nuestro modelo social de solidaridad y de igualdad de oportunidades.

Para ello, no caben acuerdos con una derecha que ha laminado sustancialmente nuestro modelo social, ni con el nacionalismo, cuyo único y último objetivo es la integración de Navarra en Euskadi y, por tanto, nuestra desaparición como comunidad foral.

Estas han sido y seguirán siendo las líneas rojas que nunca deberemos cruzar, y que deberemos fijar de manera explícita y diáfana para que nadie se engañe a la hora de votar en mayo de 2015. Los socialistas deberemos ser claros y contundentes. Sí a los cambios radicales y de izquierdas en Navarra, pero dentro de unos límites conocidos por la sociedad a la que nos debemos.

Paralelamente a ello y no menos importante que lo anterior, deberemos asegurar públicamente que nuestra prioridad es la creación de empleo y la estabilidad presupuestaria. Que la fiscalidad debe servir para garantizar el estado del bienestar y no al revés; es decir, que los impuestos deben cubrir los costes de los servicios educativos, sanitarios, sociales, etc., y que los impuestos deben ser justos y, para ello, deben ser progresivos.

En definitiva, los socialistas deberemos comprometernos con la sociedad, particularmente los candidatos que resulten elegidos de los procesos que vamos a abordar en los próximos meses, diciendo lo que vamos a hacer y luego haciendo lo que hemos dicho y, todo ello, desde nuevos valores, tales como el radicalismo democrático, alejado de grupos de interés, y la plena transparencia en nuestro funcionamiento. Solo así podremos tener legitimidad para pedir el apoyo de la ciudadanía navarra progresistas y de izquierdas.

Navarra, con pleno sentido

No podían pasar inadvertidas las declaraciones del Presidente del PSE-EE, Jesús Eguiguren, en las que afirmaba que "Euskal Herria es prácticamente Navarra" y que "sin ella Euskadi no tiene sentido", al tiempo que añadía que los vascos serán "independientes cuando los no nacionalistas" así lo decidan.

Mi compañero Eguiguren realiza estas reflexiones en el ejercicio democrático de su libertad de expresión. Obviamente, cada uno tiene pleno derecho a pensar y decir lo que considere oportuno, siempre que se actúe al amparo de las leyes y respetando la democracia como el método de decidir colectivamente. En este sentido, debo considerar que Jesús Eguiguren dice lo que previamente ha pensado y que, por tanto, es un planteamiento reflexivo y nada "acelerado".

Mi compañero Eguiguren, socialista del País Vasco, como él mismo declara, es un español que aspira a que se constituya una nación, un ente llamado Euskal Herria y que este ente siga siendo parte de España. Que el País Vasco siga siendo parte de España coincide con lo que sustentan todos los socialistas españoles y, por supuesto, también la militancia y la dirección plena del PSN-PSOE, cuya presidencia tengo el honor de representar.

Por tanto, desde la coincidencia en que Navarra y el resto del País Vasco sigan siendo parte del Estado Español, debe aparecer también la discrepancia, ejercida desde el mismo respeto democrático, desde la misma libertad y, cómo no, también desde la misma ideología socialista. Todos somos conocedores de la existencia y vigencia de la Disposición Transitoria Cuarta de nuestra Constitución de 1978 que, en su punto primero, establece lo siguiente: "En el caso de Navarra, y a efectos de su incorporación al Consejo General Vasco o al régimen autonómico vasco que le sustituya, en lugar de lo que establece el artículo 143 de la Constitución, la iniciativa corresponde al Órgano Foral competente, el cual adoptará su decisión por mayoría de los miembros que lo componen. Para la validez de dicha iniciativa será preciso, además, que la decisión del Órgano Foral competente sea ratificada por referéndum expresamente convocado al efecto, y aprobado por mayoría de los votos válidos emitidos." Por ello, desde el respeto a las decisiones que, en su caso, pudiese adoptar el conjunto de la ciudadanía navarra, en el citado referéndum, el PSN-PSOE no propone, ni mucho menos defiende, la integración de la Comunidad Foral de Navarra en la Comunidad Autónoma del País Vasco, menos todavía en un futuro e hipotético ente hoy denominado Euskal Herria.

Los socialistas y las socialistas de la Comunidad Foral de Navarra, que conformamos la Federación del PSOE denominada PSN-PSOE y constituida, como tal, en 1982, defendemos firme y profundamente que Navarra siga siendo un ente institucional y político propio, una comunidad diferenciada y no integrada en ningún otro ente, salvo la pertenencia al Estado Español y, a través de este, a la Unión Europea.

Navarra, sabido es, siempre ha sido una institución, en sus distintas formulaciones, individual, propia y diferenciada. El Reino de Navarra se mantuvo como tal hasta mediados del siglo XIX. Navarra nunca ha pertenecido a ningún otro ente intermedio. Nunca se ha desgajado de ninguna otra institución intermedia a la que tenga que "volver” y, desde hace muchísimos años, ha venido ejerciendo su autogobierno con pleno reconocimiento jurídico. Incluso en tiempos preconstitucionales, Navarra ha tenido y ejercido sus propias competencias en el marco del Estado Español.

Por tanto, los socialistas y las socialistas de Navarra defenderemos este modelo institucional y político, siempre desde el respeto a las decisiones colectivas que la ciudadanía navarra pudiese adoptar en su momento. Ello no es impedimento para promover, desde el respeto mutuo, acuerdos de colaboración y cooperación con otras comunidades autónomas, especialmente con aquellas que nos unen intereses económicos, sociales o culturales.

A su vez, el PSN-PSOE defenderá y desarrollará, como propias, dentro del marco de la Constitución y de la LORAFNA, nuestras lenguas, tanto el español como el euskera; así como todas las manifestaciones culturales y las singularidades propias de Navarra, en todas sus expresiones, las cuales caracterizan a esta tierra como una colectividad plural, rica y diversa.

¿Qué significado tiene la expresión "cambio de régimen"?

Vengo leyendo, con relativa reiteración, la expresión "cambio de régimen". Término que se viene utilizando, no siempre de forma literal, sino articulando el núcleo, la idea de lo que se quiere decir, sobre dicha base, con expresiones tales como: "hay que cambiar el régimen en Navarra", "este régimen está ya agotado", etc. Utilización efectuada tanto por periodistas como por articulistas, más o menos interesados o menos que más independientes, a raíz del fracasado intento para que hubiese elecciones en Navarra, junto a las europeas, el próximo 25 de mayo.

Antes de pensar que dicha utilización tiene intereses políticos, legítimos estos, por supuesto, me he parado un momento a repasar que se quiere decir con la expresión "régimen", por cuanto el término "cambio" ofrece menos dudas semánticas. No reproduciré aquí todas y cada una de sus significaciones o acepciones, solamente aquellas que vienen al caso que me ocupa.

• Sistema político por el que se rige, gobierna o administra una nación.

• Conjunto de normas o reglas que dirigen o gobiernan una cosa, o que definen la administración de un estado o de una entidad.

Por tanto, cuando se enuncia y anuncia la necesidad o conveniencia de "cambiar un régimen", lo que se nos quiere decir, de forma implícita, aunque sería mejor que fuese de forma explícita, que se quiere y aspira a "cambiar" bien el sistema político que rige o gobierna la Comunidad Foral de Navarra, bien el conjunto de normas o reglas que dirigen o gobiernan Navarra o, cuando menos, la definición de la administración de esta nuestra Comunidad.

Siendo respetable el anhelo de unos para ser impuesto a todas y todos, también sería deseable, mejor dicho imprescindible, que se nos aclarase, a todas y todos, cuando menos bastante antes del momento en que tengamos que votar, qué se quiere decir cuando se utiliza la expresión "régimen", en enunciados o frases similares a las comentadas.

¿Se quiere decir que se va a cambiar el sistema político, actualmente democrático, constitucional y parlamentario que rige y gobierna la Comunidad Foral?

¿Se pretende, por otro lado, cambiar el conjunto de normas o reglas que dirigen y rigen en Navarra, normas también democráticas, constitucionales y emanadas del Parlamento Foral?

¿Se aspira a cambiar la definición de nuestra administración foral?

Si se quiere, aspira o pretende, legítimamente insisto, espero que democráticamente también, cambiar algo, se deberá decir, inmediatamente y a reglón seguido, por qué se quiere cambiar, al objeto de que la ciudadanía, única y última depositaria de sus destinos, valore los motivos del cambio que se propone y pretende; así como, qué se va a instituir en sustitución de lo que se modifica o elimina.

Como no me imagino, menos en este siglo XXI, que se pretenda cambiar nuestro sistema político, actualmente democrático, constitucional y parlamentario, debo pensar que lo que se quiere y aspira a cambiar está referido más a cambiar el sistema institucional de la Comunidad Foral de Navarra, dejando de ser una institución constitucional, propia y diferenciada y pasando a ser, mediante la utilización de la Disposición Transitoria Cuarta de nuestra Constitución Española, una provincia o territorio histórico más, dentro de la Comunidad Autónoma Vasca, como lo son Vizcaya, Guipúzcoa o Álava.

Obviamente y para conseguir este objetivo, de paso el citado, anunciado y avalado "cambio de régimen" también conllevará, por parte de quienes aspiren a ello, un cambio de gobierno en nuestra Comunidad Foral de Navarra. Un nuevo Gobierno de Navarra, me imagino que no por mucho tiempo como tal, por cuanto dicha pretensión buscará que esta institución se transforme en la cuarta Diputación Foral de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Por tanto, respetando democráticamente los deseos, aspiraciones y pretensiones de quienes desean un "cambio de régimen" en la Comunidad Foral de Navarra, como resultado de la próximas elecciones, si este "cambio de régimen" conlleva lo que yo presupongo respetuosamente y que he querido reflejar en los párrafos anteriores, mi posición, como socialista y como navarro, es que no se produzca en Navarra el mencionado y deseado, por una parte de la ciudadanía navarra, "cambio de régimen".

Para ello, es democráticamente imprescindible clarificar el debate, desarrollar las propuestas, al objeto de que todas y todos sepamos, con meridiana claridad, lo que vale nuestro voto y para que servirá el votar a unas formaciones políticas u otras. El PSN-PSOE ha pretendido, pretende y pretenderá siempre, asentar primero y defender después el actual modelo institucional de Navarra, como comunidad propia y diferenciada, dentro del marco de nuestra Constitución y del Estado Español.

A su vez, también el PSN-PSOE ha aspirado, aspira y aspirará siempre, a aplicar y desarrollar, en nuestra Comunidad Foral, unas políticas progresistas, sustentadas en programas sociales justos y avanzados, en una educación convivencial, moderna y útil, que garantice la riqueza de la diversidad y fundamentalmente la igualdad de oportunidades; en una sanidad pública eficiente y en unas políticas sociales solidarias con las personas con mayores dificultades y sostenibles por el conjunto de la ciudadanía.

Por tanto, aquellos ciudadanos y ciudadanas que quieran que Navarra siga siendo una comunidad foral propia y diferenciada y que, a su vez, en ella, se desarrollen políticas progresistas, en las áreas educativas, sanitarias, sociales, etc., seguirán teniendo a los socialistas navarros para conjugar, defender y aplicar ambos espacios, no solo uno u otro de ellos, sino ambos a la vez y de forma indivisible. En definitiva, defender una Navarra como Comunidad Foral propia y diferenciada, dentro del Estado Español y, a su vez, inseparablemente, una Navarra progresista y de izquierdas, que desarrolle un verdadero estado del bienestar sostenido y sostenible.

Sé que hay alternativas y opciones políticas que defiende bien lo primero o bien lo segundo, pero no hay ninguna opción política, salvo el PSN-PSOE, que defienda, en Navarra, ambas cosas a la vez y de forma inseparable. Decir lo contrario es faltar a la verdad.

Legitimidad social y legitimidad política

Este pasado fin de semana he leído atentamente, en algún medio de comunicación, las opiniones de compañeras y compañeros del PSN-PSOE, referidas estas a la situación que está atravesando mi partido, más agravada después del malogrado intento de celebrar elecciones forales el próximo 25 de mayo; también sobre el proyecto político que debe representar el PSN-PSOE y finalmente sobre el liderazgo de nuestro Secretario General, Roberto Jiménez.

Nada opinaré sobre lo expresado por ninguno de mis compañeros y compañeras, por cuanto todas y todos me merecen un respeto y, lo más importante, lo único que han hecho es ejercitar su derecho a la libertad de expresión. Una pena es que bastantes de ellos o ellas no expongan sus criterios, además de hacerlo ante la sociedad, también ante los órganos rectores del socialismo navarro. Así mismo, sería deseable que los y las socialistas nos hiciésemos autocrítica directa y personal, al menos a la vez que ejercitamos la crítica sobre terceros, no vaya a ser que se cumpla el viejo refrán: "consejos vendo y para mí no tengo", en este caso, en tiempo pasado, "para mí no tuve".

Tampoco me referiré a lo planteado en cuanto a los aspectos ideológicos o programáticos, por cuanto, la mayoría de ellos, son enunciados breves, sobre los cuales, con toda seguridad, estamos todas y todos los socialistas de acuerdo. Además, en pocos meses, el PSN-PSOE celebrará su Conferencia Política, donde se debatirán y acordarán los perfiles y las líneas ideológicas que la federación socialistas quiere ofrecer, como soluciones a los problemas, a la ciudadanía navarra. Seguro que los compañeros y compañeras "opinadores y opinadoras", desarrollarán sus enunciados con propuestas más sesudas y las aportarán a los debates de la citada conferencia, al objeto de que sean sometidas, como las demás, a la crítica previa y al consenso posterior.

Si que aprovecharé algunos trazos de lo leído para reflexionar sobre la dualidad que se está generando, no solo en nuestra federación socialista, también en otras, ante la legitimidad social que un candidato o candidata socialistas a unas primarias pueda obtener, una vez elegido o elegida, y la legitimidad política o, mejor dicho, partidaria que tiene la persona que, después de un congreso resulte elegido o elegida como Secretario/a General.

A veces se puede intuir que la insistente exigencia, legítima esta, de que se celebren, lo antes posible, unas primarias en nuestro partido, bien sea en el ámbito nacional o regional, no solo busca la elección del mejor candidato o candidata a representar al socialismo en unas futuras elecciones, sino que, además y colateralmente, busca el relevo indirecto, forzado y anticipado del líder en dicho ámbito.

Con las normas que se ha dotado el PSOE, partido que aplica ya, casi en exclusiva, el método de primarias para elegir a sus candidatos o candidatas, se busca obtener un liderazgo y una legitimidad social, desde una profundización democrática, por cuanto, pudiera llegar a ser, si así se revalida en las correspondientes elecciones, el Alcalde o Alcaldesa de una ciudad, el Presidente o Presidenta de una CC AA o de España. Pero, la persona elegida en unas primarias es eso, solo eso, ni más ni menos que eso, un candidato o candidata electoral.

Por tanto, no es la persona responsable, al menos hasta que un Congreso lo decida también democráticamente, de dirigir un partido, bien sea en el ámbito estatal, regional o local. Se podrá argumentar que los planos son complementarios y cierto es que lo son. También, que no es buena la bicefalia, seguramente no lo será, al menos en algunas formaciones políticas, por cuanto en otras es la tradición y con ella conviven armónicamente. Pero, lo cierto es que una elección, las primarias, es para ser candidato o candidata y otra elección distinta, los congresos, es para ejercer las responsabilidades, tanto la Secretaría General como el resto de las funciones de dirección en un partido, en mi caso en el PSOE y en cada una de sus federaciones.

Ambas elecciones, democráticas las dos, otorgan legitimidad a los elegidos o elegidas, una social y electoral y otra política y partidaria. Lo que no cabe es intentar entrar por la "puerta" de la primera, esto es a través de las primarias, para "ocupar" la segunda, que solo le corresponde a los afiliados y afiliadas, representados por sus delegados y delegadas, reunidos en un Congreso convocado al efecto.

Las personas que son elegidas deben cumplir con los objetivos y los plazos para los cuales fueron designadas. No hacerlo sería grave e incurriría en un incumplimiento de los compromisos adquiridos cuando se presentó como candidato o candidata. Solamente cuando el órgano supremo de control no mantuviese explícitamente el apoyo y la confianza, cosa que no ocurre en Navarra, es cuando estaría justificado proceder a su expresa ratificación o renovación. Por ello, las responsabilidades, los objetivos y los procesos de una y otra función son distintos y, por tanto, se proveen de manera diferente y en plazos disociados.

Este año el PSOE, también el PSN-PSOE, va a proceder a elegir a sus candidatos y candidatas, mediante el procedimiento de primarias. En Navarra elegiremos al candidato o candidata que presentaremos a las elecciones forales y también a los candidatos y candidatas a las elecciones municipales. Pero, por contra, este año 2014, que nadie se frustre por ello, no elegiremos a los Secretarios o Secretarias Generales, ni del PSN-PSOE, ni de ninguna de las Agrupaciones Locales.

La elecciones de nuestros líderes políticos, compañeros y compañeras socialistas, se abordará cuando proceda. Solamente recordar que sus elecciones se produjeron hace ahora unos dos años y, por tanto, solo llevan la mitad de su mandato, luego no pueden faltar a su responsabilidad libremente asumida. Sera en ese momento cuando hablaremos de elección de responsables orgánicos y no ahora que solo procede hablar de las designaciones de candidatos o candidatas electorales, salvo que lo que se pretenda, aunque no se diga, es provocar el "derrocamiento" de líder del partido, estatal, regional o local, a través de un procedimiento no establecido para ello, sino para la designación de candidatos y candidatas para unas próximas elecciones.

Navarra, PSOE, Primarias y Candidaturas

Cierto es que el Comité Federal del PSOE, celebrado pocos meses atrás, adoptó, por razonable consenso, el criterio de que ahora no es el tiempo de hablar de primarias, menos aún de candidatos o candidatas, que ahora toca trabajar para ganar las elecciones europeas. Criterio que yo comparto plenamente.

No obstante, lo ocurrido este mes en Navarra, referido al acuerdo adoptado por la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, el pasado 5 de marzo, impidiendo, con él, la convocatoria de elecciones anticipadas en nuestra Comunidad Foral, el próximo 25 de mayo, acuerdo que, por cierto, fue "acatado" pero no "compartido" por el Comité Regional del PSN-PSOE, celebrado el pasado 6 de marzo, hace necesario abrir nuestras mentes a la reflexión, de cara a los meses de otoño, que será cuando se celebrén las primarias del PSOE, para elegir nuestro candidato o candidata a la Presidencia del Gobierno de España, en las elecciones generales de 2015.

La Comunidad Foral de Navarra ha venido siendo "pieza instrumental" del entramado institucional del Estado Español. Unos para "desgajarla" de él y "anexionarla", durante muchos años mediante la utilización de la fuerza y la violencia, a otro "ente" nuevo y distinto, todavía por construir. Otros para "sujetarla" y "mantenerla" dentro del actual modelo constitucional, esto es formando parte del Estado Español.

Pero, unos y otros han utilizado a Navarra como elemento de confrontación y ataque político y electoral, sin pensar y respetar lo que realmente cree y desea la ciudadanía navarra, elemento sustancial desde donde debe partir cualquier análisis y posterior actuación. Navarra, con sus gentes, ha sido "interpretada" casi siempre por ajenos, por actores desconocedores de los deseos intrínsecos de la ciudadanía navarra. Yo, como navarro y también, de forma inseparable, como socialista, deseo que la Navarra siga siendo una Comunidad Foral, una institución propia y diferenciada dentro del Estado Español. Otras y otros, con la misma legitimidad que yo, desean que Navarra se integre en otro ente distinto. Unos y otros, unas y otras, nos merecemos un respeto y un ejercicio libre, reitero libre y democrático a la hora de adoptar individual o colectivamente nuestras decisiones.

El futuro de Navarra, para mí como Comunidad Foral propia y diferenciada, deberemos acordarlo los navarros y navarras, en ningún caso otros y otras, por cuanto así lo dispone nuestra tan mentada y recordada, cuando interesa apelar a ella, Constitución Española, en su Disposición Transitoria Cuarta, obviamente, siempre, de una u otra forma, dentro del Estado Español.

Por ello, un partido, cualquier partido, en mi caso el PSOE, que lo considero un partido, por pura obviedad de sus actos, constitucional y, a su vez, según se autodenomina, federal, deberá entender, mejor que cualquier otro, la singularidad de Navarra y respetarla como tal, no solo en el ámbito institucional, sino también en el espacio partidario. Esto, que parece obvio e innecesario plantearlo, no viene siendo el método de decisión política de la mayoría de los partidos con implantación nacional, tanto mayoritarios como minoritarios, tampoco en el caso del PSOE.

Para todos ellos, los "forzados" e innecesarios "tirones" a Navarra, para "sujetarla" y "mantenerla" dentro del actual modelo constitucional, esto es formando parte del Estado Español, son la constante que, además de ser elemento de confrontación política y electoral, con la ciudadanía navarra en medio, aturdida y atónita, sin entender, ya en el siglo XXI, el porqué, puede conseguir el efecto contrario y, por tanto, nada deseado. Cuando, además y en todo caso, la Constitución Española garantiza la unidad del Estado Español, sea Navarra una Comunidad Foral como ahora o democráticamente deje de serlo y forme parte de la Comunidad Autónoma del País Vasco, posibilidad que yo, como ya he anticipado, como socialista y como navarro, "combatiré" democráticamente, para que esto no ocurra, pero siempre dentro de la legalidad y de las reglas de juego.

Ya va siendo hora de que el resto de los españoles y españolas, yo también me considero español, respeten nuestro ámbito de actuación social y política, constitucionalmente reconocida, siempre que esta se produzca dentro de los espacios de plena libertad y se decida democráticamente, por cuanto, esta "tutela" prolongada, además de cansar, puede aparentar que la ciudadanía navarra, aún con más de sesenta años, como es mi caso, sigue siendo menor de edad.

Por ello, cuando en otoño se postulen candidatos o candidatas a las primarias del PSOE, para elegir a nuestro candidato o candidata a la Presidencia del Gobierno de España, deberemos preguntarle abiertamente sobre estas cuestiones, al objeto de conocer públicamente su posicionamiento y, en función de ello, además de otros aspectos y criterios, también importantes, en materias económicas y sociales, decidir a quién apoyar, para que sea nuestro candidato o candidata socialista a la elecciones generales de 2015, para que lo sea también de Navarra; es decir, de los socialistas y las socialistas navarras.

Esta sí que será una oportunidad democrática, para apoyar a quién realmente crea en la mayoría de edad de la ciudadanía navarra, particularmente de las personas que, como socialistas, formamos parte de ella. También en la mayoría de edad del PSN-PSOE y, con ello, evitar reiteradas "sorpresas", que se vienen manifestando continuadamente en nuestro decidir social y político.

Paro, empleo, trabajadores y cotizaciones

Mucho se viene hablando, desde hace meses, sobre la evolución del empleo en España, más intensamente desde que las cifras del desempleo tienen una dimensión inaceptable. Obviamente, la causa de este altísimo nivel de desempleo se debe a la prolongada y multifacética crisis económica, la cual se está pretendiendo superar, al menos por parte de los gobiernos conservadores, con duros ajustes, como la reforma laboral que ha quitado derechos sindicales y desregularizado el mercado, y con medidas que conllevan profundos recortes, los cuales recaen, como casi siempre, sobre los mismos, sobre los trabajadores y trabajadoras.

Nadie discute, como decía antes, que las cifras de desempleo son inaceptables. La cuestión es: ¿cómo se mide el empleo? De sobra es conocido que se están utilizando dos métodos, uno de ellos es el número de desempleados inscritos en el INEM, otro es el resultado de la EPA (Encuesta de Población Activa) y últimamente se está empezando a utilizar, como dato significativo, el número de cotizantes a la seguridad social. En ningún momento la cantidad cotizada.

Se sabe que los datos del INEM (Instituto Nacional de Empleo) solo reflejan el número de personan inscritas como demandantes de empleo. Es decir, personas demandantes de empleo pero que, a su vez, estén inscritas, luego seguramente, no se puede colegir en qué cuantía, hay personas que estén demandando un empleo, tanto en España como fuera de ella, pero que no estén inscritas en el INEM por múltiples causas, como por ejemplo que sus expectativas de encontrar un empleo no estén situadas en nuestro país o, en otros casos, que el desánimo haya paralizado la energía necesaria para recorrer las habituales y prolongadas filas de las oficinas de empleo españolas.

Por otro lado, la EPA es una encuesta que está homologada por todos los países de la Unión Europea, por tanto no es un registro alfanumérico, aunque si se aproxima a reflejar un resultado cuasi real de la situación del desempleo en España, por cuanto mide las demandas de empleo, se esté en los registros del INEM o no, se esté en España o en otro país buscando trabajo.

Finalmente, como ya apuntaba, se está utilizando el dato de personas cotizantes a la Seguridad Social, como dato significativo de la evolución del empleo en España, con la simplificación de que a más cotizantes más personas empleadas, lo cual, obviamente, no parece descabellada su utilización.

Claro que, a mi juicio, para ver la evolución de España en esta materia, sería mejor utilizar parámetros como la evolución de la masa salarial global o de la masa cotizada a la seguridad social. Por cuanto, pudiera ocurrir que estando en la actualidad trabajando unos 17 millones de personas, se pudiese pasar a 18, 19 o 20 millones de personas empleadas y la masa salarial global o la masa cotizada a la seguridad social fuese de similar importe o inferior.

¿Cómo pudiera ocurrir esto, si no es lo que ya tímidamente está ocurriendo? Pues bien sencillo. Aplicando la reforma laboral del PP, lo que está sucediendo es una fuerte reducción salarial y una modificación contractual, pasándose, en no pocos casos, de un contrato a jornada completa a uno o varios contratos a jornada parcial.

Pondré un pequeño ejemplo para explicarme, sobre una población activa de 1.000 personas, las cuales tenían un contrato a jornada completa y un salario de 1.800 euros mensuales y cotizaban un 33% a la seguridad social, lo que suponía una cotización mensual individual de 594 euros. Luego, su masa salarial global era de 1.800.000 euros/mes y su masa cotizada a la seguridad social era de 594.000 euros/mes.

Pudiese resultar que, aplicando la mencionada reforma laboral del PP, a los 1.000 trabajadores se les hubiese modificado su contrato o, de no acceder, hubiesen sido sustituidos por otros, con el objetivo falaz de crear empleo, bajo el paraguas del reparto del trabajo, y estuviesen trabajando 2.000 personas, 1.000 personas más que antes, a media jornada.

El resultado directo sobre las cifras del INEM es que habría 1.000 parados menos. Eso sería cierto, para algunos muy bueno, aunque habría que ver los efectos de esta teórica medida solidaria sobre la realidad concreta. A los reconvertidos o nuevos 2.000 trabajadores se les asigna un salario de 800 euros mensuales y una cotización del 33% a la seguridad social, lo que supondría una cotización mensual individual de 264 euros. Luego, su masa salarial global sería 1.600.000 euros/mes y su masa cotizada a la seguridad social de 528.000 euros/mes.

El ejemplo, nada descartable por otra parte, pero que nos puede servir como reflexión, es que efectivamente hay 1.000 parados menos, pero que, a su vez, la nueva situación arroja una masa salarial global de - 200.000 euros/mes y una masa cotizada a la seguridad social de - 66.000 euros/mes. Luego, por una parte, la capacidad de consumo y, con ello, de reactivación económica, de los trabajadores y trabajadoras, en la medida en que este ejemplo se expanda, se reduce y, a su vez, la financiación de las actuales y futuras pensiones, a través de las cotizaciones a la seguridad social, se aminora considerablemente, cuando, a su vez, se generan más derechos a futuros pensionistas, en la medida de que más personas, aunque con menor cuantía, estarán cotizando al sistema.

Por todo ello, si está ocurriendo o pudiese ocurrir algo similar, este es no es el camino. El camino es generar empleos de calidad para más personas. Es malo y poco aconsejable repartir la miseria. Siempre se debe repartir la riqueza. Sobre todo cuando se lee en el último informe de Oxfam que cerca del 50% de la riqueza mundial está en manos del 1% de la población, que posee, en conjunto, unos 81 billones de euros o que, según Naciones Unidas, un 20% de la población mundial, el equivalente a 1.320 millones de personas, concentra en sus manos el 82% de la riqueza en el mundo, mientras los más pobres, unos 1.000 millones de personas, sobreviven con apenas el 1,4% de la riqueza mundial. Pero, si nos centramos en España, los 20 españoles más ricos tienen la misma fortuna que los 9,5 millones de españoles más pobres.

Papa Francisco: “jamás he sido de derechas”

Alegra mucho escuchar, más en estos tiempos, a personas que representan a altísimas instituciones mundiales pronunciase sobre sus sentimientos y pensamientos. Me estoy refiriendo, en este caso, a las posiciones que, según han reflejado, días pasados, bastantes medios de comunicación, tiene y expresa el Papa Francisco, por cuanto, según parece, el Pontífice manifestó, entre otras muchas cuestiones, que "jamás había sido de derechas" y pidió a la Iglesia que hable menos "del aborto y del matrimonio homosexual" y dijo apostar por colocar a la mujer "donde se toman decisiones".

Esta es la forma de ser, de pensar y de creer del Papa Francisco. Ideas, reflexiones y convicciones reflejadas en una entrevista publicada y difundida por numerosas revistas de cultura de la Compañía de Jesús y realizada por el director de La Civiltà Cattolica, el jesuita italiano Antonio Spadaro, que recoge un diálogo de más de seis horas con el Pontífice.

El máximo representante de la Iglesia Católica y del Estado de la Ciudad del Vaticano o Santa Sede demuestra que, debajo de los hábitos, de los símbolos propios de su cargo, hay una persona, un hombre en este caso, que tiene cabeza y, de forma indisoluble, también corazón, que piensa pero, a la vez, también siente y, como piensa y siente, también sufre, en especial por las personas más desfavorecidas.

No dejo de reconocer mi respeto y hasta un punto de admiración hacia el Papa Francisco, por lo que nos viene diciendo, en especial a los católicos, pero también a todas aquellas personas que, como es mi caso, no practicamos dicha religión, pero nos sentimos vinculados por similares ideales, aunque desde posiciones éticas y progresistas, respetando que otras personas lo hagan desde creencias morales y cristianas. Siempre se ha mantenido, al menos en el debate teórico, que si Jesucristo viviese sería, sin lugar a dudas, de izquierdas.

Algunos hemos convivido y crecido políticamente, especialmente en los años previos a la transición española, en los entornos de la iglesia católica, en las salas de muchas casas parroquiales, seminarios o iglesias de barrio, junto a sacerdotes o curas llamados obreros, que colaboraron, cómo no reconocerlo, a que las personas superásemos lo vivido hasta ahora y creásemos algo distinto, para todos y todas y entre todas y todos.

Por todo ello, ahora, más de 40 años después, tengo una sensación agridulce. Por un lado, veo con esperanza como la máxima institución de la Iglesia Católica se manifiesta y posiciona en temas que, hasta hoy al menos, han venido sirviendo de confrontación y división entre personas, entre buenos y malos, entre creyentes y agnósticos. Posiciones que, desde la ética humanista y progresista y sin entrar en matizaciones, básicamente comparto. Pero, a su vez, creo intuir, me gustaría equivocarme, que la mayoría del entramado jerárquico de la misma Iglesia Católica no comparte ni aplica los postulados de su Pontífice.

Es difícil separarse, después de tantos años pegado al poder económico y político de los gobiernos; es decir, de los poderosos, compartiendo, en algunos casos, intereses. Pero, por el bien común, es necesario hacerlo. Es imprescindible que todos pongamos al ser humano, a la persona, en el centro de nuestras miradas y de nuestros actos. El Papa Francisco así lo entiende y pretende practicarlo. Las políticas que se están ejecutando en muchos países, también en Europa y, cómo no, en España, los recortes sociales no dejan lugar a dudas. Estas políticas conservadoras no ponen a la persona por delante sino que los intereses de los poderosos son los que prevalecen.

A las pruebas me remito. Las grandes empresas españolas, las del IBEX 35, están obteniendo beneficios, mientras que los trabajadores estamos recibiendo perjuicios. Los que ponderadamente menos impuestos pagan, ganan y los que más recursos públicos aportan, pierden. Unos obtienen dividendos y los otros ven mermados sus derechos sociales, algunas veces ejecutados con nocturnidad y alevosía, como es el caso del último copago sanitario de 42 fármacos que se dispensan en los hospitales.

Y, mientras ocurre todo esto, la Iglesia Católica en España, al menos su jerarquía, no pone al máximo volumen sus altavoces y "grita", a los cuatro vientos, su disconformidad con estas medidas, separándose del poder económico e ideológico y acercándose al ser humano, a los que sufren, a los necesitados, pidiéndole al Gobierno de España y también al Gobierno de Navarra, como es mi caso, al Sr. Rajoy y a la Sra. Barcina, que no apliquen estas políticas antisociales, que piensen más en los más necesitados y que pidan más esfuerzo a los que más tienen.

Este es el giro que, tanto desde el humanismo cristiano como desde la ética progresista, deberemos lograr. El cambio social hacia el progreso en Navarra, tanto desde la política como desde la sociedad o desde la religión, es posible, es necesario, es imprescindible. Es urgente que las personas, los más desfavorecidos, sean el eje de actuación de todas y de todos, por encima de ideologías o de creencias y eso es lo que, desde mi humilde interpretación, ha querido expresar públicamente el Papa Francisco.

Dime de que presumes ............

Con mayor frecuencia de lo que pueda parecer se suele utilizar la frase "dime de que presumes y te diré de que careces”, que bien puede utilizarse ahora para definir la situación política de Navarra.

Todas y todos hemos vuelto de nuestra vacaciones y, con ello, nos estamos enfrentando, unos con mayores dificultades que otros, a la realidad laboral y personal, sin olvidar, por cuanto no deberemos hacerlo, la realidad social y política de nuestra Comunidad Foral. Siguen, seguimos conviviendo, no sin dificultades, con la dureza de la crisis, que sigue machacando a los de siempre, aunque se le pinten colores vistosos para distraer, como los últimos nuevos 31 empleados más.

Comienza también en Navarra un nuevo curso político. La Presidenta de nuestra Comunidad Foral está decidida, así lo ha manifestado recientemente, a agotar la legislatura y, por ello, no habrá elecciones hasta el año 2015. Dos argumentos se han venido utilizando por parte de UPN, como justificación y soporte a ello. Uno, muy discutible por cierto, es que el resultado de unas hipotéticas elecciones anticipadas sería malo para Navarra, por cuanto variaría muy poco la composición del Parlamento Foral. El otro es que el Gobierno de Navarra, en minoría parlamentaria, no está paralizado o, dicho de otra forma, haciendo más bien poco.

El primero de los argumentos se desmonta por sí solo, por cuanto el ejercicio democrático nunca es malo para nadie y, por ello, unas elecciones intrínsecamente nunca son malas, sino todo lo contrario, salvo que lo que se piense, aunque no se haya querido decir, es que el resultado no es que fuese malo para Navarra sino que lo pudiera ser para UPN.

El segundo, referido en este caso a la inacción del Gobierno, se podría contrastar con datos objetivos y difícilmente rebatibles. No hay más que leer el Boletín Oficial de Navarra (BON), que prácticamente no reflejaba actividad gubernamental alguna, obviamente salvo la sucesión y reiteración de ceses y nombramientos de cargos y altos cargos, especialmente en el Departamento de Salud. En este caso, el BON es como un electrocardiograma gubernamental, por cuanto refleja y por escrito la acción de los órganos de la administración, en este caso del Gobierno de Navarra, marcando unas líneas cuasi planas, acercándose a la parada cardiaca.

Pero bien pudiera utilizarse un segundo argumento, en este caso subjetivo, aunque utilizado por la propia Presidenta del Gobierno foral. Me refiero a sus recientes declaraciones oficiales ante consejeros, directores generales y jefes de Gabinete, en las que les decía "que no bajen los brazos ante quienes llevan un año hablando de una legislatura agotada" y les pedía "ánimo, ingenio y audacia para sacar adelante todos los proyectos previstos".

Es decir, Yolanda Barcina les pidió a sus altos cargos que tuvieran ánimo, ingenio y audacia para sacar adelante los proyectos previstos. No les dijo, aquí viene el matiz, que mantuvieran el ánimo, el ingenio y la audacia, sino que tuvieran esas actitudes y comportamientos, lo cual no es más que reconocer que no se tenían hasta ahora o, dicho de otra forma, que hasta ahora no se estaban sacando adelante los proyectos previstos. Esta es la cruda realidad, para desgracia de la ciudadanía navarra, que está soportando insistentemente las inclemencias de la crisis y tomándose las medicinas y remedios que la derecha les receta. Medicinas y remedios que, a todas luces, no sirven, y a los resultados me remito.

Se presume de acción de gobierno y, por contra, se reconoce, implícitamente al menos, la falta de la misma, solicitando a los altos cargos de la administración foral que tengan ánimo, ingenio y audacia. Será porque dichos comportamientos son los que Yolanda Barcina viene practicando, día a día, para seguir sentada en el sillón presidencial, aún cuando los remedios medicinales aplicados hasta hoy no estén curando a nuestra enferma Navarra. En definitiva, se presume de lo que se carece.

Puede ser un comportamiento ejercido por parte de la sociedad y seguramente será una característica más reconocible entre algunos políticos, pero pienso que no debe ser, en ningún caso, un valor sino un demérito, por cuanto la sinceridad y la transparencia en el ejercicio de la representación institucional y política debe ser la seña de identidad y lo contrario el repudio de la sociedad. No hay que presumir, menos de lo que se carece. Hay que trabajar y, si no es posible, hay que dejar paso a nuevos escenarios democráticos, porque, por encima de cada cual, Navarra merece la pena.

¿Cuál es mi bandera?

Durante las últimas semanas estoy constatando, con cierta preocupación y, por qué no, también con bastante estupor, posicionamientos sociopolíticos referidos, en este caso, al tema de las banderas, con la especial particularidad que conlleva este asunto en Navarra. Quiero dejar bien claro y antes de nada que mi bandera no tiene color, si tiene imágenes, que no son otras que las de mis conciudadanos, las de mis vecinas y vecinos y, por extensión, las del conjunto de personas que poblamos este planeta. Obviamente, ni que decir tiene que este tema, tan insignificante diría yo, ha cogido cierto auge a raíz de lo acontecido en los momentos previos al lanzamiento del último chupinazo de Pamplona.

Según Wikipedia una bandera es: una pieza de tela, normalmente rectangular, aunque puede adoptar formas muy variadas, que se sujeta por uno de sus lados a un asta, o se cuelga de una driza. Es decir, una bandera, al margen de los sentimientos individuales o colectivos que las personas queramos depositar en ella, es eso y solo eso, una pieza de tela, generalmente compuesta con distintos colores, formas o dibujos. Insisto en la idea, es una pieza de tela y, por tanto, somos las personas las que la “transformamos” en algo distinto.

Las banderas se utilizan tanto para identificar o representar a una persona o grupo de personas como también, por ejemplo, a un ejército. Y, aquí viene la pregunta, ¿se utilizan, al menos en el caso de nuestra Comunidad Foral, para identificar o representar o, más bien, para diferenciar y excluir? El día que nos demos una respuesta sincera a esta pregunta habremos avanzado mucho en nuestra convivencia plural.

Cierto es que Navarra está conformada por personas de distinto pensamiento y que éstas tienen sentimientos a veces divergentes, tanto en lo cultural, como en lo político o en lo religioso, por citar algunos. Pero, cierto es también que deberemos convivir respetando, en primer lugar, a nuestros convecinos, sin imposición ni diferenciación alguna, por cuanto todas y todos somos personas. Por ello, hace tiempo que me he manifestado, a las pruebas de mi blog me remito, sobre la necesidad de respetar y amparar la diversidad cultural e idiomática de nuestra Navarra, por cuanto, tanto el castellano como en vascuence o euskera son idiomas navarros y, en consecuencia, españoles, legitimados tanto por nuestra Constitución como por nuestra LORAFNA. Resumiendo la idea, en lo religioso como en lo político respeto a la pluralidad y en lo referido al ámbito cultural, apoyo a nuestra diversidad cultural, desde la premisa mayor de “no imponer, no impedir”.

Otra cuestión es cuando se pretende superar o desbordar forzadamente lo cultural, intentando disfrazarlo como tal, pero siendo realmente una cuestión bien distinta, como es lo políticamente indentitario, representado, en este caso, por una bandera. Es un arte la que viene practicando, desde hace unos cuantos años, la inexactamente llamada izquierda abertzale, fundamentalmente en nuestra Comunidad Foral, por cuanto su real imposición es disfrazada, con acierto por su parte, de una falta de libertades y una imposición aplicada, supuestamente en su contra, por las instituciones forales. Enlazo con lo anterior, el vascuence o euskera es un idioma navarro, pero la ikurriña es una representación de la Comunidad Autónoma Vasca y, en consecuencia, de las personas que en ella conviven, teniendo la Comunidad Foral de Navarra su propia bandera, desde tiempo inmemorial, cosa que, desde el respeto institucional, no se puede decir lo mismo de la bandera, inicialmente partidaria y no institucional, representativa de nuestra comunidad vecina.

Obviamente, si en algún momento, libre y democráticamente, la ciudadanía navarra decidiese integrarse en la Comunidad Autónoma Vasca, legítima aspiración de bastantes navarros y navarras, es ese y no otro el momento en el que sería representativa la ikurriña también de nuestra Comunidad Foral, pero ese momento todavía no ha llegado y, apelando al convivir democrático, no es aconsejable acelerar los tiempos ni precipitar los procesos. Malas experiencias tenemos de quienes, desde el chantaje y la fuerza, por no ser todavía más claro en tiempos de forzosa “inactividad”, lo han venido intentando durante las últimas décadas.

Se pueda hablar y debatir, por qué no, de la conveniencia de modificar la constitución, la LORAFNA, la Ley Foral de Vascuence, etc., etc., todo ello es posible democráticamente. Lo que no es posible ni aceptable, sino más bien rechazable, es la imposición, no sé si de la minoría o de la mayoría, pero siempre habrá que repudiar cualquier imposición. Las imposiciones no se legitiman dependiendo de quién las ejerza, ni de si son pocos o muchos, porque siempre son rechazables. Por ello, habrá que apelar al pacífico convivir democrático, respetando siempre las reglas de juego vigentes en cada momento, protestando si éstas no nos parecen justas, pero conviviendo con ellas, en tanto en cuanto no las hayamos modificado libre y democráticamente entre todas y todos, lo contrario bien puede ser la anarquía o, aún peor, la dictadura de derechas o de izquierdas.

Si esto no se entiende así, si no se práctica con respeto y sin imposiciones, pudiera ocurrir que digamos la otra parte se sintiese agredida y optara también por la legítima vía de la confrontación social, encontrándonos con unos defensores y vigilantes del uso de la ikurriña, frente a otros, también defensores y vigilantes del uso de la bandera navarra y, en consecuencia, del no uso de la anterior. ¿A qué nos podría llevar esta situación de vigilancia entre bloques? A ningún avance democrático y, por consiguiente, a nada bueno.

He dicho al principio, en mi condición de socialista y, derivado de ello, internacionalista, que no tengo bandera. Las banderas, además de representar intereses y territorios, dividen a las personas y las confrontan, situando, casi siempre, a unos como los buenos y a otros como los malos. Esa no es la convivencia en la que yo creo. No creo en las separaciones ni en las divisiones, creo firmemente en las agrupaciones y en las uniones, por eso, a día de hoy, desde mis principios y valores socialistas, no sé cuál es mi bandera, aunque tampoco me preocupa y, mucho menos, me ocupa.

España, reforma o ruptura en el siglo XXI

Mucho se ha hablado, escrito, leído, estudiado e investigado sobre la transición española. Un proceso que, al menos teóricamente, ha servido de ejemplo en otros países de diferentes latitudes. Un espacio temporal que nos llevó, no sin sobresaltos, desde una dictadura cuarentona a una democracia recién nacida. Un camino en el que se aplicó generosidad, bastante olvido y muchísimo sentido común.

Muchos, como yo, vivimos esa transición hacía la democracia con nuestra mayoría de edad recién alcanzada y, por ello, fuimos, en menor o mayor medida, actores directos o indirectos de esos años, de esos vivos e ilusionantes momentos hacia la deseada nueva incertidumbre. Creíamos que, al final, conseguiríamos vivir en paz y en libertad.

Atrás dejamos, sobre todo nuestros mayores, los ingratos y dolorosos recuerdos de una guerra civil primero y de una dictadura después, donde, desde el principio, hubo dos bandos. Primero los vencedores y los vencidos y después los ricos y los pobres que, en la mayoría de los casos, eran coincidentes, los ricos o vencedores dominando a los pobres o vencidos.

Esa transición, esos intensos años, tuvieron, como no, grandes turbulencias. En aquellos años setenta se defendía, por un lado, la reforma del sistema político y, por otro, la ruptura del mismo, para, desde ahí, alumbrar un nuevo tiempo de convivencia democrática. Obviamente, la primera opción era digamos menos traumática que la segunda. La legalización de los sindicatos primero y de los partidos políticos, incluido el Partido Comunista, después, la promulgación de la Ley para la Reforma Política de 1976 y la Constitución Española de 1978, fueron los grandes hitos, aunque hubo muchos más, que jalonaron aquellos años.

Dicha etapa, como decía antes, se caracterizó, entre otros aspectos, por el olvido. Un olvido que se manifestó de muchas formas, desde no exigir responsabilidades políticas o penales, hasta la voluntaria amnesia de la historia más reciente de nuestro país, para conseguir, desde el consenso, un sistema político democrático. La nueva cultura surgida del pacto, del olvido, no buscó explicaciones históricas, había nacido precisamente de esa voluntaria carencia de memoria.

Dicha amnesia pudo ser soportada y alimentada por una nueva etapa de desarrollo y crecimiento, donde los derechos se abrían paso y las conquistas sociales se esculpían en leyes. Donde la igualdad de oportunidades caminaba, día a día, entre una jungla de impedimentos y justificaciones vestidas de imposibles. Al final, la educación, la sanidad, las pensiones, la vivienda o los servicios sociales, por citar algunos, eran derechos, en muchos casos subjetivos, gestionados bajo responsabilidad pública y financiados, entre todas y todos, a través de nuestros impuestos y donde el acceso a los mismos, bajo la igualdad de oportunidades, iba apartando, día a día, las antiguas discriminaciones sociales.

Así hemos vivido, no sin obvias dificultades, durante los últimos treinta y cinco años. Aquel esfuerzo convivencial, aquel olvido amnésico, había merecido la pena. La cultura del pacto, del acuerdo entre distintos, del llamado consenso de la transición, de la necesidad de entender y atender a los demás, habían barnizado nuestras vidas y conseguido certidumbres de futuro. Pero, desgraciadamente, aquellos cimientos convivenciales hoy se están tambaleando. Se utiliza la crisis económica para, desde la derecha europea, española o navarra, soterrar aquellos cimientos, para volver a construir desigualdades, para generar divisiones entre ricos, cada vez más, y pobres, también cada vez más, entre capaces e incapaces, entre responsables de todo e irresponsables de nada.

Las medidas que se están aplicando, los retrocesos que se están implementando, no caen bajo las espaldas de los que han generado el problema o la crisis; es decir, entre los ricos y poderosos, sino que recaen entre los más desfavorecidos, los de siempre que, por cierto, socialmente somos la mayoría. Una vez más, como antes de la democracia, la minoría, los ricos, están volviendo a dominar democráticamente a la mayoría, a los pobres.

Este no era el espíritu de la transición, donde la necesidad de entender y atender a los demás era una premisa irrenunciable. El liberalismo radical, el sálvese quien pueda, es la meta de la derecha. Por ello, no es descabellado empezar a pensar que la transición no se hizo, que la reforma no se completo y, por tanto, parece necesario caminar hacia una verdadera transición democrática, hacia aquella ruptura no desarrollada.

Un gobierno que consiente casi seis millones de parados, que ataca y privatiza la sanidad pública, que lamina la educación y modifica la becas, que aminora las pensiones y reduce, hasta su mínima expresión, los servicios sociales, como está ocurriendo con la llamada Ley de la Dependencia, no puede seguir gobernando democráticamente. Por tanto, desde una radical pero irrenunciable democracia, hay que transformar nuestro hoy teórico estado social y democrático de derecho, en un estado que realmente consolide dichos derechos, todo ello desde la legítima mayoría democrática.

Si la reforma, treinta y cinco años después, nos ha traído un retroceso, bien la ruptura o una segunda transición nos deberá alumbrar un nuevo avance, desde la convivencia, el respeto y el radicalismo democrático. La economía, como las leyes están o, cuando menos, deben estar al servicio de las personas y no al revés. No puede ser ni se puede consentir, ni un día más, que en España haya niñas y niños que estén pasando hambre.

Servicios públicos y déficit público, como trenes deficitarios, ¿y qué?

Para algunas opciones ideológicas, especialmente en épocas de crisis, todo vale. Todo vale se tengan argumentos y justificaciones válidas o no. Vale cualquier conclusión y, derivada de ella, también cualquier medida, sin mediar otros valores o parámetros no solo económicos, sino también sociales o territoriales. Durante la travesía de esta ya larga crisis, para la derecha ideológica, tanto navarra, como catalana, vasca o española, las decisiones hay que adoptarlas aplicando simplemente una sencilla resta. Es decir, si el resultado de ingresos menos gastos es negativo, pues entonces hay que "achicar la puerta o echar la persiana".

Quiero reiterar la idea inicial de que estoy hablando de servicios públicos, prestados por administraciones, instituciones, fundaciones o empresas públicas, donde, con especial singularidad, no deben valer exclusivamente los aspectos economicistas, sin renunciar, por pura obviedad, a ellos, ni tampoco a conseguir una eficacia y una eficiencia en la prestación de dichos servicios públicos, buscando la mejor prestación pública al menor coste posible. Pero, si quiero mantener que los servicios públicos, en la mayoría de los casos, llevan intrínsecamente asociados a ellos el conocido como déficit público.

De no ser así, para que servirían y que destino tendrían nuestros impuestos, además de como elemento redistribuidor y solidario entre los que más poseen y los que menos tienen. Si solo la economía rigiese las decisiones políticas, sobrarían los representantes democráticos y, en lugar de ellos, se podrían ordenadores que constantemente sumasen y restasen y, fruto solo de las matemáticas, mantendrían, reducirían o clausurarían un servicio u otro.

Nuestra Constitución de 1978, en su artículo 1.1 establece que: "España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político". Cabe señalar la importancia, en este caso, de las expresiones "social", "democrático", "justicia" e "igualdad".

Merece la pena incidir en que hay servicios públicos muy esenciales, como los son, por ejemplo, la educación, la sanidad, las pensiones, los servicios sociales, el empleo o la vivienda. Algunos de ellos son de responsabilidad pública y se financian, al menos hasta hoy, casi en su totalidad con los impuestos. Otros, también de responsabilidad pública, se cofinancian con los impuestos y con las aportaciones directas de los usuarios y usuarias, teniendo en cuanta su propio patrimonio y sus ingresos económicos.

Las pensiones, aún siendo un sistema público de reparto, se financian íntegramente con las aportaciones de las trabajadoras y los trabajadores activos. Finalmente, hay otros servicios donde las administraciones públicas deben impulsar, facilitar o favorecer dichos servicios, siendo otros quienes deben ser los que los provean.

Pero, además de estos servicios públicos, muy conocidos y utilizados ellos, hay otros que, aún siendo bastante necesarios, están en peligro de extinción, fruto, como decía, de que la resta no da positivo. Pondré, por no extenderme, solo dos ejemplos. Uno bien pudiera ser el servicio postal y otro el servicio de transporte de viajeros, bien por carretera o por ferrocarril.

Este tipo de servicios, los cuales, entre otros, son de vital importancia para el equilibrio territorial y el mantenimiento poblacional en zonas de baja densidad demográfica, seguramente serán deficitarios y es ahí donde una parte de nuestros impuestos deben servir para reequilibrar la balanza y conseguir que la resta no dé números negativos. ¿Cómo pueden seguir viviendo personas, especialmente de cierta edad, en localidades donde no se reciba el correo, por deficitario que resulte, o no puedan acudir al especialista de la capital, por no disponer de transporte público y tener, por desgracia, que "molestar" al pariente más cercano para que les lleve, dejando este de trabajar para poder hacerlo?.

Es aquí y ahora donde las expresiones, antes señaladas, "social", "democrático", "justicia" e "igualdad" deben operar e imponer su fuerza, desde la democracia, a los intereses económicos cuyas soluciones siempre se sustenta en no gastar para no pagar. No pagar impuestos se entiende, sobre todo ellos que debieran de pagar más, sobre todo en esta coyuntura. Se trataría, en definitiva, de defender nuestra norma máxima de convivencia, nuestra Constitución, para conseguir la "justicia" y la "igualdad", al menos la igualdad de derecho para el acceso a los servicios públicos.

Soy consciente de que la digamos tarta presupuestaria tiene su tamaño y que no es ni un chicle, ni un globo. Por ello, defendiendo nuestro estado social, la democracia debe ser la única fuerza decisoria, tal y como establece nuestra Carta Magna, evitando que los poderes e intereses económicos suplanten a la representación legítima y, muchos menos, a la sociedad que, en última instancia, es la titular real y directa de la soberanía popular.

Para ello, la transparencia plena y previa a la toma de decisiones; el establecimiento de un horizonte con certidumbres estables; la priorización de servicios públicos esenciales y básicos y el debate social sobre cómo deben ser financiados, antes de proceder a su reducción o eliminación, es el único método de convivencia social, desde donde la ciudadanía podría afrontar retos y sacrificios justificados y que permitiría una salida de la crisis con menores desequilibrios sociales, caminando mucho más juntos y no dejando personas en la cuneta.

Sirva como última reflexión de todo esto, la alarmante cifra de niñas y niños que, en la actualidad, pasan hambre en España. De no solventarse inmediatamente esta situación, no podremos decir que España es, cuando menos, un estado "social y democrático de derecho".